¿Qué es la Constituyente?
" El Neoliberalismo socializante panameño es sólo nuevo y socializante en cuanto a su forma, pero regresivo y arcaizante en cuanto a su contenido".- Dr. Ricaurte Soler (Formas Ideológicas de la Nación Panameña).
Cuando escuchamos en los medios de comunicación la palabra Constitución y/o Constituyente nos viene a colación la definición de este concepto. Dentro del marco contractual de Jean Jacques Rousseau, tiene un sentido directo del contrato social que instauran los hombres para la consolidación de su progreso económico y social.
Dicho concepto ha sido también redefinido como la suprema ley de un Estado-Nación, la ley de leyes, entendiendo así que en ella se consagra el espíritu conceptual de las demás leyes y que sin una Constitución ningún otro precepto tiene vigencia en cuanto al contenido de la norma legal. Pero si vemos con certero cuidado las lecciones de la filosofía de la historia, entenderemos que es el hombre quien construye su progreso histórico extraído de las potencias de su eficacia.
Ferdinand Lasalle nos define la Constitución como "la suma de los factores reales de poder que existen en un Estado-Nación", entendiéndose que estos factores reales de poder del Estado darán el cause práctico y legal que requieran sus intereses, intereses que Maquiavelo denomina "legítimos" en el desarrollo histórico-social de las necesidades humanas.
Vemos entonces un poco los factores reales de poder en su proyección de las últimas décadas en nuestro país.
En 1972 el entonces gobierno militar trajo a colación política una nueva Constitución en la cual existen agregados reformistas, en el plano laboral, social y económico, cumpliendo una función que los sectores dominantes-empresariales no lograron cumplir durante sus gestiones gubernamentales antes de 1968.
Mediante un acto reformatorio de 1978 y el plebiscito de 1983 se introducen nuevos conceptos en el plano de las libertades formales, garantías constitucionales y preceptos democráticos, con poco cumplimiento práctico en los años de la dictadura.
Tras años de luchas sociales y de oscurantismo político-social, se revela en el contexto histórico la Invasión norteamericana a Panamá, y en donde los nuevos gobiernos subsiguientes cumplen con la función de velar por los intereses socio-económicos de los grandes mercados internacionales, que encuentran voz de expresión y desarrollo normativo-financiero por medio de las reformas promovidas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), el Banco Mundial y el desarrollo de la Economía de Servicios y del Centro Bancario Internacional que actualmente está instaurado en Panamá. Son estos los "factores reales de poder" que luchan día a día en pos de sus intereses políticos y económicos, intereses que en el marco de sus acciones revierten contradicciones políticas en las relaciones de sus exponentes.
En Panamá, estas prácticas políticas y económicas, sólidas algunas veces y contradictorias otras, generan un detrimento en la calidad de vida de la sociedad, y mucho más en la conformación ideológica-social de la Conciencia Nacional y en el curso de consolidación del Estado Nacional. Esto explica, entonces, el por qué una Constituyente solamente sería en este contexto histórico, la legítima representante de los intereses políticos y económicos de clases sociales determinadas.
Lo anteriormente dicho no descarta, sin embargo, la posibilidad de que en un futuro deba haber una Constituyente, pues ésta es imperante en el desarrollo histórico-político nacional, pero debemos entender que las necesidades socio-políticas del país deben enrumbarse primero en el constante diálogo social y presentaciones de alternativas programáticas que construyan el camino a algo más que un simple precepto constitucional, que en la práctica política, social y económica no allana el vacío que requiere el pueblo panameño, vacío que debemos llenar con nuestra acción social y política. Depende de nosotros.
Cuando escuchamos en los medios de comunicación la palabra Constitución y/o Constituyente nos viene a colación la definición de este concepto. Dentro del marco contractual de Jean Jacques Rousseau, tiene un sentido directo del contrato social que instauran los hombres para la consolidación de su progreso económico y social.
Dicho concepto ha sido también redefinido como la suprema ley de un Estado-Nación, la ley de leyes, entendiendo así que en ella se consagra el espíritu conceptual de las demás leyes y que sin una Constitución ningún otro precepto tiene vigencia en cuanto al contenido de la norma legal. Pero si vemos con certero cuidado las lecciones de la filosofía de la historia, entenderemos que es el hombre quien construye su progreso histórico extraído de las potencias de su eficacia.
Ferdinand Lasalle nos define la Constitución como "la suma de los factores reales de poder que existen en un Estado-Nación", entendiéndose que estos factores reales de poder del Estado darán el cause práctico y legal que requieran sus intereses, intereses que Maquiavelo denomina "legítimos" en el desarrollo histórico-social de las necesidades humanas.
Vemos entonces un poco los factores reales de poder en su proyección de las últimas décadas en nuestro país.
En 1972 el entonces gobierno militar trajo a colación política una nueva Constitución en la cual existen agregados reformistas, en el plano laboral, social y económico, cumpliendo una función que los sectores dominantes-empresariales no lograron cumplir durante sus gestiones gubernamentales antes de 1968.
Mediante un acto reformatorio de 1978 y el plebiscito de 1983 se introducen nuevos conceptos en el plano de las libertades formales, garantías constitucionales y preceptos democráticos, con poco cumplimiento práctico en los años de la dictadura.
Tras años de luchas sociales y de oscurantismo político-social, se revela en el contexto histórico la Invasión norteamericana a Panamá, y en donde los nuevos gobiernos subsiguientes cumplen con la función de velar por los intereses socio-económicos de los grandes mercados internacionales, que encuentran voz de expresión y desarrollo normativo-financiero por medio de las reformas promovidas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), el Banco Mundial y el desarrollo de la Economía de Servicios y del Centro Bancario Internacional que actualmente está instaurado en Panamá. Son estos los "factores reales de poder" que luchan día a día en pos de sus intereses políticos y económicos, intereses que en el marco de sus acciones revierten contradicciones políticas en las relaciones de sus exponentes.
En Panamá, estas prácticas políticas y económicas, sólidas algunas veces y contradictorias otras, generan un detrimento en la calidad de vida de la sociedad, y mucho más en la conformación ideológica-social de la Conciencia Nacional y en el curso de consolidación del Estado Nacional. Esto explica, entonces, el por qué una Constituyente solamente sería en este contexto histórico, la legítima representante de los intereses políticos y económicos de clases sociales determinadas.
Lo anteriormente dicho no descarta, sin embargo, la posibilidad de que en un futuro deba haber una Constituyente, pues ésta es imperante en el desarrollo histórico-político nacional, pero debemos entender que las necesidades socio-políticas del país deben enrumbarse primero en el constante diálogo social y presentaciones de alternativas programáticas que construyan el camino a algo más que un simple precepto constitucional, que en la práctica política, social y económica no allana el vacío que requiere el pueblo panameño, vacío que debemos llenar con nuestra acción social y política. Depende de nosotros.
