Provocando crisis...
La Presidenta ha estado provocando una crisis que podría llegar a ser muy peligrosa no sólo para su gobierno, sino para el país, a menos que se supere por un diálogo de verdad. A la base se ha encontrado su voluntad de confrontar a la Asamblea agresivamente, para imponerse, al margen del equilibrio de poderes y a contrapelo de la auténtica democracia.
La agresión comenzó desde que ella convocó a la Asamblea a sesiones extraordinarias, sin siquiera informar a su Junta Directiva y a los jefes de los dos partidos de la mayoría legislativa del acuerdo M.E.T.A. Hizo entonces una propuesta que sabía que ni la opinión pública ni la mayoría opositora podían aceptar. Sin embargo, cuando la opinión pública se concentró en el IDAAN, tuvo que retroceder. Se vio obligada a despedir al entonces director de dicha institución, por inepto y sospechoso de politiquería, y a comprometerse a presentar el proyecto de ley de su reestructuración, facilitando así su eventual despolitización, que a todas luces no era algo prioritario para ella.
Al iniciarse las nuevas sesiones legislativas, el presidente entrante de la Asamblea, tanto como el saliente, destacaron la necesidad de una colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo en bien del país. El Ejecutivo respondió con una piedra en la mano. Anunció que reduciría el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea en 30%, con lo cual limitaría considerablemente su efectividad para legislar, fiscalizar al Ejecutivo y servir de espacio en el cual la población pueda ser escuchada y atendida. Lo decidió sin haber siquiera conversado con la nueva directiva de dicho "rgano del Estado sobre la agenda legislativa. Se ha querido justificar el recorte en razón de la situación económica mundial provocada por el terrorismo, aunque el recorte se anunció antes del 11 de septiembre. También sin ninguna consulta, el Ejecutivo ha anunciado la eliminación de las partidas circuitales de los legisladores, aunque probablemente ofreciéndole a sus legisladores el acceso a fondos nacionales para sus circuitos. Hace pocos días el Gabinete ordenó la contención del gasto en una partida de la Asamblea con la que se pagan los salarios de parte de su personal, obstruyendo aún más su funcionamiento, sin tomarse el trabajo de cumplir con el requisito legal de someterlo a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. En resumen, a pesar de que el Ejecutivo propone un aumento de $521 millones en el presupuesto nacional, le disminuye el presupuesto a la Asamblea en aproximadamente $50 millones.
El oficialismo no ha reconocido públicamente que la Asamblea fue la única institución del Estado que solicitó varios millones menos de presupuesto este año y que incluso realizó ahorros, que le permitieron por primera vez en casi 50 años darle mantenimiento y hacer reparaciones sustanciales a su sede, al mismo tiempo que tomaba la decisión de no gastar unos treinta millones en construir una nueva sede. No ha tomado en cuenta que por su propia iniciativa la Asamblea, en el año inicial del acuerdo M.E.T.A., puso su casa en orden, realizando por primera vez todas sus compras e inversiones por licitación y reglamentado también por vez primera el uso de las partidas circuitales, ahora distribuidas por partes iguales a todos y cada uno de los Legisladores.
La agresión presupuestaria de la Presidenta revela dos cosas. Primero, manifiesta un propósito de chantaje político. La Presidenta quiere imponer los nombramientos que ha de someter a la aprobación legislativa, un uso del capital del Fondo Fiduciario y una reforma tributaria que le proporcione más dinero para gastar. Decidió recortar drásticamente el presupuesto de la Asamblea para luego ofrecer un quid pro quo: restablecer los recortes presupuestarios a cambio de alcanzar sus tres objetivos.
Segundo, revela su concepto plebiscitario y populista del poder público, de acuerdo con el cual sólo la votación para la Presidencia de la República contaría de verdad y los otros "rganos habrían de subordinarse al Ejecutivo. De allí que la Presidenta no haya reconocido en la práctica que la oposición dirige la Asamblea y que hasta la fecha haya rehusado cualquiera concertación efectiva con el "rgano Legislativo por su diferente identidad política. Pretende practicar un presidencialismo que raya en la negación de la democracia auténtica. En el reciente congreso arnulfista aceptó la propuesta de la oposición de un diálogo, pero luego aprovechó su discurso en la plaza pública para lanzar denuestos e improperios. Su doble discurso ha sido y es evidente.
Este comportamiento está afectando la institucionalidad democrática del país. A tres miembros de la Junta Directiva la Autoridad del Canal se les terminó su período. La Presidenta envió a la Asamblea los nombres de quienes ella propone para sustituirlos, sin haber consultado con la mayoría legislativa, quien tiene la potestad constitucional de aprobarlos o no. Repitió algunos de los mismos errores que su predecesor. En efecto, aunque uno de sus candidatos tiene antecedentes y experiencias idóneas, propuso otro que es cuestionable por falta de ejecutorias destacadas en razón de su juventud y dejó dicha Junta sin participación femenina ni del sector laboral.
