Propuesta sobre los asentamientos informales
Existe una diferencia marcada desde el punto de vista técnico, social y legal, entre el perímetro desarrollado de las ciudades y los llamados asentamientos informales, conocidos tradicionalmente en Panamá como barriadas brujas, formadas en la periferia urbana a consecuencia de la necesidad que tiene la gente de conseguir un lugar para establecer su vivienda propia.
Es de allí que considero que estas formaciones de población semiurbanas deben ser contempladas en una legislación especial que promueva su desarrollo para mejorar, de manera planificada y ordenada, la calidad de vida de sus habitantes, otorgándoles la atención que merecen.
La complejidad del problema desde cualquier punto de vista hace obligatorio atender de manera directa a estas colectividades mediante un plan nacional de desarrollo, pues este fenómeno se observa ya en casi todas las provincias de la República. Indicativos como las recientes denuncias sobre indigentes que habitan debajo de los puentes y en lugares públicos, sin tener siquiera dónde arrojar los desechos humanos, dejan al descubierto la gravedad de una situación a la que tarde o temprano habrá que ponerle correctivos. De manera que una dependencia estatal como la que aquí se propone, tendría la ventaja de poder centralizar toda la información sobre las tierras ocupadas bajo esa modalidad, trazar programas de atención, coordinar de manera integral con otras instituciones y organizaciones, y evitar así la multiplicación exagerada de las llamadas "invasiones de tierras".
Contaría con un censo bien detallado de la cantidad de familias que viven bajo ese status, serviría de enlace con propietarios y entidades que frecuentemente se ven afectados por esas prácticas de enajenación de bienes amparada bajo una concepción social no muy clara y trazaría planes a corto, mediano y largo plazo para resolver el problema central consistente en la necesidad de los grupos menos favorecidos económicamente que no cuentan con un pedazo de tierra donde edificar su vivienda.
Esta entidad podría servir, además, como ente promotor de la autogestión de las familias pobres, que serían organizadas en sociedades o cooperativas, dirigidas a la consecución de terrenos para ser habitados, sin tener que enfrentarse al trauma que significa invadir predios ajenos. Además esta propuesta evitaría al Estado la penosa situación de actuar como ente de confrontación frente a los más pobres, situación que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo al tener que recurrir a la fuerza para hacer valer la ley.
Por tratarse de un tema estrechamente vinculado al sector vivienda, dicha dependencia podría estar dentro del organigrama del MIVI y se apoyaría en otras direcciones dentro de la institución que han acumulado una valiosa experiencia en esta materia. A través de la misma, se daría prioridad a la planificación urbana de tales asentamientos, mediante planes bien definidos en estrecha coordinación con otros entes de gobierno como los son los municipios y las alcaldías.
El poblamiento de espacios a pocos metros de los ríos, playas, cerros y sobre las servidumbres públicas son frecuentes, mientras que las medidas para corregirlas no tienen la suficiente firmeza o caen incumplidas en el pozo sin fondo de la politiquería criolla que todo lo posterga.
La demanda cada vez mayor de espacios con fines residenciales y por consiguiente de infraestructuras de servicios y equipamiento, y los problemas de contaminación del medio ambiente, que a veces pone en peligro, incluso, las reservas de agua potable, hace necesario que se adopten iniciativas para abordar el problema del poblamiento con criterios científicos que reportarán beneficios tangibles para todos.
Es de allí que considero que estas formaciones de población semiurbanas deben ser contempladas en una legislación especial que promueva su desarrollo para mejorar, de manera planificada y ordenada, la calidad de vida de sus habitantes, otorgándoles la atención que merecen.
La complejidad del problema desde cualquier punto de vista hace obligatorio atender de manera directa a estas colectividades mediante un plan nacional de desarrollo, pues este fenómeno se observa ya en casi todas las provincias de la República. Indicativos como las recientes denuncias sobre indigentes que habitan debajo de los puentes y en lugares públicos, sin tener siquiera dónde arrojar los desechos humanos, dejan al descubierto la gravedad de una situación a la que tarde o temprano habrá que ponerle correctivos. De manera que una dependencia estatal como la que aquí se propone, tendría la ventaja de poder centralizar toda la información sobre las tierras ocupadas bajo esa modalidad, trazar programas de atención, coordinar de manera integral con otras instituciones y organizaciones, y evitar así la multiplicación exagerada de las llamadas "invasiones de tierras".
Contaría con un censo bien detallado de la cantidad de familias que viven bajo ese status, serviría de enlace con propietarios y entidades que frecuentemente se ven afectados por esas prácticas de enajenación de bienes amparada bajo una concepción social no muy clara y trazaría planes a corto, mediano y largo plazo para resolver el problema central consistente en la necesidad de los grupos menos favorecidos económicamente que no cuentan con un pedazo de tierra donde edificar su vivienda.
Esta entidad podría servir, además, como ente promotor de la autogestión de las familias pobres, que serían organizadas en sociedades o cooperativas, dirigidas a la consecución de terrenos para ser habitados, sin tener que enfrentarse al trauma que significa invadir predios ajenos. Además esta propuesta evitaría al Estado la penosa situación de actuar como ente de confrontación frente a los más pobres, situación que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo al tener que recurrir a la fuerza para hacer valer la ley.
Por tratarse de un tema estrechamente vinculado al sector vivienda, dicha dependencia podría estar dentro del organigrama del MIVI y se apoyaría en otras direcciones dentro de la institución que han acumulado una valiosa experiencia en esta materia. A través de la misma, se daría prioridad a la planificación urbana de tales asentamientos, mediante planes bien definidos en estrecha coordinación con otros entes de gobierno como los son los municipios y las alcaldías.
El poblamiento de espacios a pocos metros de los ríos, playas, cerros y sobre las servidumbres públicas son frecuentes, mientras que las medidas para corregirlas no tienen la suficiente firmeza o caen incumplidas en el pozo sin fondo de la politiquería criolla que todo lo posterga.
La demanda cada vez mayor de espacios con fines residenciales y por consiguiente de infraestructuras de servicios y equipamiento, y los problemas de contaminación del medio ambiente, que a veces pone en peligro, incluso, las reservas de agua potable, hace necesario que se adopten iniciativas para abordar el problema del poblamiento con criterios científicos que reportarán beneficios tangibles para todos.
