Punto de Vista Ni miedo, pena o vergüenza
“Presidente de la Corte admite que hay corrupción.
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell, aseguró que la percepción ciudadana de la existencia de corrupción en algunos casos es cierta, pero que se hacen esfuerzos para combatirla.
No tenemos miedo de reconocer nuestras debilidades, pero estamos trabajando”.
(Panamá América).
Con este señalamiento, cuyas entrelíneas son ampliamente conocidas por la ciudadanía, se reabre un poco la puerta de las oportunidades del Cambio; sin embargo, el arrastre del pasado en mucho preocupa pues la Corte Suprema de Justicia, al igual que los demás estamentos que administran ésta, no se han caracterizado por la objetividad y profesionalismo necesario en tan compleja función.
La conformación de la Corte siempre ha sido un problema, las componendas de los partidos políticos, la mayor influencia nefasta sobre los Magistrados y Magistradas. La demora en la generación fallos y en que los mismos tengan la trascendencia que ameritan, para muchos, representa la típica burocratización de los empeños en la búsqueda de resultados de auto beneficio, de protección a políticos y del fenómeno de entender que una mano lava la otra. No a la Sala Quinta. ¿Más dinero de quienes aportamos? Ya es hora de que el gobierno justifique el uso de los fondos públicos.
El constante silencio de la Corte, en cuanto a la necesidad de reformas constitucionales y los escasos cambios en nuestro ordenamiento jurídico, son muestra clara del poco interés de la Corte en aportar (en forma alguna) al desarrollo integral de la justicia panameña. Sólo observemos los cambios recientes en nuestra legislación penal: lo inapropiado y sospechoso, en aumentar las penas de algunos delitos comunes y dejar tal cual los delitos de corrupción. Para muestra unos botoncitos: la malversación de fondos públicos tiene pena de 1 a 3 años, no admite detención preventiva. El hurto con destreza, a cambio, tiene pena de hasta 10 años.
El enriquecimiento ilícito, tiene pena de 3 a 6 años. La corrupción de funcionarios públicos, de 2 a 4 años; en casos como estos, se admiten fianzas y una variedad de medidas relacionadas a la detención preventiva. Casa por cárcel Inaudito.
¿Cómo es posible que semejante barbaridad, en abierto sentido proteccionista de funcionarios públicos de todo nivel, pase desapercibida por Juristas de la esperada envergadura de los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia?
