¿Qué es una "Mano Dura"?
En cierta ocasión, siendo un adolescente, caminaba por la avenida del Frente en la ciudad de Colón. Me detuve con temor a un costado del edificio del Correo. Dos agentes de la Guardia Nacional golpeaban a un hombre. Lo pusieron contra la pared y vi puñetazos, toletazos, sobre el cuerpo de aquel individuo. Me quedé paralizado cerca de otros curiosos. "¡¿Qué miran?!", gritó uno de los agentes. Y agregó: "¡Se largan!". No sabía lo que ocurría, pero no olvido la escena.
Años después fuimos capaces de comprender que semejante represión -la mano dura coercitiva-, no era ajena al método y a los valores propios de las reglas con las que se impone el orden público. La violencia institucional forma parte del quehacer cotidiano en sociedades cuyos proyectos sociales fracasan y, por tanto, el accionar del Estado se basa en el desconocimientos de los derechos más elementales. El operativo "Mano Dura" y el proyecto de ley que habla de endurecer las penas a los menores gira en esa dirección; su lógica no hace otra cosa sino reconocer que el discursos oficial de la "igualdad de oportunidades y derechos humanos", los programas de organismos y la estructura legal de protección a los menores y la niñez, han caído sino en saco roto por lo menos en un vacío sin fondo.
Tengamos presente que la protección de ese sector de la población es parte de un movimiento a escala regional, con patrocinio de organismo internacionales. Ahí encontramos la definición de políticas orientadas con una perspectiva de cultura de paz, no construidas cabalmente, pero sobre las cuales se debe incentivar una vocación, algo así como un "espíritu nuevo", contraria a la represión sobre los cuerpos. Por lo menos, esa es la intención.
Si la clase gobernante panameña se distancia de esos conceptos y hecha mano de la "violencia institucional" como respuesta a la "violencia en las calles", demuestra con esto lo lejos que están de comprender la vía correcta -o digamos, la más adecuada científicamente-, para sustanciar la dirección de nuestra sociedad sujetándola a valores humanos. Ya de hecho son varias las denuncias de los exceso de la fuerza del "Operativo", aun cuando, en la lectura de la Ley 18 de la Policía, la misma se fundamenta en el respeto a los Derechos Humanos; y sus miembros se comprometen con ellos es su juramento.
¿Hasta dónde las causas del deterioro de las buenas costumbres de algunos jóvenes se asocia con el deterioro de nuestras propias instituciones? ¿No han venido actuando quienes administran el poder como anti-escuela con ejemplos negativos para con nuestros jóvenes? Si no lo creemos, veamos los actos anti-éticos de los últimos años; al final es como si nada ha ocurrido. ¿Hasta dónde la persistencia de una estructura basada en la corrupción (en los "delitos" de cuello blanco), en la anti-democracia y un modo de vida basada en el hambre de muchos y en el enriquecimiento de pocos; hasta dónde ello presiona la degradación radical de los comportamientos?
En un Panamá sin equidad y marginalidad generalizada, de creciente desempleo y ausencia de valores, ¿qué se puede esperar? Al tratar correctamente la naturaleza del problema en consideración, colegimos que es necesario hacerlo dentro de una política permanente, no coyunturalista como lo es aquello de mano dura, y con los soportes de una seguridad democrática cuya base esté sustanciada en los derechos humanos, en la cultura de paz, además de materializarse -y esto es esencial, en la real participación de las mayorías de las riquezas nacionales de manera que sea efectiva la democracia con desarrollo humano.
En fin, con todo y aquello de que los menores y la misma actividad delictiva merece un tratamiento urgente, y que es aceptable el debate sobre la cuantía de la pena en determinados delitos, nada de esto debe llevarse adelante a punta de cañón. No es justo matar al enfermo so pretexto de curar la enfermedad. La seguridad que exige la población debe fundamentarse en una cultura y una educación que transforme; que una y otra sean el sustento de una sociedad más justa, con oportunidades a vivir en condiciones aceptables y en equidad. Si estas cosas están ausente, entonces cualquier política, incluso la más radica, no encontrará terreno fértil.
(djayans@hotmail.com)
Años después fuimos capaces de comprender que semejante represión -la mano dura coercitiva-, no era ajena al método y a los valores propios de las reglas con las que se impone el orden público. La violencia institucional forma parte del quehacer cotidiano en sociedades cuyos proyectos sociales fracasan y, por tanto, el accionar del Estado se basa en el desconocimientos de los derechos más elementales. El operativo "Mano Dura" y el proyecto de ley que habla de endurecer las penas a los menores gira en esa dirección; su lógica no hace otra cosa sino reconocer que el discursos oficial de la "igualdad de oportunidades y derechos humanos", los programas de organismos y la estructura legal de protección a los menores y la niñez, han caído sino en saco roto por lo menos en un vacío sin fondo.
Tengamos presente que la protección de ese sector de la población es parte de un movimiento a escala regional, con patrocinio de organismo internacionales. Ahí encontramos la definición de políticas orientadas con una perspectiva de cultura de paz, no construidas cabalmente, pero sobre las cuales se debe incentivar una vocación, algo así como un "espíritu nuevo", contraria a la represión sobre los cuerpos. Por lo menos, esa es la intención.
Si la clase gobernante panameña se distancia de esos conceptos y hecha mano de la "violencia institucional" como respuesta a la "violencia en las calles", demuestra con esto lo lejos que están de comprender la vía correcta -o digamos, la más adecuada científicamente-, para sustanciar la dirección de nuestra sociedad sujetándola a valores humanos. Ya de hecho son varias las denuncias de los exceso de la fuerza del "Operativo", aun cuando, en la lectura de la Ley 18 de la Policía, la misma se fundamenta en el respeto a los Derechos Humanos; y sus miembros se comprometen con ellos es su juramento.
¿Hasta dónde las causas del deterioro de las buenas costumbres de algunos jóvenes se asocia con el deterioro de nuestras propias instituciones? ¿No han venido actuando quienes administran el poder como anti-escuela con ejemplos negativos para con nuestros jóvenes? Si no lo creemos, veamos los actos anti-éticos de los últimos años; al final es como si nada ha ocurrido. ¿Hasta dónde la persistencia de una estructura basada en la corrupción (en los "delitos" de cuello blanco), en la anti-democracia y un modo de vida basada en el hambre de muchos y en el enriquecimiento de pocos; hasta dónde ello presiona la degradación radical de los comportamientos?
En un Panamá sin equidad y marginalidad generalizada, de creciente desempleo y ausencia de valores, ¿qué se puede esperar? Al tratar correctamente la naturaleza del problema en consideración, colegimos que es necesario hacerlo dentro de una política permanente, no coyunturalista como lo es aquello de mano dura, y con los soportes de una seguridad democrática cuya base esté sustanciada en los derechos humanos, en la cultura de paz, además de materializarse -y esto es esencial, en la real participación de las mayorías de las riquezas nacionales de manera que sea efectiva la democracia con desarrollo humano.
En fin, con todo y aquello de que los menores y la misma actividad delictiva merece un tratamiento urgente, y que es aceptable el debate sobre la cuantía de la pena en determinados delitos, nada de esto debe llevarse adelante a punta de cañón. No es justo matar al enfermo so pretexto de curar la enfermedad. La seguridad que exige la población debe fundamentarse en una cultura y una educación que transforme; que una y otra sean el sustento de una sociedad más justa, con oportunidades a vivir en condiciones aceptables y en equidad. Si estas cosas están ausente, entonces cualquier política, incluso la más radica, no encontrará terreno fértil.
(djayans@hotmail.com)
