Prueba sumaria
Bajo el peregrino argumento de que si con una denuncia sobre la comisión de un delito no se acompaña prueba para sustentarla, se está impidiendo al Ministerio Público cumplir con su misión de investigar. Esto constituye un lamentable error y además inspira sospechas de encubrimiento, especialmente si el denunciante ofrece información sobre las circunstancias y menciona nombres. Tal fue el caso de declaraciones públicas hechas por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona, sobre la sospechosa actuación de algunos de sus propios colegas. Con base en ellas, tres denuncias emanadas de tres distintas fuentes fueron presentadas a la Comisión de Credenciales de la anterior Asamblea Nacional para que se investigaran, pero los señores comisionados dispusieron archivarlas. Posteriormente, 18 organizaciones nacionales también presentaron nuevas denuncias ante la Comisión de Credenciales de la actual legislatura y éstas corrieron también la misma suerte que las anteriores.
Por otro lado, la señora Procuradora General de la República, en más de una ocasión, se ha quejado de que no puede adelantar investigaciones de varios diputados debido a que nuestra Corte Suprema de Justicia no se las autoriza.
En síntesis, lo que ocurre en nuestro país es que algunos de los altos personeros de la administración de justicia tienen más interés en ahogarla que en defenderla. Irónicamente, el Ministerio Público en Washington está adelantando investigaciones a varios congresistas, acusados de haberse valido de sus cargos para lograr ventajas y enriquecimiento ilícito, para lo cual la ley tiene establecida una pena de diez años de prisión. A fin de evitar que se la apliquen en su totalidad, uno de ellos ha negociado con la respectiva fiscalía declarándose públicamente confeso y expresando su arrepentimiento por los delitos cometidos.
Allá, en Washington, el Ministerio Público no necesitó autorización alguna de la Corte Suprema de Justicia para investigar a los congresistas, ni existe en el Congreso Comisión de Credenciales alguna, pero ni siquiera un solo congresista a quien se le pueda ocurrir ante una denuncia contra alguno de sus miembros, insinuar que la archiven sin investigar.
Así como un juez tiene completa independencia y libertad para dictar sentencia, así también debe tener el Ministerio Público, en su misión de investigar, la más absoluta libertad para hacerlo, cuando y a quien sea.
Por otro lado, la señora Procuradora General de la República, en más de una ocasión, se ha quejado de que no puede adelantar investigaciones de varios diputados debido a que nuestra Corte Suprema de Justicia no se las autoriza.
En síntesis, lo que ocurre en nuestro país es que algunos de los altos personeros de la administración de justicia tienen más interés en ahogarla que en defenderla. Irónicamente, el Ministerio Público en Washington está adelantando investigaciones a varios congresistas, acusados de haberse valido de sus cargos para lograr ventajas y enriquecimiento ilícito, para lo cual la ley tiene establecida una pena de diez años de prisión. A fin de evitar que se la apliquen en su totalidad, uno de ellos ha negociado con la respectiva fiscalía declarándose públicamente confeso y expresando su arrepentimiento por los delitos cometidos.
Allá, en Washington, el Ministerio Público no necesitó autorización alguna de la Corte Suprema de Justicia para investigar a los congresistas, ni existe en el Congreso Comisión de Credenciales alguna, pero ni siquiera un solo congresista a quien se le pueda ocurrir ante una denuncia contra alguno de sus miembros, insinuar que la archiven sin investigar.
Así como un juez tiene completa independencia y libertad para dictar sentencia, así también debe tener el Ministerio Público, en su misión de investigar, la más absoluta libertad para hacerlo, cuando y a quien sea.
