Punto de Vista Defensa de la institucionalidad
Estemos claros conciudadanos y señor Presidente de la República. En nuestro país, la defensora, creíble, de nuestra institucionalidad democrática, ha sido La Sociedad Civil Organizada. Nunca olvidemos los orígenes de La Cruzada Civilista.
El encontrar los caminos del diálogo para acabar con la, histórica, corrupción impune, ha costado tiempo y trabajo sin visibles resultados; y así hoy, por actos, expresiones, gestos, acusaciones, recusaciones, comentarios no apropiados y habilidades partidistas, la Sociedad Civil se ve envuelta, nuevamente, en la defensa de la institucionalidad.
En nuestro sistema de gobierno, la independencia institucional de los Órganos del Estado es vital. Ésta debe ser garantes del sostenimiento y fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática.
Desde hace 20 años, éstos han estado armónicamente “entrelazados”. De una u otra manera, el uno cuidaba del otro y ello facilitaba la impunidad. El Órgano Ejecutivo, dado nuestro sistema presidencialista tiende, equivocamente, en determinadas áreas, a la búsqueda de la concentración del poder. Lo cual es inaceptable y debe priorizarse como uno de los objetivos centrales del “cambio. De allí la necesidad de modificar, integralmente, una Carta Magna, conformada a la talla exacta de los partidos políticos.
La percepción que se ataca en los momentos actuales, sugiere el deseo de conformar una especie de dictadura civil benigna que acabará con la corruptela institucionalizada. Lo cual no puede ser.
La objetividad impone un análisis de la labor histórica de la procuraduría, General de la Nación, ya que, a lo largo del tiempo, quienes han ocupado el cargo, no se han destacado por un agresivo actuar dentro del marco de su funcionalidad judicial, en ataques frontales a la supuesta comisión de delitos de corrupción, en los altos cargos gubernamentales.
Naturalmente, hay que respetar a la presunción de inocencia y el debido proceso, mas las huellas que se venían dejando, en el tiempo, reflejaban indicios que, debieron provocar el inicio de investigaciones persistentes con el propósito de declarar, al final de los complejos procesos judiciales, la inocencia o culpabilidad.
Podría ser factible que un Presidente proponente del “cambio” sienta niveles de intolerancia e impaciencia; sin embargo, su actuar debe ser comedido y dirigido a la búsqueda de sus objetivos, actuando de acuerdo a lo que exige nuestra institucionalidad.
Considero que tanto de parte la Procuradora como del Ejecutivo se dieron pasos posiblemente reactivos, que podrían considerarse no apropiados; ello, permitió la pesca en río revuelto y ataques frontales y exagerados de al menos dos partidos de la oposición. Estamos a tiempo de corregir las cosas y seguir adelante por los senderos de ir limitando y castigando, consecuentemente, las acciones corruptas que permitieron el enriquecimiento ilícito, aún por comprobarse, vía las diligencias del debido proceso.
