¿Qué estará pasando en el MEF?
LAS CRÍTICAS SOBRE el pobre desempeño de la justicia se vierten, no siempre justificadamente, sobre el Organo Judicial. Acusan a los jueces de vagos, que se venden, son venales o trafican influencias. Por eso, siempre la "sociedad civil" pide reformas a los Códigos Penal y Judicial, pensando que con bien discutidos cambios mejoraremos la justicia en Panamá. En cierto grado sí, pero nos olvidamos que la justicia no sólo la imparten magistrados y jueces, y las investigaciones no sólo las hacen fiscales. Una de esas es el Organo Ejecutivo donde se imparte la justicia administrativa, que afecta directamente a quienes reclaman se les haga justicia rápida y expedita en aspectos diferentes a los de la justicia ordinaria y que a diario se comenten atrocidades y abusos, sin que muchos se den cuenta de ello. Uno de esos casos: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Allí, además de excesiva mora, convive la actitud de no me importa de muchos funcionarios, partiendo por los más encumbrados; eso sí, nadie les dice nada ni los acusa de mora ni de otras cosas. Para la "sociedad civil" no existen.
A finales de 2005 se clausuraron dos entidades: la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y la Corporación Financiera Nacional (COFINA), pasando sus funciones al MEF, quien luego de un año no las ha asumido eficazmente. El resultado: millonarias inversiones que manejaba la ARI han quedado en el limbo, paralizadas, y casos de COFINA, no se resuelven porque al igual que con la ARI se tiran la pelota del MEF a la Contraloría y viceversa. No han podido con la múcura, perjudicando el desarrollo nacional, al que están obligados a fomentar.
En materia de demandas de bienes ocultos del Estado, el MEF es el responsable de tramitarlas. En vez de estimular a la ciudadanía su presentación ante la posibilidad de recobro de multimillonarias sumas a favor del Tesoro, el MEF es un permanente obstáculo para que estas demandas prosperen. Pareciera que, además de haberse olvidado de que entre las promesas electorales del presidente Torrijos se incluyó el atender diligentemente estas demandas, cuando presento una nueva demanda de bien oculto del Estado, molesto a los abogados del MEF.
Me ha ocurrido en par de ocasiones que de manera furtiva soplan a los denunciados de demandas que afectan sus intereses y hasta le suministran copias de los expedientes, lo cual podría tipificarse como delito de infidencia, cuando son procedimientos que los demandados no tienen acceso, sino hasta que se determine si hay o no bien oculto. Ha habido casos en donde la posible infidencia oficial ha motivado el despido de los supuestos informantes del bien oculto. Las decisiones del MEF son tan superficiales, insustanciales o simples que pareciera le tiran la toalla a los denunciados que pueden constituir una ofensa hasta para un estudiante de Derecho. Históricamente sus funcionarios -con este constante comportamiento- se olvidan de que denunciantes como yo somos los verdaderos aliados y defensores del Estado en la protección y custodia de su patrimonio.
Donde más problema he tenido es con los casos que denuncio contra Cable & Wireless (C&W), sean éstos de bienes ocultos o requiriendo información sobre lo que deberían saber los funcionarios que nos representan en su Junta Directiva, comenzando por el ministro Carlos Vallarino. Una vez, al pedir información sobre esa empresa, donde todos somos dueños del 49% -o creemos que somos dueños de ese porcentaje-, remitió mi carta petición a la misma empresa, quien contestó negando lo que yo argumentaba; esa carta respuesta nunca me llegó. Sería como si a un ladrón se le preguntara si robó o no.
Desde el 5 de septiembre pasado remití al ministro Vallarino unos cuestionamientos sobre los supuestos Estados Financieros de C&W del periodo 2004-2005, en donde a juicio de contadores que los revisaron, podían darse una serie de irregularidades que podrían caer en la esfera penal. Hasta hoy, más de 60 días después, no he recibido respuesta. Me he acercado a otras instituciones en busca de apoyo, sin lograrlo: Procuraduría General de la Nación, Arzobispado de Panamá, Comisión de Justicia y Paz, Transparencia Internacional, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, por mencionar algunas. He recibido respuesta del contralor Kusniecky, quien espera a su vez las explicaciones del ministro Vallarino que no he recibido yo. También de la Secretaria Anticorrupción, Alma Montenegro de Fletcher, quien calculo pronto iniciara sus investigaciones; y de la Defensoría del Pueblo, que con energía siento que está tratando de ayudar, sobre todo porque desde junio de 2006 la Corte Suprema de Justicia declaró que los Estados Financieros de C&W son públicos; pero no hay funcionario de este gobierno que se atreva a hacerlos públicos, a pesar de que nos han hecho creer falsamente que somos dueños del 49% de sus acciones. ¿Por qué será? ¿Qué otros intereses habrá detrás de esta especie de lentitud y silencio administrativo? Ahora se dan cuenta por qué pregunto, ¿qué diablos estará pasando en el MEF?
