¿Qué pasa con los casos de corrupción? ¡Nada!
Al inicio de un nuevo gobierno, se publicita el hallazgo de contratos amañados, obras inconclusas, pagos abultados y demás actos que enturbian la administración pública. Estas conmociones en el pasado, casi siempre terminaban en el cajón del olvido y de la impunidad.
El Gobierno del Cambio, ha dicho enfáticamente que esto no sucederá esta vez y que “Se Acabó el Relajo”. ¿Las leyes vigentes podrán acompañar al nuevo mandatario a que se haga justicia, de una vez por todas? ¿El Ministerio Público tiene todas las herramientas para realizar todas estas pesquisas?
En efecto, los actos contra la Administración Pública, causan malestar en la comunidad, ya que afectando la hacienda pública, se comete un acto malvado, el más abominable de todos, privando a todo un pueblo, de tener mejores condiciones de vida. En este sentido, nuestra normas legales, contienen los elementos necesarios y suficientes para que las investigaciones criminales, se lleven a cabo con la diligencia debida, a fin de procurar condenas ejemplarizantes. Y es que, a pesar que muchos condenan estas investigaciones, denominándolas caserías de brujas para contentar a la plebe, lejos de esto, el pueblo necesita sentirse confiado, que sus impuestos serán bien custodiados y justamente invertidos para el provecho de las mayorías.
La ciudadanía ha mostrado su complacencia con la actuación del ministerio público, sobre todos aquellos actos de presunto peculado o corrupción. La percepción podría traducirse en; por fin los peces gordos están cayendo al sartén. Parece que el mal ejemplo de la impunidad, se está poniendo en cintura. Sin embargo, para que el trabajo sea completo, los actos delictuosos deberán perseguirse, no importa si el personaje es de oposición o de gobierno. La citada investigación, deberá contener todas las garantías constitucionales requeridas y las pruebas deben ser contundentes, sin lugar para la duda razonable. De nada sirve, difundir que se está investigando un caso de alto perfil, si al final, por deficiencias en la forma y el fondo, la misma se archiva por inconsistencias técnicas.
Los nuevos funcionarios, deben estar conscientes, que el cargo que ocupan, además que un honor, es una responsabilidad que exige seriedad, honestidad, probidad y sacrificio. Si no están dispuestos, mejor será que se retiren con dignidad, ya que la negligencia de sus acciones u omisiones, podría acarrearles responsabilidades incluso en la esfera penal.
Por último, las autoridades del ministerio público y órgano judicial, deberán ser autocríticas y procurar que el exiguo recurso que poseen, no sea óbice para hacerle justicia a todo un pueblo. De igual forma, como órgano independiente, no deben plegarse a los vaivenes de la política, ni a las venganzas personales.
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