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Qué, cuándo y cómo se consulta


A VECES las palabras presagian las crisis. No la frecuencia, sino la manera errática con que comienzan a usarse repentinamente, puede ser una señal de que hay algo que está por descomponerse en las relaciones humanas que se construyen con ayuda de ellas.
Últimamente hay una manera muy extraña de usar la palabra consulta y quizás el asunto tenga alguna trascendencia para la vida pública y política de nuestra democracia.
¿Qué se consulta? Las ideas no se consultan; se expresan, se intercambian, se les da la bienvenida, o se rechazan. Los rumores no son una forma de consulta tampoco; circulan y se riegan, pero jamás son el conducto de una consulta responsable. Tampoco la conciencia generalizada de que hay un problema es una consulta. Los problemas no se consultan; se estudian, se busca hacer de ellos un diagnóstico que permita comprenderlos y encontrarles solución.
Hablar mucho sobre un problema no significa que estemos cerca de la solución; pero, sobre todo, no significa que se haya consultado la solución que se va a proponer. Cuando usamos la palabra consultar, es porque pedimos el parecer de alguien sobre una propuesta específica.
Consultar no es oír de lejos las quejas de los demás. Se trata de escuchar al otro, mas no como un acto de mero trámite, sino porque pensamos que hay una verdad que puede descubrirse en el acto de consulta.
Es cierto que para hacer un diagnóstico de un problema, de una dificultad que se quiere superar, muchas veces hay que "consultar" a la gente, pero esta "consulta" no significa que les hayamos hecho sobre la respuesta que pensamos darle.
Un proyecto de ley que afectará la vida cotidiana de todos, por ejemplo, debe ser llevado a consulta. Ahora bien, consultar no es publicar ni divulgar; es más bien permitir que sea el otro, el consultado, el que exprese su parecer, allí, cara a cara. Consultar no es hacer que los demás escuchen, es colocarse uno en la posición de escuchar y luego responder a las preguntas que se le hacen.
El documento de 32 páginas, publicado el jueves pasado, denominado "Vamos a poner la casa en orden", contiene el borrador del proyecto de ley que será presentado esta semana ante la Asamblea Nacional, pero en el resumen de dos páginas que antecede al articulado se menciona "el proceso de consulta transcurrido hasta la fecha". Diversos sectores empresariales, profesionales, y sindicales se han quejado, por el contrario, de que las reformas son inconsultas, pues nadie parecía conocerlas hasta el momento en que fueron publicadas. La actitud del gobierno parece ser la del que considera que ya todo está dicho y el debate debe pasar a la sede de los diputados, para que éstos le concedan la aprobación de rigor. No pareciera que nos encontramos ante un proceso de consulta, pues si así fuera, el gobierno presentaría un borrador del proyecto a distintas agrupaciones de la sociedad organizada, haría acopio de las observaciones, las valoraría y luego lo presentaría a la Asamblea, enriquecido con los cambios provenientes de la opiniones ciudadanas.
El hecho de que se haya anunciado que se presentará en el Legislativo al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gabinete parece indicar que ya no hay nada que consultar, que no hay opinión ni parecer ciudadano que el gobierno esté interesado en escuchar sobre esta materia. Quizás esto ha ocurrido porque el Gobierno ha visto la reforma como un problema técnico financiero que tiene que resolver, y no como una solución política cuyas condiciones tiene que crear. Y es que el país de la reforma aún no existe. Esto deja a la Asamblea Nacional, que tiene toda la carga de la discusión política, con la obligación adicional de hacer foros de consulta ciudadana que ilustren el criterio de los diputados. Es decir, la falta de consulta antes de presentar el proyecto obstaculizará su discusión en el legislativo.
¿Cuándo hay que consultar? Se consulta cuando se van a generar cambios que van a obligar a las personas a entrar en un proceso de ajuste y adaptación. Una reforma fiscal como la anunciada la semana pasada obligará a algunos actores económicos a plantearse una reconversión de sus actividades productivas y es deseable que el gobierno entienda y facilite la sobrevivencia de todos los jugadores del sistema. El gobierno debe ser receptivo a las expectativas de los que tendrán que ajustarse a las nuevas condiciones.
Como la reforma fiscal no es un proyecto de ley cualquiera, es de máxima prioridad que todos los sectores cuenten con el tiempo adecuado para asesorarse al momento de formular una posición, porque todo el país será afectado, directa o indirectamente. El que tiene un salario de 800 balboas, o menos, y piensa que "se salvó", probablemente está contratado por alguien que sentirá los rigores de la nueva presión fiscal y que podría optar por reducir sus costos de operación disminuyendo el personal al servicio de sus actividades económicas.
¿Cómo se debe hacer una consulta? Por la trascendencia de la materia, las únicas consultas que valen son las consultas públicas. La filosofía general del proyecto de reforma fiscal es encomiable, pero nadie paga impuestos sobre la base de una filosofía. Empresas de servicio público, como las universidades privadas, podrían desvanecerse tras el impuesto mínimo alternativo, pero quedarían a salvo si esta actividad aparece listada en un juicioso artículo que contemple excepciones. Esto es sólo un caso.
Cada artículo de la ley merece una discusión detallada, pues la misma filosofía podría lograrse si afinamos el lápiz en los detalles que crean desazón y generan oposición. Un viejo político ya olvidado decía "el que más consulta, menos se equivoca". ¿Verdad que sí?

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