PTJ, a mitad de camino
La depuración que lleva a cabo en la Policía Técnica Judicial (PTJ) su director, Rodolfo Aguilera, no tiene precedentes por su alcance y profundidad, desde que se restauró la democracia hace trece años. Se ha anunciado la destitución de 23 funcionarios y la aplicación de sanciones a otros 29, al tiempo que se pasa a retiro a 51 detectives por razones de jubilación.
Las frías estadísticas revelan que el 73% de los casos investigados por corrupción dentro de la institución concluyeron en destitución, mientras que el 20% lo fueron en sanciones. Se reportan como faltas más frecuentes, el empeño de armas de reglamento o decomisadas y el cobro de coimas para agilizar trámites. Sabemos, no obstante, de cosas peores.
Hay todavía una nociva práctica de turismo policivo. Notificaciones y citaciones judiciales que deben darse legalmente a través de vía diplomática y exhortos son hechas irregularmente por agentes del organismo que las llevan consigo personalmente al extranjero, con costosos pagos. Todo obviamente es anulable, pero normalmente nadie se da por enterado. Europa figura entre los destinos favoritos de estos agentes de turismo policivo. ¿Por qué lo hacen? Para amedrentar e intimidar al citado o notificado, para cuyo objeto se valen de sus contactos con la Policía Internacional (Interpol) que de buena fe coopera con tan insólita práctica.
Ha habido también casos peores, como los de secuestro, extorsión, "siembra" de drogas a víctimas inocentes y hasta de intentos de asesinato. Nos preguntamos ¿Cuántos de los homicidios de los tantos no resueltos tienen lugar con intervención de los agentes?
La depuración es necesaria, aunque no podemos decir que sea oportuna porque debió hacerse mucho tiempo atrás. Sin embargo, ella marca la mitad del camino. Resta ahora enfrentar la dura tarea de su reestructuración y modernización hasta convertirla en un ente confiable y eficiente al servicio de la ciudadanía que a través de sus impuestos la sostiene. Hay que imprimirle además una fuerte vocación de servicio y una alta dosis de principios éticos. No es posible seguir viendo a la institución base de la investigación de los delitos en aliada predilecta de la delincuencia organizada.
Finalmente, en cuanto a su estructura, preferimos verla funcionar bajo la égida y fiscalización estricta de la Corte Suprema de Justicia, donde debe designarse un secretario encargado de dar continuo seguimiento a esa tarea.
Las frías estadísticas revelan que el 73% de los casos investigados por corrupción dentro de la institución concluyeron en destitución, mientras que el 20% lo fueron en sanciones. Se reportan como faltas más frecuentes, el empeño de armas de reglamento o decomisadas y el cobro de coimas para agilizar trámites. Sabemos, no obstante, de cosas peores.
Hay todavía una nociva práctica de turismo policivo. Notificaciones y citaciones judiciales que deben darse legalmente a través de vía diplomática y exhortos son hechas irregularmente por agentes del organismo que las llevan consigo personalmente al extranjero, con costosos pagos. Todo obviamente es anulable, pero normalmente nadie se da por enterado. Europa figura entre los destinos favoritos de estos agentes de turismo policivo. ¿Por qué lo hacen? Para amedrentar e intimidar al citado o notificado, para cuyo objeto se valen de sus contactos con la Policía Internacional (Interpol) que de buena fe coopera con tan insólita práctica.
Ha habido también casos peores, como los de secuestro, extorsión, "siembra" de drogas a víctimas inocentes y hasta de intentos de asesinato. Nos preguntamos ¿Cuántos de los homicidios de los tantos no resueltos tienen lugar con intervención de los agentes?
La depuración es necesaria, aunque no podemos decir que sea oportuna porque debió hacerse mucho tiempo atrás. Sin embargo, ella marca la mitad del camino. Resta ahora enfrentar la dura tarea de su reestructuración y modernización hasta convertirla en un ente confiable y eficiente al servicio de la ciudadanía que a través de sus impuestos la sostiene. Hay que imprimirle además una fuerte vocación de servicio y una alta dosis de principios éticos. No es posible seguir viendo a la institución base de la investigación de los delitos en aliada predilecta de la delincuencia organizada.
Finalmente, en cuanto a su estructura, preferimos verla funcionar bajo la égida y fiscalización estricta de la Corte Suprema de Justicia, donde debe designarse un secretario encargado de dar continuo seguimiento a esa tarea.
