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¡Que viva la impunidad!


Calculo que eso mismo lo habrán gritado los funcionarios sinvergüenzas que leyeron la noticia con título “Tres años de prisión para funcionaria”. La información indicaba que la Juez Décimo Segunda de Circuito Penal, ante solicitud de una fiscalía anticorrupción, había condenado a Iveruska Mercedes Benjamín Farum por el delito de peculado doloso en perjuicio del Tribunal Electoral. El caso, que duró cinco años, trataba de acusación por sustraer B/ 2,533.50 propiedad de dicho tribunal “aprovechándose de su calidad e funcionaria”. Debo suponer que como se trata de primera instancia, se presentará la correspondiente apelación.

La fuente de quien redactó la noticia provenía del Órgano Judicial, como quien dice para que los panameños vean que los tribunales también condenan a algunos por corrupción.

Al leer semejante noticia, me siento que la misma refleja el fracaso rotundo de nuestro sistema judicial para combatir la corrupción, principal reto del próximo gobierno. Sólo en costo para el Erario Público ese inusual caso de condena habrá costado siete u ocho veces el monto de lo supuestamente robado.

¿Y qué pasa con todo lo que está saliendo últimamente y que de seguro se multiplicará cuando la gente se atreva a hablar más después del 1 de julio? Con lo que se robaron en Educación durante el presente gobierno, que sólo en la reparación de las escuelas de Arraiján por B/ 2.3 millones, la Contraloría General encontró que había un sobreprecio que casi llega al millón.

El problema, hecho público recientemente con las acusaciones mutuas entre el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, es mucho más profundo que lo que hemos visto. El ejemplo, que debe darse desde la misma cabeza del gobierno, no ha existido en ninguno de los dos últimos gobiernos. Siempre ha prevalecido el amiguismo, el temor reverencial, la influencia, al padrinazgo; se ha premiado el juega vivo. Las autoridades encargadas de hacer justicia simplemente se han amoldado a los parámetros que dictan de Palacio.

Como bien señala el Presidente Electo, desde ese cargo no se puede meter a nadie preso, pero sí se puede dar el ejemplo, urgiendo a las autoridades a que cumplan con su trabajo. La corrupción corroe la sociedad, menoscaba los recursos públicos para atender necesidades tan dramáticas como la educación y la salud; atenta contra la vida de muchos que, por la desviación de dineros del Estado para manos particulares, no tienen acceso a lo que el Estado, por obligación, tiene que darles. Cuando vemos noticias como la comentada debemos sentir pena por quienes imparten justicia. Los resultados de su labor no hacen otra cosa que fomentar la impunidad y ayudar a que, como si fuera una gracia, entren limpios y salgan millonarios.

101 años de Panamá América

 
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