Punto de vista Nuevo contrato social en aras de la seguridad ciudadana
La seguridad ciudadana no es un asunto fácil de tratar y, sobre todo, sino se tienen claros sus objetivos. Hoy por hoy, enfrentar sus problemas requiere de un nuevo “contrato social” dentro del moderno Estado Social y Democrático de Derecho. No hablo de adoptar otro eslogan para un nuevo plan de seguridad, porque la criminalidad criolla ya nos tiene sin manos, familiares, amigos, vecinos, barrios, veredas, aceras y calles, a pesar de los programas “mano dura” y “mano amiga” ejecutados por los dos últimos gobiernos, y cuidado con el que está por iniciar, que terminamos sin las pocas “calles seguras” que aún quedan por ahí.
El nuevo “contrato social” requerirá redefinir la sociedad panameña dado que la actual pondera los valores morales y éticos de manera distinta, adoptando otros ajenos a la espiritualidad del ser humano de manera tal, que la materialidad la va malogrando y hace de cada uno de sus miembros presa fácil de la criminalidad, tras el fracaso de todos aquellos cuyas ciencias preocupa la humanidad.
Resulta interesante preguntarnos los penalistas y criminólogos, ¿será que la solución a la criminalidad la tiene, por ejemplo, la sociología, sicología o siquiatría sanando a quienes en medio de esta vorágine social conforman la sociedad panameña? ¿Acaso la economía, procurando una mejor distribución de las riquezas y calidad de vida? ¿La Ciencia Política con nuevas ideologías políticas y mejores formas de gobierno?; o bien, ¿la Teología que a cambio de la creencia en un ser superior y un buen comportamiento, nos ofrece pasar a una mejor vida? Es justa, porque los penalistas debatimos el fundamento filosófico del Derecho Penal, bien entre servir como un mecanismo de control social, instrumento represivo para proteger determinados bienes jurídicos o restablecer la vigencia de la norma penal cuando es quebrantada. Además oportuna, porque pareciera encontrarse en una encrucijada entre la prevención y represión del delito.
La Criminología, por su parte, a pesar de conocer las causas de la criminalidad, carece de un sistema para contrarrestarla al tiempo que los gobiernos, rehúsan escuchar a sus expertos y continúan buscando la solución a la criminalidad, tipificando conductas y aumentando penas a modo de “hipertrofia o hemorragia legislativa.
Es tiempo de aceptar un nuevo compromiso y comenzar a trabajar en una política criminal, eso sí, tan efectiva y democrática que sin violar los derechos humanos, permita ponderarlos en su justa dimensión y en función de la obligación que demandamos del Estado de combatir la criminalidad; porque a todos nos embarga y su solución debe preocuparnos por igual. Como vemos no compete sólo al Derecho Penal.
Comencemos por reconstruir la familia como núcleo de la sociedad; reforcemos con educación los valores morales y éticos, y procuremos a nuestros semejantes una mejor calidad de vida, convirtiendo los cinturones de pobreza y marginalidad en campos para el cultivo de alimentos, la cultura y el deporte.
No propongo como en otros países sí, legislar por un “Derecho Penal del Enemigo” destinado a una parte de la sociedad cuyos miembros nos respetan en lo absoluto al resto, sino estimar y valorar los derechos y garantías fundamentales de acuerdo a esta nueva criminalidad. Sencillamente, porque proliferan los antisociales que sin respetarlos claman por su amparo, tras cada crimen cometido en perjuicio de las víctimas que “somos más, pero no locos”; y además, no tenemos porqué tolerar a una clase política gobernante, incapaz de cumplir con el sagrado mandato social de proteger nuestras vidas, honra y bienes, a pesar que a costas nuestra vive enquistada en el poder.
