Pruebas "antidoping"
El tema acerca de las mal llamadas pruebas "antidoping", que se realizan en aquellas personas a quienes se desea investigar la presencia de drogas ilícitas o de abuso potencial, ha adquirido nueva vigencia en nuestro país.
Ello se debe, en parte, a la demagogia con la que algunos politiqueros están manejando el asunto y, a la cacería inquisitoria que pretenden desarrollar contra aquellos servidores públicos que resulten positivos, lo cual conlleva el exclusivo objetivo de desprestigiar a los primeros y destituir a los segundos.
Hoy día, en países civilizados, se acepta que desde el punto de vista de los funcionarios públicos y por razones de salud ocupacional, la medida debe, en primer lugar, buscar y encontrar las formas de preservar las condiciones de seguridad laboral, así como la salud física, mental y moral de los trabajadores, paralela a la eficiencia, la eficacia y la productividad de la institución o empresa en donde prestan servicios. En segundo lugar, debe hacerse esfuerzos para, en lugar de destituirlos, intentar rehabilitar o re-educar a los consumidores o adictos.
Es por ello por lo que, antes de iniciar, a tontas y a locas, dichas pesquisas, las autoridades responsables deberían dictar y divulgar las normas y reglamentos que sean justos y equitativos para todos.
La Ley de la Carrera Administrativa regula dicha materia en su capítulo IV. Allí se señala quiénes son los que, sin previo aviso y bajo qué circunstancias, deben someterse a los exámenes de laboratorio pertinentes. Ejemplo: los que están en período de prueba; los que son escogidos por sorteo y al azar; los que confiesan consumir drogas y aquellos que, debido a su historia laboral (ausentismos injustificados, tardanzas, repetitivos errores o accidentes en su entorno de trabajo, malas relaciones interpersonales, etc.), se han hecho blanco de sospechas, como posibles consumidores de drogas ilícitas y/o de abuso potencial.
Antes de ser examinado, el funcionario público debe firmar una declaración jurada en donde informará acerca de cualesquiera medicamentos o drogas que esté recibiendo o que haya recibido en el pasado reciente. Así mismo, los reglamentos deben indicar, cómo y dónde se recogerá la muestra de orina, en la cual se buscará la presencia de tales drogas. Debe detallarse en qué envases se recogerá la misma y cómo se sellarán dichos envases, para evitar adulteraciones accidentales o provocadas. Hay también que desarrollar, lo que se conoce como la "cadena de custodia", para asegurarse que lo colectado, llegue sin adulteraciones, a manos del laboratorio que se haya ganado, exclusivamente por un concurso de méritos objetivos, el derecho y el privilegio de examinar las muestras.
También es importante señalar, lo que todos deben saber de antemano: acerca de lo que va a ocurrir en caso de que el resultado sea positivo. Por ello, la Ley de la Carrera Administrativa señala, al respecto, que:
Si el afectado acepta haber consumido drogas ilícitas o de abuso potencial, no es necesario repetir ni confirmar el resultado.
Si la persona niega el consumo, debe repetirse el examen o realizar una prueba confirmatoria llamada "cromatografía a gas/espectrometría de masa". De resultar positivas, ello confirma la presencia, en ESA muestra, de la(s) droga(s) que se está(n) investigando.
Si la persona está en "período de prueba" y no tiene estabilidad o permanencia laboral, será destituida y se le recomendará rehabilitación o re-educación.
Si el empleado tiene ya estabilidad y es la primera vez que es pesquisado, existen varias opciones para su rehabilitación o re-educación, entre las que, por supuesto, no está incluida la destitución. (Se le puede relevar temporalmente de funciones delicadas o de manejo de dinero; se le puede trasladar o se le puede conceder subsidio de enfermedad mientras esté en rehabilitación, etc.).
Luego de agotados todos esos pasos, la destitución procedería solamente, en caso de reincidencia o que el funcionario no cumpla con el programa de rehabilitación.
