A propósito del transporte y del tránsito
En los últimos días, el transporte público y el tránsito se han convertido en noticias cotidianas por los constantes enfrentamientos que se han producido entre los dirigentes sindicales y las autoridades designadas por el gobierno, en ese sector. Mucho de ello ha tenido que ver la apertura de la nueva terminal de transporte, que si bien está brindando un óptimo servicio a los viajeros regulares de nuestro país, no deja de ser un negociado entre cuatro figuras conocidas.
Lo cierto es que, so pretexto de no utilizar esta terminal, las rutas de Arraiján y Capira, ubicadas en El Chorrillo, han efectuado acciones diversas, hasta protagonizar el cierre de la carretera Panamericana, a la altura de Loma Cová, con la finalidad de mantenerse brindando sus servicios desde esa ubicación; sin embargo, cuando éstas degeneren en perjuicio hacia terceros, debemos exigirles cuentas por ello, pues, como beneficiarios de la explotación del servicio de transporte público, saben perfectamente, que no deben obstaculizar el libre tránsito en las vías, más aún, cuando se trata de la vía Panamericana, lo que produce daños a la economía y riesgo en la salud de las personas que son trasladadas hacia la ciudad capital para recibir atención médica. Esta misma atención fue llevada a la práctica por los dirigentes de la ruta de La Chorrera, quienes cerraron la autopista como medida de protesta, sin pensar en los derechos de las personas que no podían transitar libremente, gracias a su "genial" decisión de afectar el libre tránsito.
Es posible que las razones que argumentan sean justas, pero éstas quedan desvirtuadas desde el momento en que proceden con medidas de fuerza que afectan a la ciudadanía en general, toda vez que les coarta el derecho a la libertad de tránsito so pretexto de protestar decisiones con las cuales se está en desacuerdo. Es hora ya que se apliquen enérgicos correctivos a los causantes de estas acciones, pues, el único perjudicado es el país. En un Estado de Derecho, el respeto hacia nuestros semejantes es regla primordial, así como el cumplimiento y aplicación de las leyes, el permitir abusos por parte de grupos u organismos, que por cualquier causa se dedican al cierre de las vías, no sólo empañan la imagen del gobierno, sino que demuestra la debilidad ante aquellos que pretenden invertir en nuestro Panamá, siendo ello fundamental para la creación de nuevas plazas de empleo o para el cierre de empresas frente a la inestabilidad existente, toda vez que no hay seguridad de la asistencia de los empleados ante tanto cierre de calles.
Por otro lado, la posición de aumento o unificación de la tarifa de pasaje solicitada, perdón, exigida por el transporte público en la ciudad capital, debe ir acompañada de acciones serias por parte de la dirigencia transportista. Son estos señores, en su mayoría, los mismos que disfrutaron de la gasolina sin impuestos, repuestos vehiculares exonerados, préstamos para compras de buses que hoy forman parte de cuentas incobrables en los bancos del Estado, recibieron beneficios durante el período dictatorial y un sinnúmero de cupos que tienen distribuidos entre su parentela y amigos, para evitar los señalen por acapararlos, cuando deben estar en manos de personas que realmente necesitan este recurso para mantener a sus familias.
Ni hablar de la forma irresponsable en que escogen a sus conductores, quienes, a ciencia y paciencia de nuestras autoridades, guían los buses por toda la ciudad, cual si fuera una autopista con olímpico desprecio a la vida humana y a los bienes de los demás, sin contar con la forma grosera y descortés del trato hacia los pasajeros, olvidando que están recibiendo sus ingresos, precisamente, gracias al pago del pasaje que hace esa persona a la que ofenden de palabra y maltratan de hecho, mientras conducen.
No olvidemos que una cuenta diaria de 60 balboas exigida a los "palancas", brinda al propietario de los buses una módica suma de 1800 balboas mensuales, así que ello explica la razón por la cual estos dirigentes están interesados en "unificar" el costo del pasaje, además que en la práctica, dicha cuenta diaria es superior a lo señalado en este escrito.
Si nuestras autoridades de tránsito obligaran al uso de "gobernador" bajo el pedal del acelerador de los autobuses para moderar su velocidad hasta 40 Km/h, si aplicaran una revisión periódica a los conductores para establecer si se encuentran bajo efectos del licor u otro tipo de sustancia enervante mientras conducen, si se verifica periódicamente el pago o no de las infracciones a los conductores de buses y se sancionara el desacato con la prohibición de conducir hasta tanto se realice dicho pago; si se le exigiera a éstos no llevar pasajeros fuera de la puerta, evitando el riesgo de accidente a los usuarios; si los buses brindaran el servicio en forma óptima y segura a los ciudadanos, quizás estaríamos en disposición de estudiar la posibilidad de la unificación del pasaje. Mientras nuestras autoridades se mantengan en esa posición permisiva de tanto abuso, seguirá incrementándose el número de personas afectadas por las acciones de los diablos rojos citadinos, cuyos conductores no han mostrado ningún interés en corregir alguna de las situaciones que hemos planteado. Ya está bueno que sea el ciudadano común y el país en general, el que salga perjudicando por los actos irresponsables de una dirigencia que sólo procura beneficios particulares y olvida que se deben a la comunidad que les brinda los medios para su propia subsistencia, pues al momento de exigirles cuentas por los daños causados a la economía nacional, serán los primeros en sustraerse y los incautos que le siguieron serán los llamados a responder por los perjuicios causados. Basta ya de tanto abuso.
