Proyecto Penal para Menores
A raíz de la participación creciente de menores en la comisión de delitos horrendos, el legislador Roberto Abrego preparó un proyecto de ley tendiente a juzgar como adultos a dichos infractores. Su iniciativa se hizo eco del clamor de la comunidad que exigía a gritos un trato más severo, en especial, en casos de homicidio y violación carnal.
Hasta ahora, la legislación contemplada por el Código de la Familia ha sido excesivamente permisiva con los menores, lo que en su momento hemos calificado como una especie de inmunidad para delinquir.
La anterior situación ha provocado que se organicen bandas de sicarios juveniles, pandillas de menores y facinerosos, que concientes de su total impunidad, cometen los más graves delitos, a sabiendas que en pocos meses estarán de regreso a las calles.
El asesinato de taxistas, el homicidio entre estudiantes, la presencia en las vías públicas de menores que han matado seres humanos en dos y más ocasiones, las consuetudinarias amenazas, el sometimiento de barrios enteros a verdaderos regímenes de terror y la participación de menores en el narcotráfico colegial; todo en conjunto configura un cuadro dantesco que el legislador Abrego tuvo la valentía de enfrentar.
Ahora, como reacción, surge una interesante contrapropuesta impulsada por el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, con el apoyo de la UNICEF y la participación de una Comisión de Estudio integrada por expertos, que ha preparado su propio proyecto que se presentará ante la Asamblea Legislativa como alternativa al Proyecto Abrego.
La nueva propuesta declara carentes de toda responsabilidad a los menores de 14 años y, para los que hayan cumplido esa edad, establece una pena educacional máxima de 5 años.
Los delitos sujetos a sanción son de mucha gravedad, tales como el hurto, tráfico de drogas, violaciones carnales y homicidio. Pero no serían objeto de sanción fallas ligeras como la violación de toques de queda, detención en batidas, evasión del hogar y otros que hoy son punibles.
El mismo proyecto propone como novedad que si tras el vencimiento de 60 días de su detención preventiva el menor no es sujeto a audiencias juzgatorias, se le ponga en libertad sin importar la gravedad del delito. Esta es una norma que merece ser renovada, al igual que la pena máxima educativa de 5 años, porque si el menor requiere tutela, mucho más lo requiere la sociedad, que es mayoría. No ha de arriesgarse la seguridad colectiva por favorecer a un individuo en particular.
Debe de revisarse asimismo el concepto de total inimputabilidad de los menores de 14 años, considerando la experiencia de asesinatos entre infantes en escuelas de Estados Unidos, Inglaterra y otros, en los cuales se contemplan medidas severas.
Hasta ahora, la legislación contemplada por el Código de la Familia ha sido excesivamente permisiva con los menores, lo que en su momento hemos calificado como una especie de inmunidad para delinquir.
La anterior situación ha provocado que se organicen bandas de sicarios juveniles, pandillas de menores y facinerosos, que concientes de su total impunidad, cometen los más graves delitos, a sabiendas que en pocos meses estarán de regreso a las calles.
El asesinato de taxistas, el homicidio entre estudiantes, la presencia en las vías públicas de menores que han matado seres humanos en dos y más ocasiones, las consuetudinarias amenazas, el sometimiento de barrios enteros a verdaderos regímenes de terror y la participación de menores en el narcotráfico colegial; todo en conjunto configura un cuadro dantesco que el legislador Abrego tuvo la valentía de enfrentar.
Ahora, como reacción, surge una interesante contrapropuesta impulsada por el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, con el apoyo de la UNICEF y la participación de una Comisión de Estudio integrada por expertos, que ha preparado su propio proyecto que se presentará ante la Asamblea Legislativa como alternativa al Proyecto Abrego.
La nueva propuesta declara carentes de toda responsabilidad a los menores de 14 años y, para los que hayan cumplido esa edad, establece una pena educacional máxima de 5 años.
Los delitos sujetos a sanción son de mucha gravedad, tales como el hurto, tráfico de drogas, violaciones carnales y homicidio. Pero no serían objeto de sanción fallas ligeras como la violación de toques de queda, detención en batidas, evasión del hogar y otros que hoy son punibles.
El mismo proyecto propone como novedad que si tras el vencimiento de 60 días de su detención preventiva el menor no es sujeto a audiencias juzgatorias, se le ponga en libertad sin importar la gravedad del delito. Esta es una norma que merece ser renovada, al igual que la pena máxima educativa de 5 años, porque si el menor requiere tutela, mucho más lo requiere la sociedad, que es mayoría. No ha de arriesgarse la seguridad colectiva por favorecer a un individuo en particular.
Debe de revisarse asimismo el concepto de total inimputabilidad de los menores de 14 años, considerando la experiencia de asesinatos entre infantes en escuelas de Estados Unidos, Inglaterra y otros, en los cuales se contemplan medidas severas.