Por otra parte, la Presidenta no parece haber mejorado su concepción de cómo debe actuar con la Corte Suprema. Su partido fue instrumental en que un Magistrado, copartidario suyo y acusado de corrupción, no fuera condenado y destituido por la Asamblea. Pero la Presidenta no ha hecho uso de sus fondos discrecionales para pagarle los salarios caídos de manera que renuncie y se limpie así el desprestigio que le causa a la Corte. Por otra parte, todo indica que la Presidenta quiere lograr el control político de la Corte con el nombramiento de su actual Ministro de Gobierno y Justicia como Magistrado. Ello sería más peligroso aún si un Magistrado con persistente sectarismo político y que fue apasionado partidario de ella, lograra hacerse elegir como Presidente de la Corte.
Corremos el riesgo de que instituciones fundamentales del Estado se contaminen de politiquería. La mayoría legislativa de M.E.T.A. tiene, en consecuencia, una difícil tarea por realizar. Debe defender la independencia y la efectividad del "rgano Legislativo. Si la Presidenta logra chantajearlo o peor aún, si tratara de desconocerlo, le asestaría un golpe mortal a nuestra democracia, ya sea que los legisladores se lo aguanten, ya sea que reaccionen intempestivamente contra ella. Por lo tanto, su defensa debe ser muy firme, pero muy controlada y debe ajustarse estrictamente a la normativa constitucional y legal. Además, debe acompañarse de medidas adicionales de reforma de su funcionamiento, para que la Asamblea responda más y mejor al ideal democrático.
Por otra parte, la mayoría de M.E.T.A. debe ser intransigente en la aprobación de los integrantes de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal y de la Corte Suprema. No debe aprobar a quien no reúna las condiciones las más exigentes de idoneidad profesional y moral, de ejecutorias probadas y sobresalientes en las áreas correspondientes y de independencia de criterio no sólo teórica sino práctica. Si no se logra que la Presidenta proponga personas semejantes, sería preferible no actuar con respecto a los nombres propuestos que no las reúnen y que mientras tanto los que están nombrados continúen ejerciendo sus funciones.
Este panorama político es tanto más peligroso que el país está sufriendo un hundimiento económico innegable. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá informa que para el primer semestre de este año, la mayoría de los indicadores económicos apuntan en esta dirección. La construcción cayó 23.9%, la producción de bebidas alcohólicas 11.8%, de leche evaporada 5.3% y de derivados del tomate 25%. Otro tanto sucede con el sacrificio de ganado vacuno y de ganado porcino, que han bajado 6.7% y 15.3% respectivamente, y con la producción de carne de pollo, que ha disminuido 10.8%. La exportación del banano descendió 12.7% y la del café 23.6%. El consumo de electricidad cayó 10.1% y la facturación de agua 13.9%. El porcentaje de ocupación de los hoteles descendió 10.6%. El tránsito de naves por Canal se redujo 3.2%, con una merma de 0.3 % en ingresos por peaje. La bolsa de valores disminuyó 39% y el volumen negociado se redujo 79.6%. Los impuestos tributarios se redujeron 14%, el impuesto sobre la renta 17% y el ITBM 8.5 %. El desempleo ha llegado al 16.2%. No sorprende, por lo tanto, que el índice de confianza del consumidor indique que el 61% se declara pesimista.
Esta situación resulta a la vez de la baja en la tasa de crecimiento de las grandes economías del mundo y de la ineptitud y la corrupción que han caracterizado la gestión del Ejecutivo. Ahora se añaden las consecuencias del trauma experimentado por el mundo civilizado en razón del terrorismo, que sin duda retrasarán la recuperación económica internacional. Por ello, las acciones de la Presidenta Moscoso podrían provocar un estado incontrolable de crisis que todos lamentaríamos y que el país entero sufriría. Para evitarlo es necesario que el diálogo por iniciarse en los próximos días no resulte una engaño, ya sea porque no se discuta lo más importante para el país o porque se discute, pero no se logre ningún entendimiento razonable.