Lo señalado anteriormente, es lo que se debe hacer y no, el vergonzoso circo que, en la Asamblea Legislativa, se ha montado recientemente, acerca de este espinoso tema.
Ello se debe, en parte, a la demagogia con la que algunos politiqueros están manejando el asunto y, a la cacería inquisitoria que pretenden desarrollar contra aquellos servidores públicos que resulten positivos, lo cual conlleva el exclusivo objetivo de desprestigiar a los primeros y destituir a los segundos.
Hoy día, en países civilizados, se acepta que desde el punto de vista de los funcionarios públicos y por razones de salud ocupacional, la medida debe, en primer lugar, buscar y encontrar las formas de preservar las condiciones de seguridad laboral, así como la salud física, mental y moral de los trabajadores, paralela a la eficiencia, la eficacia y la productividad de la institución o empresa en donde prestan servicios. En segundo lugar, debe hacerse esfuerzos para, en lugar de destituirlos, intentar rehabilitar o re-educar a los consumidores o adictos.
Es por ello por lo que, antes de iniciar, a tontas y a locas, dichas pesquisas, las autoridades responsables deberían dictar y divulgar las normas y reglamentos que sean justos y equitativos para todos.
La Ley de la Carrera Administrativa regula dicha materia en su capítulo IV. Allí se señala quiénes son los que, sin previo aviso y bajo qué circunstancias, deben someterse a los exámenes de laboratorio pertinentes. Ejemplo: los que están en período de prueba; los que son escogidos por sorteo y al azar; los que confiesan consumir drogas y aquellos que, debido a su historia laboral (ausentismos injustificados, tardanzas, repetitivos errores o accidentes en su entorno de trabajo, malas relaciones interpersonales, etc.), se han hecho blanco de sospechas, como posibles consumidores de drogas ilícitas y/o de abuso potencial.
Antes de ser examinado, el funcionario público debe firmar una declaración jurada en donde informará acerca de cualesquiera medicamentos o drogas que esté recibiendo o que haya recibido en el pasado reciente. Así mismo, los reglamentos deben indicar, cómo y dónde se recogerá la muestra de orina, en la cual se buscará la presencia de tales drogas. Debe detallarse en qué envases se recogerá la misma y cómo se sellarán dichos envases, para evitar adulteraciones accidentales o provocadas. Hay también que desarrollar, lo que se conoce como la "cadena de custodia", para asegurarse que lo colectado, llegue sin adulteraciones, a manos del laboratorio que se haya ganado, exclusivamente por un concurso de méritos objetivos, el derecho y el privilegio de examinar las muestras.
También es importante señalar, lo que todos deben saber de antemano: acerca de lo que va a ocurrir en caso de que el resultado sea positivo. Por ello, la Ley de la Carrera Administrativa señala, al respecto, que:
Si el afectado acepta haber consumido drogas ilícitas o de abuso potencial, no es necesario repetir ni confirmar el resultado.
Si la persona niega el consumo, debe repetirse el examen o realizar una prueba confirmatoria llamada "cromatografía a gas/espectrometría de masa". De resultar positivas, ello confirma la presencia, en ESA muestra, de la(s) droga(s) que se está(n) investigando.
Si la persona está en "período de prueba" y no tiene estabilidad o permanencia laboral, será destituida y se le recomendará rehabilitación o re-educación.
Si el empleado tiene ya estabilidad y es la primera vez que es pesquisado, existen varias opciones para su rehabilitación o re-educación, entre las que, por supuesto, no está incluida la destitución. (Se le puede relevar temporalmente de funciones delicadas o de manejo de dinero; se le puede trasladar o se le puede conceder subsidio de enfermedad mientras esté en rehabilitación, etc.).
Luego de agotados todos esos pasos, la destitución procedería solamente, en caso de reincidencia o que el funcionario no cumpla con el programa de rehabilitación.
Lo señalado anteriormente, es lo que se debe hacer y no, el vergonzoso circo que, en la Asamblea Legislativa, se ha montado recientemente, acerca de este espinoso tema.
