Proyecto sobre seguridad pública debe rechazarse
Es evidente que en nuestro país no existen grupos subversivos, rebeldes, guerrilleros, rebeliones, grupos armados, ejércitos clandestinos, ni fuerzas revolucionarias en control de territorios dentro de la república ni nuestras fronteras. No existen intentos contra el orden público para derrocar a nuestros gobiernos ni fuerzas armadas revolucionarias panameñas (FARP), ni nada parecida a la FARC colombiana; no existe entre nosotros necesidad alguna para ese nuevo órgano de seguridad propuesto.
Conceptuamos que los diputados han eludido sus responsabilidades parlamentarias de llevar los debates en las comisiones y al seno para públicamente discutir el nuevo proyecto sobre seguridad, y es por eso que facultaron al Presidente de la Nación para crear esa institución con el mejor secretismo donde no existe cabida para su discusión.
Dicho proyecto es un mal innecesario que no tiene cabida en el sistema de seguridad panameña y mucho menos en nuestro estamentos de Justicia Criminal; podemos catalogarlo como un órgano de represión al servicio del gobierno, cuya única función sería fiscalizar y ejercer control absoluto sobre la población civil para así controlar los grupos y organizaciones cívicas, y, al mismo tiempo, vacunar al Gobierno y hacerlo inmune contra las protestas de los ciudadanos en caso de oponernos a cualquier acto que emana del Gobierno. No podríamos protestar, por ejemplo, si nos encontrásemos inconformes con los resultados de las elecciones, con el nuevo sistema de transporte impuesto o la ausencia de vías de comunicación o el incremento del costo de la vida, por lo que tendríamos que conformarnos con obedecer las órdenes, callarnos y abstenernos a las consecuencias.
Como experto opino que no existe necesidad para este nuevo órgano de seguridad, y siendo los señores amos y dueños del Estado, y el Gobierno nuestro servidor, concluimos que no requerimos un aparato de seguridad de superior jerarquía que el ya existente Sistema de Justicia Criminal, nuestra única seguridad necesaria para los fines de nuestro Estado. Vivimos en democracia y consideramos la democracia como un sistema político competitivo donde concursan dirigentes y organizaciones con el fin de definir los asuntos de interés público y beneficio social, de manera que el pueblo participe en el proceso de las decisiones que a todos los ciudadanos afecta.
La nueva propuesta de seguridad debe someterse a un debate en general; no debe imponerse, no somos una autocracia.
