¡Que el Estado gaste menos y mejor!
EN SUS intervenciones de la semana pasada, tanto el señor Torrijos como el titular del MEF, presentaron una visión apocalíptica de las finanzas públicas, que sintetizaron en una sola frase: El problema es que el Estado gasta más de lo que recauda. Afirmación inobjetable, que comparto, pero utilizarla como fundamento para justificar la pretensión de recaudar 500 millones de dólares más por año es un contrasentido. Si el Estado gasta más de lo que recauda, la solución es que gaste menos, pero no más impuestos.
Como justificación adicional para las propuestas reformas fiscales se ha aducido que se necesitan más recursos para atender las demandas insatisfechas de la población más pobre. Si el gobierno demanda mayores aportes de los contribuyentes, antes de hacerlo debe explicar, con montos específicos, cuáles son los proyectos o las acciones gubernamentales a las que destinará el producto de los nuevos impuestos.
La redención de los pobres, en abstracto, sin programas y acciones concretas, y sin metas cuantificables no significa nada y se ha utilizado tantas veces para cargarle la mano a los contribuyentes que, como excusa ha perdido toda credibilidad.
Si el gobierno no ha definido cuáles son las inversiones sociales que pretende realizar, tampoco debe pedir cheques en blanco y menos imponer nuevas cargas tributarias a la población. A estas alturas, después de haber transcurrido ocho meses y medio desde las elecciones del pasado 2 de mayo, los nuevos gobernantes tendrían que haber hecho mejor su tarea y estar en capacidad de explicarle al país, concretamente, en qué se invertirían las nuevas recaudaciones fiscales.
El proyecto de las reformas tiene dos componentes: Uno, la supuesta reducción del gasto público; el otro, las reformas tributarias que, en esencia, se contradicen y, por tanto, no debieran mezclarse. La inclusión de las medidas de reducción del gasto, sólo puede entenderse como una justificación política para darle piso al paquete de las reformas tributarias, ya que el gobierno, para tomarlas y ejecutarlas, no necesita casarlas con el aumento de los impuestos.
Si el Sr. Torrijos quiere reducir la planilla estatal, sólo tiene que congelar las vacantes y suspender las contrataciones por servicios profesionales y personales. Esas medidas no requieren de ninguna ley; basta con la decisión del gobernante. Pero, además, es contradictorio mezclar la reducción del gasto con la imposición de nuevos tributos. Si el gobierno efectivamente reduce 45,000 puestos en la planilla, ello significa que dispondría de varios cientos de millones de dólares adicionales que, o harían innecesarios los nuevos impuestos o deberían reducirlos en la misma proporción.
En otras palabras, si la reforma pretende recaudar 500 millones, ese monto debe reducirse en una suma igual a la que produzca la supuesta disminución del gasto público.
Para entrar a una discusión específica del paquete tributario, lo adecuado y procedente sería separar el tema de la reducción del gasto de la propuesta para aumentar los impuestos. Aunque, insisto, no es necesaria ninguna ley para tomar medidas de reducción o contención del gasto, si el gobierno, por afanes políticos publicitarios, se empeña en darles fuerza legal, entonces debiera dividir los proyectos. Que cada uno tenga una exposición de motivos separada, en la que se expliquen, en detalle, los alcances y resultados esperados, con sus correspondientes estimaciones económicas.
Finalmente, creo que la experiencia que ha dejado la actitud ocultista y confusa del gobierno no debe repetirse cuando decida poner sobre la mesa el proyecto de reformas a la seguridad social. Como seguramente ese paquete ya existe a lo interno del gobierno, cuanto antes debiera hacerlo del conocimiento público, para evitar la incertidumbre y las preocupaciones que produjo el largo e injustificado silencio oficial.
Las reformas tributarias, es de esperar, si no entra a funcionar la aplanadora legislativa del PRD, podrían consumir varias semanas de discusión en la Asamblea. Mientras ese debate se da, habría tiempo para conocer y digerir la propuesta sobre el Seguro Social, cuya discusión debiera dejarse para marzo, cuando el Organo Legislativo reanude sus sesiones ordinarias, si queremos hacer las cosas bien.
Como justificación adicional para las propuestas reformas fiscales se ha aducido que se necesitan más recursos para atender las demandas insatisfechas de la población más pobre. Si el gobierno demanda mayores aportes de los contribuyentes, antes de hacerlo debe explicar, con montos específicos, cuáles son los proyectos o las acciones gubernamentales a las que destinará el producto de los nuevos impuestos.
La redención de los pobres, en abstracto, sin programas y acciones concretas, y sin metas cuantificables no significa nada y se ha utilizado tantas veces para cargarle la mano a los contribuyentes que, como excusa ha perdido toda credibilidad.
Si el gobierno no ha definido cuáles son las inversiones sociales que pretende realizar, tampoco debe pedir cheques en blanco y menos imponer nuevas cargas tributarias a la población. A estas alturas, después de haber transcurrido ocho meses y medio desde las elecciones del pasado 2 de mayo, los nuevos gobernantes tendrían que haber hecho mejor su tarea y estar en capacidad de explicarle al país, concretamente, en qué se invertirían las nuevas recaudaciones fiscales.
El proyecto de las reformas tiene dos componentes: Uno, la supuesta reducción del gasto público; el otro, las reformas tributarias que, en esencia, se contradicen y, por tanto, no debieran mezclarse. La inclusión de las medidas de reducción del gasto, sólo puede entenderse como una justificación política para darle piso al paquete de las reformas tributarias, ya que el gobierno, para tomarlas y ejecutarlas, no necesita casarlas con el aumento de los impuestos.
Si el Sr. Torrijos quiere reducir la planilla estatal, sólo tiene que congelar las vacantes y suspender las contrataciones por servicios profesionales y personales. Esas medidas no requieren de ninguna ley; basta con la decisión del gobernante. Pero, además, es contradictorio mezclar la reducción del gasto con la imposición de nuevos tributos. Si el gobierno efectivamente reduce 45,000 puestos en la planilla, ello significa que dispondría de varios cientos de millones de dólares adicionales que, o harían innecesarios los nuevos impuestos o deberían reducirlos en la misma proporción.
En otras palabras, si la reforma pretende recaudar 500 millones, ese monto debe reducirse en una suma igual a la que produzca la supuesta disminución del gasto público.
Para entrar a una discusión específica del paquete tributario, lo adecuado y procedente sería separar el tema de la reducción del gasto de la propuesta para aumentar los impuestos. Aunque, insisto, no es necesaria ninguna ley para tomar medidas de reducción o contención del gasto, si el gobierno, por afanes políticos publicitarios, se empeña en darles fuerza legal, entonces debiera dividir los proyectos. Que cada uno tenga una exposición de motivos separada, en la que se expliquen, en detalle, los alcances y resultados esperados, con sus correspondientes estimaciones económicas.
Finalmente, creo que la experiencia que ha dejado la actitud ocultista y confusa del gobierno no debe repetirse cuando decida poner sobre la mesa el proyecto de reformas a la seguridad social. Como seguramente ese paquete ya existe a lo interno del gobierno, cuanto antes debiera hacerlo del conocimiento público, para evitar la incertidumbre y las preocupaciones que produjo el largo e injustificado silencio oficial.
Las reformas tributarias, es de esperar, si no entra a funcionar la aplanadora legislativa del PRD, podrían consumir varias semanas de discusión en la Asamblea. Mientras ese debate se da, habría tiempo para conocer y digerir la propuesta sobre el Seguro Social, cuya discusión debiera dejarse para marzo, cuando el Organo Legislativo reanude sus sesiones ordinarias, si queremos hacer las cosas bien.
