¿Qué tan cerca de Costa Rica estamos?
No puede subestimarse la importancia de las acciones que las autoridades judiciales costarricenses han llevado a cabo en la investigación y persecución de delitos de corrupción en los que aparecen directamente implicados ex presidentes de la República y ex ministros de Estado de ese país. Es una clara demostración acerca de cómo funciona el Estado de derecho y cuál debe ser la actitud de la ciudadanía, independientemente de si está afiliada a un partido político o no.
En Panamá son ya varias y variadas las voces que han expresado públicamente la necesidad de que aquí también le demos el mismo tratamiento a los corruptos, sin miramientos por la noble investidura que en su momento ostentaron. Quizás conviene preguntarse si es verdad que aquí estamos tan cerca de tener a uno, o dos ex presidentes, tras las rejas tal y como ha ocurrido en un tiempo muy corto en el hermano país.
Costa Rica hizo su revolución en 1948 y desde entonces abolió el ejército. Tiene, por lo tanto, más de medio siglo ininterrumpido de un indisputado mando civil. Sus instituciones han evolucionado sin sobresaltos y los servidores judiciales gozan de estabilidad en el cargo y del respeto de sus conciudadanos. Los magistrados de la Corte Suprema, que en Costa Rica son 21, son nombrados por la Asamblea por un periodo de ocho años, pero la decisión de no prorrogarles el periodo debe contar con el voto favorable de los dos tercios de la cámara legislativa. La credibilidad de que goza la Corte Suprema no es el mero resultado de la dignidad natural de los individuos que la componen, es ante todo el producto de un diseño construido a partir de normas jurídicas claras y sencillas de aplicar, que ha mostrado su aptitud a través del tiempo.
Si dos ex presidentes de la República han sido encarcelados, ¿no quiere esto decir que el Estado costarricense está corrompido hasta el tuétano? Pues no, más bien todo lo contrario, lo que eso significa es que hay unas instituciones que funcionan. Pero si hay dos ex presidentes presos, ¿las fuerzas que los respaldan no estarán tramando el derrocamiento del actual mandatario, que dicho sea de paso es del mismo partido que los reos en cuestión? Pues tampoco, ya que no es legítimo que los ex presidentes busquen respaldo político cuando se les investiga penalmente y porque las instituciones que realizan un proceso de esta naturaleza tienen la independencia y la credibilidad social y política para hacerlo.
¿Cuáles son los recursos con los que contamos en Panamá para enfrentar una situación similar? Tenemos una Corte Suprema y una Procuraduría duramente cuestionadas por partidos políticos, sectores obreros, sindicales, universitarios, medios de comunicación y organismos no gubernamentales. Imaginemos que tras una sorprendente orden de arresto, la Corte se vea abocada a decidir un recurso de Hábeas Corpus. Todos sabemos qué pasaría: habría una mayoría en el máximo tribunal que revocaría la detención sobre la base de algún eufemismo o leguleyada. Como esta premonición, que me atrevo a compartir, es colectiva, es muy difícil que haya algún funcionario, actualmente ocupando el cargo, que se atreva a esgrimir la guadaña de la justicia contra un ex mandatario, pues éste, o ésta, tendrá todos los recursos a su alcance, no sólo para defenderse, sino incluso para tomar venganza contra el atrevido.
¿Cómo reaccionaría la ciudadanía? Como lo ha hecho siempre: fraccionadamente de acuerdo a los intereses de grupo. Y no me refiero sólo a los partidos políticos. Lo mismo se puede decir de la llamada sociedad civil, que no es un santuario impoluto.
No soy negativo ni pesimista: echemos un vistazo a las reacciones publicadas en los medios. Hay gente que cree que no se puede investigar un delito primero y otro después, sino que hay que investigarlos todos al mismo tiempo. Si así fuera, tendríamos que empezar en 1903. ¿Por qué me van a investigar a mí si no te han investigado a ti? También se ha dicho que hay persecución política, como si no fueron más bien los sectores no gubernamentales los que demandan que se haga justicia. La ex mandataria dijo que el gobierno tiene "sed de sangre". No me parece. Quien tiene sed de sangre es la sociedad, no el gobierno. Hay, incluso, quienes ponen en duda que el Presidente tenga el respaldo político suficiente para avanzar en este terreno.
Las elecciones se ganaron ampliamente sobre la base de la consigna "Cero Corrupción" y el gobierno todavía tiene que demostrar que está a la altura de este compromiso. Pero hay que tener cuidado con el rol que debe tener el Ejecutivo en esta lucha. El Presidente de la República no investiga ni sentencia, pero es el único que puede mantener viva la llama de la indignación ciudadana y darle confianza a la sociedad de que en Panamá también se pueden procesar los delitos de alta corrupción en el sector público sin que eso signifique una crisis de estabilidad política y sin que haya consecuencias negativas para los individuos que tienen que cumplir con tan delicadas funciones.
La sociedad organizada (lo que incluye a los partidos) también tiene que hacer su aporte y abstenerse de cohonestar los abusos y las arbitrariedades cometidas en el pasado reciente. Y, como lo hizo Adam Smith, apelo, no al discurso altruista de renunciamiento y sacrificio, sino a los propios intereses de las distintas organizaciones, cuya mejor salvaguarda está cada vez menos en las personas y más en las instituciones perdurables. Si cada organización puede hacer un cambio en esta dirección, podremos tener una mejor sociedad.