A finales de 2005 se clausuraron dos entidades: la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y la Corporación Financiera Nacional (COFINA), pasando sus funciones al MEF, quien luego de un año no las ha asumido eficazmente. El resultado: millonarias inversiones que manejaba la ARI han quedado en el limbo, paralizadas, y casos de COFINA, no se resuelven porque al igual que con la ARI se tiran la pelota del MEF a la Contraloría y viceversa. No han podido con la múcura, perjudicando el desarrollo nacional, al que están obligados a fomentar.
En materia de demandas de bienes ocultos del Estado, el MEF es el responsable de tramitarlas. En vez de estimular a la ciudadanía su presentación ante la posibilidad de recobro de multimillonarias sumas a favor del Tesoro, el MEF es un permanente obstáculo para que estas demandas prosperen. Pareciera que, además de haberse olvidado de que entre las promesas electorales del presidente Torrijos se incluyó el atender diligentemente estas demandas, cuando presento una nueva demanda de bien oculto del Estado, molesto a los abogados del MEF.
Me ha ocurrido en par de ocasiones que de manera furtiva soplan a los denunciados de demandas que afectan sus intereses y hasta le suministran copias de los expedientes, lo cual podría tipificarse como delito de infidencia, cuando son procedimientos que los demandados no tienen acceso, sino hasta que se determine si hay o no bien oculto. Ha habido casos en donde la posible infidencia oficial ha motivado el despido de los supuestos informantes del bien oculto. Las decisiones del MEF son tan superficiales, insustanciales o simples que pareciera le tiran la toalla a los denunciados que pueden constituir una ofensa hasta para un estudiante de Derecho. Históricamente sus funcionarios -con este constante comportamiento- se olvidan de que denunciantes como yo somos los verdaderos aliados y defensores del Estado en la protección y custodia de su patrimonio.
Donde más problema he tenido es con los casos que denuncio contra Cable & Wireless (C&W), sean éstos de bienes ocultos o requiriendo información sobre lo que deberían saber los funcionarios que nos representan en su Junta Directiva, comenzando por el ministro Carlos Vallarino. Una vez, al pedir información sobre esa empresa, donde todos somos dueños del 49% -o creemos que somos dueños de ese porcentaje-, remitió mi carta petición a la misma empresa, quien contestó negando lo que yo argumentaba; esa carta respuesta nunca me llegó. Sería como si a un ladrón se le preguntara si robó o no.
Desde el 5 de septiembre pasado remití al ministro Vallarino unos cuestionamientos sobre los supuestos Estados Financieros de C&W del periodo 2004-2005, en donde a juicio de contadores que los revisaron, podían darse una serie de irregularidades que podrían caer en la esfera penal. Hasta hoy, más de 60 días después, no he recibido respuesta. Me he acercado a otras instituciones en busca de apoyo, sin lograrlo: Procuraduría General de la Nación, Arzobispado de Panamá, Comisión de Justicia y Paz, Transparencia Internacional, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, por mencionar algunas. He recibido respuesta del contralor Kusniecky, quien espera a su vez las explicaciones del ministro Vallarino que no he recibido yo. También de la Secretaria Anticorrupción, Alma Montenegro de Fletcher, quien calculo pronto iniciara sus investigaciones; y de la Defensoría del Pueblo, que con energía siento que está tratando de ayudar, sobre todo porque desde junio de 2006 la Corte Suprema de Justicia declaró que los Estados Financieros de C&W son públicos; pero no hay funcionario de este gobierno que se atreva a hacerlos públicos, a pesar de que nos han hecho creer falsamente que somos dueños del 49% de sus acciones. ¿Por qué será? ¿Qué otros intereses habrá detrás de esta especie de lentitud y silencio administrativo? Ahora se dan cuenta por qué pregunto, ¿qué diablos estará pasando en el MEF?
