Punto de vista Un grave error en el caso del alcalde electo

El problema de la impugnación del nuevo Alcalde del distrito de Panamá, elegido por una inmensa mayoría del voto popular, es otro de los errores cometido por el Tribunal Electoral y algunos de sus altos funcionarios. Creo que es un deber y una obligación de la institución encargada del tema electoral investigar, como un requisito oficial, a todo aspirante a elección popular sobre su estatus político, personal y ciudadano en todo el país.

Eso debió realizar en el caso del alcalde electo Bosco Ricardo Vallarino, a quien debió impedir su postulación antes del torneo electoral según la Constitución y los requisitos electorales después de haberse comprobado las causales establecidas. Sin embargo, no sabemos si fue por desconocimiento de la Ley de ese alto tribunal del Estado o por la creencia de que el candidato no llevaba opción de ganar frente al aspirante del oficialismo, que se permitió su participación en el pasado torneo electoral. Como ironía del destino, el candidato de oposición fue electo por una abrumadora mayoría del voto popular sin ninguna presión y coacción de nadie.

Hoy se pretende despojar de sus derechos al candidato Vallarino elegido por miles de votantes, libre y soberanamente. Esta medida es un tanto peligrosa para la tranquilidad ciudadana, pues si el Tribunal Electoral permitió dicha postulación y aceptó el triunfo en su debido momento, no cabía ahora negar la entrega de credenciales al señor Vallarino, ya que tal acción es interpretada por sus seguidores como un abierto irrespeto al derecho al sufragio y a la dignidad en democracia. A los magistrados electorales les correspondía impedir dicha postulación antes de llevarse a efecto el torneo electoral el pasado 3 de mayo.

Es necesario mirar con atención este complejo problema electoral para evitar, en un futuro, un caos inoportuno una vez entre el nuevo gobierno.