En estas circunstancias, tengo en conciencia que decirle a la Presidenta: Señora Presidenta, recapacite antes de que sea demasiado tarde. Acepte una vez y por todas que la Asamblea seguirá dirigida por una oposición que no quiere hacerle daño al país y que está dispuesta a conversar y identificar con Ud. algunas políticas de consenso indispensables para el bienestar del país, sin dejar por ello de ser oposición. Ud. no puede, por lo demás, continuar actuando como si fuera la única persona con autoridad legítima. Y Ud. no puede introducir consideraciones de simpatía o antipatías privadas en sus decisiones de gobierno y de Estado. La mayoría de los panameños y panameñas le respetamos su vida privada, pero a la vez le exigimos que Ud. respete las exigencias del bien común y de la dignidad de la Patria. Ello es imprescindible para que el diálogo pueda prosperar. (ariyan@sinfo.net)
La agresión comenzó desde que ella convocó a la Asamblea a sesiones extraordinarias, sin siquiera informar a su Junta Directiva y a los jefes de los dos partidos de la mayoría legislativa del acuerdo M.E.T.A. Hizo entonces una propuesta que sabía que ni la opinión pública ni la mayoría opositora podían aceptar. Sin embargo, cuando la opinión pública se concentró en el IDAAN, tuvo que retroceder. Se vio obligada a despedir al entonces director de dicha institución, por inepto y sospechoso de politiquería, y a comprometerse a presentar el proyecto de ley de su reestructuración, facilitando así su eventual despolitización, que a todas luces no era algo prioritario para ella.
Al iniciarse las nuevas sesiones legislativas, el presidente entrante de la Asamblea, tanto como el saliente, destacaron la necesidad de una colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo en bien del país. El Ejecutivo respondió con una piedra en la mano. Anunció que reduciría el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea en 30%, con lo cual limitaría considerablemente su efectividad para legislar, fiscalizar al Ejecutivo y servir de espacio en el cual la población pueda ser escuchada y atendida. Lo decidió sin haber siquiera conversado con la nueva directiva de dicho "rgano del Estado sobre la agenda legislativa. Se ha querido justificar el recorte en razón de la situación económica mundial provocada por el terrorismo, aunque el recorte se anunció antes del 11 de septiembre. También sin ninguna consulta, el Ejecutivo ha anunciado la eliminación de las partidas circuitales de los legisladores, aunque probablemente ofreciéndole a sus legisladores el acceso a fondos nacionales para sus circuitos. Hace pocos días el Gabinete ordenó la contención del gasto en una partida de la Asamblea con la que se pagan los salarios de parte de su personal, obstruyendo aún más su funcionamiento, sin tomarse el trabajo de cumplir con el requisito legal de someterlo a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. En resumen, a pesar de que el Ejecutivo propone un aumento de $521 millones en el presupuesto nacional, le disminuye el presupuesto a la Asamblea en aproximadamente $50 millones.
El oficialismo no ha reconocido públicamente que la Asamblea fue la única institución del Estado que solicitó varios millones menos de presupuesto este año y que incluso realizó ahorros, que le permitieron por primera vez en casi 50 años darle mantenimiento y hacer reparaciones sustanciales a su sede, al mismo tiempo que tomaba la decisión de no gastar unos treinta millones en construir una nueva sede. No ha tomado en cuenta que por su propia iniciativa la Asamblea, en el año inicial del acuerdo M.E.T.A., puso su casa en orden, realizando por primera vez todas sus compras e inversiones por licitación y reglamentado también por vez primera el uso de las partidas circuitales, ahora distribuidas por partes iguales a todos y cada uno de los Legisladores.
La agresión presupuestaria de la Presidenta revela dos cosas. Primero, manifiesta un propósito de chantaje político. La Presidenta quiere imponer los nombramientos que ha de someter a la aprobación legislativa, un uso del capital del Fondo Fiduciario y una reforma tributaria que le proporcione más dinero para gastar. Decidió recortar drásticamente el presupuesto de la Asamblea para luego ofrecer un quid pro quo: restablecer los recortes presupuestarios a cambio de alcanzar sus tres objetivos.
Segundo, revela su concepto plebiscitario y populista del poder público, de acuerdo con el cual sólo la votación para la Presidencia de la República contaría de verdad y los otros "rganos habrían de subordinarse al Ejecutivo. De allí que la Presidenta no haya reconocido en la práctica que la oposición dirige la Asamblea y que hasta la fecha haya rehusado cualquiera concertación efectiva con el "rgano Legislativo por su diferente identidad política. Pretende practicar un presidencialismo que raya en la negación de la democracia auténtica. En el reciente congreso arnulfista aceptó la propuesta de la oposición de un diálogo, pero luego aprovechó su discurso en la plaza pública para lanzar denuestos e improperios. Su doble discurso ha sido y es evidente.
Este comportamiento está afectando la institucionalidad democrática del país. A tres miembros de la Junta Directiva la Autoridad del Canal se les terminó su período. La Presidenta envió a la Asamblea los nombres de quienes ella propone para sustituirlos, sin haber consultado con la mayoría legislativa, quien tiene la potestad constitucional de aprobarlos o no. Repitió algunos de los mismos errores que su predecesor. En efecto, aunque uno de sus candidatos tiene antecedentes y experiencias idóneas, propuso otro que es cuestionable por falta de ejecutorias destacadas en razón de su juventud y dejó dicha Junta sin participación femenina ni del sector laboral.