Lo cierto es que, so pretexto de no utilizar esta terminal, las rutas de Arraiján y Capira, ubicadas en El Chorrillo, han efectuado acciones diversas, hasta protagonizar el cierre de la carretera Panamericana, a la altura de Loma Cová, con la finalidad de mantenerse brindando sus servicios desde esa ubicación; sin embargo, cuando éstas degeneren en perjuicio hacia terceros, debemos exigirles cuentas por ello, pues, como beneficiarios de la explotación del servicio de transporte público, saben perfectamente, que no deben obstaculizar el libre tránsito en las vías, más aún, cuando se trata de la vía Panamericana, lo que produce daños a la economía y riesgo en la salud de las personas que son trasladadas hacia la ciudad capital para recibir atención médica. Esta misma atención fue llevada a la práctica por los dirigentes de la ruta de La Chorrera, quienes cerraron la autopista como medida de protesta, sin pensar en los derechos de las personas que no podían transitar libremente, gracias a su "genial" decisión de afectar el libre tránsito.
Es posible que las razones que argumentan sean justas, pero éstas quedan desvirtuadas desde el momento en que proceden con medidas de fuerza que afectan a la ciudadanía en general, toda vez que les coarta el derecho a la libertad de tránsito so pretexto de protestar decisiones con las cuales se está en desacuerdo. Es hora ya que se apliquen enérgicos correctivos a los causantes de estas acciones, pues, el único perjudicado es el país. En un Estado de Derecho, el respeto hacia nuestros semejantes es regla primordial, así como el cumplimiento y aplicación de las leyes, el permitir abusos por parte de grupos u organismos, que por cualquier causa se dedican al cierre de las vías, no sólo empañan la imagen del gobierno, sino que demuestra la debilidad ante aquellos que pretenden invertir en nuestro Panamá, siendo ello fundamental para la creación de nuevas plazas de empleo o para el cierre de empresas frente a la inestabilidad existente, toda vez que no hay seguridad de la asistencia de los empleados ante tanto cierre de calles.
Por otro lado, la posición de aumento o unificación de la tarifa de pasaje solicitada, perdón, exigida por el transporte público en la ciudad capital, debe ir acompañada de acciones serias por parte de la dirigencia transportista. Son estos señores, en su mayoría, los mismos que disfrutaron de la gasolina sin impuestos, repuestos vehiculares exonerados, préstamos para compras de buses que hoy forman parte de cuentas incobrables en los bancos del Estado, recibieron beneficios durante el período dictatorial y un sinnúmero de cupos que tienen distribuidos entre su parentela y amigos, para evitar los señalen por acapararlos, cuando deben estar en manos de personas que realmente necesitan este recurso para mantener a sus familias.
Ni hablar de la forma irresponsable en que escogen a sus conductores, quienes, a ciencia y paciencia de nuestras autoridades, guían los buses por toda la ciudad, cual si fuera una autopista con olímpico desprecio a la vida humana y a los bienes de los demás, sin contar con la forma grosera y descortés del trato hacia los pasajeros, olvidando que están recibiendo sus ingresos, precisamente, gracias al pago del pasaje que hace esa persona a la que ofenden de palabra y maltratan de hecho, mientras conducen.
No olvidemos que una cuenta diaria de 60 balboas exigida a los "palancas", brinda al propietario de los buses una módica suma de 1800 balboas mensuales, así que ello explica la razón por la cual estos dirigentes están interesados en "unificar" el costo del pasaje, además que en la práctica, dicha cuenta diaria es superior a lo señalado en este escrito.
Si nuestras autoridades de tránsito obligaran al uso de "gobernador" bajo el pedal del acelerador de los autobuses para moderar su velocidad hasta 40 Km/h, si aplicaran una revisión periódica a los conductores para establecer si se encuentran bajo efectos del licor u otro tipo de sustancia enervante mientras conducen, si se verifica periódicamente el pago o no de las infracciones a los conductores de buses y se sancionara el desacato con la prohibición de conducir hasta tanto se realice dicho pago; si se le exigiera a éstos no llevar pasajeros fuera de la puerta, evitando el riesgo de accidente a los usuarios; si los buses brindaran el servicio en forma óptima y segura a los ciudadanos, quizás estaríamos en disposición de estudiar la posibilidad de la unificación del pasaje. Mientras nuestras autoridades se mantengan en esa posición permisiva de tanto abuso, seguirá incrementándose el número de personas afectadas por las acciones de los diablos rojos citadinos, cuyos conductores no han mostrado ningún interés en corregir alguna de las situaciones que hemos planteado. Ya está bueno que sea el ciudadano común y el país en general, el que salga perjudicando por los actos irresponsables de una dirigencia que sólo procura beneficios particulares y olvida que se deben a la comunidad que les brinda los medios para su propia subsistencia, pues al momento de exigirles cuentas por los daños causados a la economía nacional, serán los primeros en sustraerse y los incautos que le siguieron serán los llamados a responder por los perjuicios causados. Basta ya de tanto abuso.
