Quiebra vs. reestructuración
La crisis económica que azota al país se manifiesta, entre otros, a través del número de embargos, secuestros y quiebras promovidos en los juzgados. Durante el último año, las cifras son dramáticas. Por ello, es oportuno hacer un alto para actualizar nuestra legislación sobre quiebras.
En este sentido, la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, promovió responsablemente desde ya hace un año y medio la preparación de un anteproyecto de ley para la reestructuración financiera de empresas. En vista de que el Ejecutivo no recogió el resultado de su esfuerzo, dos legisladores hicieron suyo el anteproyecto de la Cámara y lo presentaron a la Asamblea para su consideración.
El problema de la legislación vigente sobre quiebra, que ha sufrido cambios insignificantes desde que fue adoptada a principios de la República, es que está diseñada para intervenir a empresas en problemas financieros con el único objetivo de deslindar responsabilidades y liquidar sus activos para repartirlos entre sus acreedores.
Una vez una empresa suspende o incumple sus obligaciones financieras y sus acreedores deciden proceder en su contra, esa empresa está condenada a desaparecer, perdiéndose así preciados puestos de trabajo. Pero no todas las empresas caen en problemas financieros por causales indefendibles, como lo sería el despilfarro, la imprudencia y el fraude.
Los Adelag de este mundo son la excepción y no la regla. En algunos casos existen situaciones de insolvencia o iliquidez coyuntural, producidas por situaciones externas. En esos casos las empresas pueden ser salvadas a través de una reorganización ordenada, manteniéndose los puestos de trabajo y la posibilidad de generar riqueza. Para esas situaciones es que se quiere actualizar la legislación vigente.
El esfuerzo de la Cámara debe ser responsablemente evaluado por los legisladores, con la participación de empresarios y especialistas en derecho corporativo y comercial, para dotar al país, no de un parche, sino de una legislación moderna que disuada el abuso y el fraude, pero que acomode situaciones legítimas. Una empresa no son sólo sus dueños; son sus trabajadores y las familias que dependen de ellos. El país debe darle la oportunidad a los que se lo merecen, pero para ello se requiere legislación especializada.
En este sentido, la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, promovió responsablemente desde ya hace un año y medio la preparación de un anteproyecto de ley para la reestructuración financiera de empresas. En vista de que el Ejecutivo no recogió el resultado de su esfuerzo, dos legisladores hicieron suyo el anteproyecto de la Cámara y lo presentaron a la Asamblea para su consideración.
El problema de la legislación vigente sobre quiebra, que ha sufrido cambios insignificantes desde que fue adoptada a principios de la República, es que está diseñada para intervenir a empresas en problemas financieros con el único objetivo de deslindar responsabilidades y liquidar sus activos para repartirlos entre sus acreedores.
Una vez una empresa suspende o incumple sus obligaciones financieras y sus acreedores deciden proceder en su contra, esa empresa está condenada a desaparecer, perdiéndose así preciados puestos de trabajo. Pero no todas las empresas caen en problemas financieros por causales indefendibles, como lo sería el despilfarro, la imprudencia y el fraude.
Los Adelag de este mundo son la excepción y no la regla. En algunos casos existen situaciones de insolvencia o iliquidez coyuntural, producidas por situaciones externas. En esos casos las empresas pueden ser salvadas a través de una reorganización ordenada, manteniéndose los puestos de trabajo y la posibilidad de generar riqueza. Para esas situaciones es que se quiere actualizar la legislación vigente.
El esfuerzo de la Cámara debe ser responsablemente evaluado por los legisladores, con la participación de empresarios y especialistas en derecho corporativo y comercial, para dotar al país, no de un parche, sino de una legislación moderna que disuada el abuso y el fraude, pero que acomode situaciones legítimas. Una empresa no son sólo sus dueños; son sus trabajadores y las familias que dependen de ellos. El país debe darle la oportunidad a los que se lo merecen, pero para ello se requiere legislación especializada.
