Protección obligatoria para obreros de la construcción
CASI TODOS LOS meses recibimos la triste noticia del fallecimiento de uno o más obreros de la construcción por causa de accidentes de trabajo. Y a veces pareciera que nuestra sociedad mostrara mayor preocupación por la protección de los delfines y los árboles que por la de nuestros hermanos más humildes.
Desafortunadamente, siempre hay algunos dueños de empresas constructoras quienes anteponen sus ganancias a la seguridad de sus trabajadores y también siempre hay obreros que no toman las debidas medidas de seguridad a la hora de trabajar, algunos de los cuales se consideran demasiado "hombres" para necesitarlas.
Es prácticamente imposible que durante el presente auge de construcciones ningún gobierno pueda verificar directamente el cumplimiento de las normas de seguridad en todos los sitios de construcción, ya que ello requeriría de un ejército de inspectores bien entrenados e inmunes a la corrupción; y a corto plazo esto sería algo imposible de lograr en un país donde no existe una tradición de máxima seguridad para los obreros en general.
Lo que un gobierno preocupado por esta situación sí puede hacer, ya que no requeriría de una inversión multimillonaria, sería imponer un seguro de vida colectivo, privado, obligatorio, totalmente pagado por las compañías constructoras y que proporcione al menos B/. 100,000.00 a las familias de los obreros que sufran accidentes fatales; ya que el actual seguro por riesgos profesionales que la Caja de Seguro Social le da a los trabajadores sólo incluye una reducida pensión por viudez y el seguro de vida pagado a medias por algunas empresas y algunos trabajadores sólo proporciona B/. 23,500.00.
Un verdadero seguro de vida privado también serviría para ir sacando gradualmente del mercado a trabajadores y a compañías irresponsables, ya que las empresas de seguros tienen por norma aumentarle progresivamente la prima a quienes constantemente están presentando reclamaciones; y, por otro lado, las compañías constructoras serias se asegurarían de educar y emplear obreros que cumplieran con las normas de seguridad.
Para lograr ese objetivo, primero debemos recordarle a la oposición política que, lamentablemente, nuestro actual gobierno no ha hecho nada significativo para evitar que demasiados ricos exploten al máximo a los pobres, así que probablemente se cruce de brazos a menos que sea presionado a exigir este nuevo seguro de vida. A los sindicatos de trabajadores les tocaría pedirle mayor seriedad a todos sus miembros -nada de vender el equipo de seguridad que se les proporcione, sino comprarlo o devolverlo al final de su contratación- y también denunciar al gobierno y a los medios de comunicación los casos en los cuales las compañías constructoras no cumplieran con el nuevo seguro o pretendieran "jugar vivo" en cualquier forma, para multarlas ejemplarmente o negarles todo permiso para nuevas construcciones.
Finalmente, a los medios imparciales de comunicación les tocaría dar a conocer las posiciones de los sindicatos de obreros y de las compañías constructoras responsables que estén dispuestos a cooperar para reducir al mínimo el número de accidentes fatales que tanto dolor le causan a las familias de nuestros trabajadores de la construcción.
Desafortunadamente, siempre hay algunos dueños de empresas constructoras quienes anteponen sus ganancias a la seguridad de sus trabajadores y también siempre hay obreros que no toman las debidas medidas de seguridad a la hora de trabajar, algunos de los cuales se consideran demasiado "hombres" para necesitarlas.
Es prácticamente imposible que durante el presente auge de construcciones ningún gobierno pueda verificar directamente el cumplimiento de las normas de seguridad en todos los sitios de construcción, ya que ello requeriría de un ejército de inspectores bien entrenados e inmunes a la corrupción; y a corto plazo esto sería algo imposible de lograr en un país donde no existe una tradición de máxima seguridad para los obreros en general.
Lo que un gobierno preocupado por esta situación sí puede hacer, ya que no requeriría de una inversión multimillonaria, sería imponer un seguro de vida colectivo, privado, obligatorio, totalmente pagado por las compañías constructoras y que proporcione al menos B/. 100,000.00 a las familias de los obreros que sufran accidentes fatales; ya que el actual seguro por riesgos profesionales que la Caja de Seguro Social le da a los trabajadores sólo incluye una reducida pensión por viudez y el seguro de vida pagado a medias por algunas empresas y algunos trabajadores sólo proporciona B/. 23,500.00.
Un verdadero seguro de vida privado también serviría para ir sacando gradualmente del mercado a trabajadores y a compañías irresponsables, ya que las empresas de seguros tienen por norma aumentarle progresivamente la prima a quienes constantemente están presentando reclamaciones; y, por otro lado, las compañías constructoras serias se asegurarían de educar y emplear obreros que cumplieran con las normas de seguridad.
Para lograr ese objetivo, primero debemos recordarle a la oposición política que, lamentablemente, nuestro actual gobierno no ha hecho nada significativo para evitar que demasiados ricos exploten al máximo a los pobres, así que probablemente se cruce de brazos a menos que sea presionado a exigir este nuevo seguro de vida. A los sindicatos de trabajadores les tocaría pedirle mayor seriedad a todos sus miembros -nada de vender el equipo de seguridad que se les proporcione, sino comprarlo o devolverlo al final de su contratación- y también denunciar al gobierno y a los medios de comunicación los casos en los cuales las compañías constructoras no cumplieran con el nuevo seguro o pretendieran "jugar vivo" en cualquier forma, para multarlas ejemplarmente o negarles todo permiso para nuevas construcciones.
Finalmente, a los medios imparciales de comunicación les tocaría dar a conocer las posiciones de los sindicatos de obreros y de las compañías constructoras responsables que estén dispuestos a cooperar para reducir al mínimo el número de accidentes fatales que tanto dolor le causan a las familias de nuestros trabajadores de la construcción.