No estamos en Costa Rica, ciertamente. Para llegar allí debemos tener antes la claridad de miras y la fortaleza en la voluntad para recorrer unos buenos kilómetros, sin pausa ni distracción.
En Panamá son ya varias y variadas las voces que han expresado públicamente la necesidad de que aquí también le demos el mismo tratamiento a los corruptos, sin miramientos por la noble investidura que en su momento ostentaron. Quizás conviene preguntarse si es verdad que aquí estamos tan cerca de tener a uno, o dos ex presidentes, tras las rejas tal y como ha ocurrido en un tiempo muy corto en el hermano país.
Costa Rica hizo su revolución en 1948 y desde entonces abolió el ejército. Tiene, por lo tanto, más de medio siglo ininterrumpido de un indisputado mando civil. Sus instituciones han evolucionado sin sobresaltos y los servidores judiciales gozan de estabilidad en el cargo y del respeto de sus conciudadanos. Los magistrados de la Corte Suprema, que en Costa Rica son 21, son nombrados por la Asamblea por un periodo de ocho años, pero la decisión de no prorrogarles el periodo debe contar con el voto favorable de los dos tercios de la cámara legislativa. La credibilidad de que goza la Corte Suprema no es el mero resultado de la dignidad natural de los individuos que la componen, es ante todo el producto de un diseño construido a partir de normas jurídicas claras y sencillas de aplicar, que ha mostrado su aptitud a través del tiempo.
Si dos ex presidentes de la República han sido encarcelados, ¿no quiere esto decir que el Estado costarricense está corrompido hasta el tuétano? Pues no, más bien todo lo contrario, lo que eso significa es que hay unas instituciones que funcionan. Pero si hay dos ex presidentes presos, ¿las fuerzas que los respaldan no estarán tramando el derrocamiento del actual mandatario, que dicho sea de paso es del mismo partido que los reos en cuestión? Pues tampoco, ya que no es legítimo que los ex presidentes busquen respaldo político cuando se les investiga penalmente y porque las instituciones que realizan un proceso de esta naturaleza tienen la independencia y la credibilidad social y política para hacerlo.
¿Cuáles son los recursos con los que contamos en Panamá para enfrentar una situación similar? Tenemos una Corte Suprema y una Procuraduría duramente cuestionadas por partidos políticos, sectores obreros, sindicales, universitarios, medios de comunicación y organismos no gubernamentales. Imaginemos que tras una sorprendente orden de arresto, la Corte se vea abocada a decidir un recurso de Hábeas Corpus. Todos sabemos qué pasaría: habría una mayoría en el máximo tribunal que revocaría la detención sobre la base de algún eufemismo o leguleyada. Como esta premonición, que me atrevo a compartir, es colectiva, es muy difícil que haya algún funcionario, actualmente ocupando el cargo, que se atreva a esgrimir la guadaña de la justicia contra un ex mandatario, pues éste, o ésta, tendrá todos los recursos a su alcance, no sólo para defenderse, sino incluso para tomar venganza contra el atrevido.
¿Cómo reaccionaría la ciudadanía? Como lo ha hecho siempre: fraccionadamente de acuerdo a los intereses de grupo. Y no me refiero sólo a los partidos políticos. Lo mismo se puede decir de la llamada sociedad civil, que no es un santuario impoluto.
No soy negativo ni pesimista: echemos un vistazo a las reacciones publicadas en los medios. Hay gente que cree que no se puede investigar un delito primero y otro después, sino que hay que investigarlos todos al mismo tiempo. Si así fuera, tendríamos que empezar en 1903. ¿Por qué me van a investigar a mí si no te han investigado a ti? También se ha dicho que hay persecución política, como si no fueron más bien los sectores no gubernamentales los que demandan que se haga justicia. La ex mandataria dijo que el gobierno tiene "sed de sangre". No me parece. Quien tiene sed de sangre es la sociedad, no el gobierno. Hay, incluso, quienes ponen en duda que el Presidente tenga el respaldo político suficiente para avanzar en este terreno.
Las elecciones se ganaron ampliamente sobre la base de la consigna "Cero Corrupción" y el gobierno todavía tiene que demostrar que está a la altura de este compromiso. Pero hay que tener cuidado con el rol que debe tener el Ejecutivo en esta lucha. El Presidente de la República no investiga ni sentencia, pero es el único que puede mantener viva la llama de la indignación ciudadana y darle confianza a la sociedad de que en Panamá también se pueden procesar los delitos de alta corrupción en el sector público sin que eso signifique una crisis de estabilidad política y sin que haya consecuencias negativas para los individuos que tienen que cumplir con tan delicadas funciones.
La sociedad organizada (lo que incluye a los partidos) también tiene que hacer su aporte y abstenerse de cohonestar los abusos y las arbitrariedades cometidas en el pasado reciente. Y, como lo hizo Adam Smith, apelo, no al discurso altruista de renunciamiento y sacrificio, sino a los propios intereses de las distintas organizaciones, cuya mejor salvaguarda está cada vez menos en las personas y más en las instituciones perdurables. Si cada organización puede hacer un cambio en esta dirección, podremos tener una mejor sociedad.
No estamos en Costa Rica, ciertamente. Para llegar allí debemos tener antes la claridad de miras y la fortaleza en la voluntad para recorrer unos buenos kilómetros, sin pausa ni distracción.