Por otra parte, la Presidenta no parece haber mejorado su concepción de cómo debe actuar con la Corte Suprema. Su partido fue instrumental en que un Magistrado, copartidario suyo y acusado de corrupción, no fuera condenado y destituido por la Asamblea. Pero la Presidenta no ha hecho uso de sus fondos discrecionales para pagarle los salarios caídos de manera que renuncie y se limpie así el desprestigio que le causa a la Corte. Por otra parte, todo indica que la Presidenta quiere lograr el control político de la Corte con el nombramiento de su actual Ministro de Gobierno y Justicia como Magistrado. Ello sería más peligroso aún si un Magistrado con persistente sectarismo político y que fue apasionado partidario de ella, lograra hacerse elegir como Presidente de la Corte.
Corremos el riesgo de que instituciones fundamentales del Estado se contaminen de politiquería. La mayoría legislativa de M.E.T.A. tiene, en consecuencia, una difícil tarea por realizar. Debe defender la independencia y la efectividad del "rgano Legislativo. Si la Presidenta logra chantajearlo o peor aún, si tratara de desconocerlo, le asestaría un golpe mortal a nuestra democracia, ya sea que los legisladores se lo aguanten, ya sea que reaccionen intempestivamente contra ella. Por lo tanto, su defensa debe ser muy firme, pero muy controlada y debe ajustarse estrictamente a la normativa constitucional y legal. Además, debe acompañarse de medidas adicionales de reforma de su funcionamiento, para que la Asamblea responda más y mejor al ideal democrático.
Por otra parte, la mayoría de M.E.T.A. debe ser intransigente en la aprobación de los integrantes de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal y de la Corte Suprema. No debe aprobar a quien no reúna las condiciones las más exigentes de idoneidad profesional y moral, de ejecutorias probadas y sobresalientes en las áreas correspondientes y de independencia de criterio no sólo teórica sino práctica. Si no se logra que la Presidenta proponga personas semejantes, sería preferible no actuar con respecto a los nombres propuestos que no las reúnen y que mientras tanto los que están nombrados continúen ejerciendo sus funciones.
Este panorama político es tanto más peligroso que el país está sufriendo un hundimiento económico innegable. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá informa que para el primer semestre de este año, la mayoría de los indicadores económicos apuntan en esta dirección. La construcción cayó 23.9%, la producción de bebidas alcohólicas 11.8%, de leche evaporada 5.3% y de derivados del tomate 25%. Otro tanto sucede con el sacrificio de ganado vacuno y de ganado porcino, que han bajado 6.7% y 15.3% respectivamente, y con la producción de carne de pollo, que ha disminuido 10.8%. La exportación del banano descendió 12.7% y la del café 23.6%. El consumo de electricidad cayó 10.1% y la facturación de agua 13.9%. El porcentaje de ocupación de los hoteles descendió 10.6%. El tránsito de naves por Canal se redujo 3.2%, con una merma de 0.3 % en ingresos por peaje. La bolsa de valores disminuyó 39% y el volumen negociado se redujo 79.6%. Los impuestos tributarios se redujeron 14%, el impuesto sobre la renta 17% y el ITBM 8.5 %. El desempleo ha llegado al 16.2%. No sorprende, por lo tanto, que el índice de confianza del consumidor indique que el 61% se declara pesimista.
Esta situación resulta a la vez de la baja en la tasa de crecimiento de las grandes economías del mundo y de la ineptitud y la corrupción que han caracterizado la gestión del Ejecutivo. Ahora se añaden las consecuencias del trauma experimentado por el mundo civilizado en razón del terrorismo, que sin duda retrasarán la recuperación económica internacional. Por ello, las acciones de la Presidenta Moscoso podrían provocar un estado incontrolable de crisis que todos lamentaríamos y que el país entero sufriría. Para evitarlo es necesario que el diálogo por iniciarse en los próximos días no resulte una engaño, ya sea porque no se discuta lo más importante para el país o porque se discute, pero no se logre ningún entendimiento razonable.
En estas circunstancias, tengo en conciencia que decirle a la Presidenta: Señora Presidenta, recapacite antes de que sea demasiado tarde. Acepte una vez y por todas que la Asamblea seguirá dirigida por una oposición que no quiere hacerle daño al país y que está dispuesta a conversar y identificar con Ud. algunas políticas de consenso indispensables para el bienestar del país, sin dejar por ello de ser oposición. Ud. no puede, por lo demás, continuar actuando como si fuera la única persona con autoridad legítima. Y Ud. no puede introducir consideraciones de simpatía o antipatías privadas en sus decisiones de gobierno y de Estado. La mayoría de los panameños y panameñas le respetamos su vida privada, pero a la vez le exigimos que Ud. respete las exigencias del bien común y de la dignidad de la Patria. Ello es imprescindible para que el diálogo pueda prosperar. (ariyan@sinfo.net)
