¿Quién costea los partidos políticos?
El 15 de febrero de 1996 escribí, en este mismo espacio de opinión, artículo que intitulamos El financiamiento de los partidos políticos y en el que, entre otras cosas, expresé textualmente lo siguiente: "Los partidos políticos, esenciales en las democracias modernas, cada vez cumplen menos con sus cometidos y en vez de resultar, en su gran mayoría, instrumentos colectivos de expresión, son trampolín de grupos elitistas representantes de intereses sociales y económicos que no desean estar ausentes en la toma de decisiones. Los partidos pretenden, entre los principales cambios planteados, que el Estado financie los mismos y para ello aprovechan la coyuntura surgida en Colombia. Aluden que mediante el financiamiento de los partidos políticos, por cuenta del Estado, se evitará la infiltración de dineros de la droga en la campaña. Aducen que el financiamiento privado que reciben los partidos los condiciona y crea desequilibrios antidemocráticos que ponen en peligro la democracia". Hasta aquí la referida cita.
Lo cierto es que el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales siguen siento uno de los aspectos más oscuros de las democracias latinoamericanas. En general, los partidos políticos muestran resistencia a exponer públicamente el origen de sus fondos y la manera en que son utilizados. Y se sabe que normalmente las relaciones que se establecen entre los donantes y los candidatos conllevan una factura que es pagada, a través de favores políticos, cuando estos últimos llegan al poder.
Una vez superados los regímenes autoritarios en América Latina, en los cuales los procesos electorales servían únicamente para legitimar al dictador de turno, los partidos políticos y las elecciones, más o menos competitivas, han generado, en algunos casos, gobiernos surgidos efectivamente de la voluntad popular. Sin embargo, este primer avance en la institucionalización de la democracia en nuestros países, demanda una serie de ajustes y reformas al sistema político, que asegure no sólo la consulta popular mediante el ejercicio del sufragio universal, sino que supere algunas condiciones injustas que vuelven no equitativas las contiendas electorales. Entre ellas está la regulación del dinero que se mueve durante los procesos eleccionarios. Y el fenómeno no es privativo de sociedades de democracias emergentes como las de Panamá y otras del área. También Estados Unidos y otras naciones de larga tradición democrática han sufrido recientemente los efectos devastadores de este flagelo. La diferencia estriba en cómo se reacciona ante estos casos. Alemania castigó al partido del ex canciller Kohl, Francia y España a los gobiernos socialistas de Miterrand y Felipe González, para subrayar los casos más emblemáticos y recientes. En Estados Unidos, se abrieron sendas investigaciones por las llamadas que hizo Gore desde la Casa Blanca solicitando fondos.
En Panamá ésta sigue siendo una tarea pendiente de la democracia. Si bien algunas legislaciones regulan los límites del financiamiento privado, otras lo condicionan a la publicidad de los nombres de los donantes y la mayoría impone una obligación de rendir cuentas ante la autoridad competente, de sus ingresos y gastos electorales. En Panamá, jamás el Tribunal Electoral ha dado a conocer públicamente un detalle pormenorizado de cómo los partidos políticos hacen usos de la subvención y contribuciones que reciben. Lo cierto es que pareciera que se siguen introduciéndo dineros ocultos en la política, y como caso más reciente tenemos los miles de dólares que se mencionan provenientes del CEMIS.
La actividad del lavado de dinero proveniente de secuestros, narcotráfico, venta de armas, y demás actividades del crimen organizado, dada la vulnerabilidad de los sistemas y organismos contralores, sigue siendo una gran amenaza para la democracia representativa. Aunado a ello, la falta de transparencia en el financiamiento privado, permite que los grandes intereses corporativos que manejan las economías de nuestros países, sigan imponiendo gobiernos, controlando congresos y parlamentos dóciles a sus agendas, al financiar ilimitadamente a los partidos y candidatos que irán a representar sus intereses particulares y no los del pueblo que los eligió mediante el voto. Con ello se propicia el caldo de cultivo para la corrupción en la administración pública, ya que el representante no rinde cuentas a sus electores, sino que rinde lealtad a quien pagó sus cuentas de la campaña.
De ahí que se vuelva un imperativo para Panamá regular el financiamiento de la política, en todas sus expresiones, y hacer además, que se cumpla lo regulado, dotando de los instrumentos técnicos y jurídicos a las autoridades competentes, para llevar a cabo esta tarea.
Lo cierto es que el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales siguen siento uno de los aspectos más oscuros de las democracias latinoamericanas. En general, los partidos políticos muestran resistencia a exponer públicamente el origen de sus fondos y la manera en que son utilizados. Y se sabe que normalmente las relaciones que se establecen entre los donantes y los candidatos conllevan una factura que es pagada, a través de favores políticos, cuando estos últimos llegan al poder.
Una vez superados los regímenes autoritarios en América Latina, en los cuales los procesos electorales servían únicamente para legitimar al dictador de turno, los partidos políticos y las elecciones, más o menos competitivas, han generado, en algunos casos, gobiernos surgidos efectivamente de la voluntad popular. Sin embargo, este primer avance en la institucionalización de la democracia en nuestros países, demanda una serie de ajustes y reformas al sistema político, que asegure no sólo la consulta popular mediante el ejercicio del sufragio universal, sino que supere algunas condiciones injustas que vuelven no equitativas las contiendas electorales. Entre ellas está la regulación del dinero que se mueve durante los procesos eleccionarios. Y el fenómeno no es privativo de sociedades de democracias emergentes como las de Panamá y otras del área. También Estados Unidos y otras naciones de larga tradición democrática han sufrido recientemente los efectos devastadores de este flagelo. La diferencia estriba en cómo se reacciona ante estos casos. Alemania castigó al partido del ex canciller Kohl, Francia y España a los gobiernos socialistas de Miterrand y Felipe González, para subrayar los casos más emblemáticos y recientes. En Estados Unidos, se abrieron sendas investigaciones por las llamadas que hizo Gore desde la Casa Blanca solicitando fondos.
En Panamá ésta sigue siendo una tarea pendiente de la democracia. Si bien algunas legislaciones regulan los límites del financiamiento privado, otras lo condicionan a la publicidad de los nombres de los donantes y la mayoría impone una obligación de rendir cuentas ante la autoridad competente, de sus ingresos y gastos electorales. En Panamá, jamás el Tribunal Electoral ha dado a conocer públicamente un detalle pormenorizado de cómo los partidos políticos hacen usos de la subvención y contribuciones que reciben. Lo cierto es que pareciera que se siguen introduciéndo dineros ocultos en la política, y como caso más reciente tenemos los miles de dólares que se mencionan provenientes del CEMIS.
La actividad del lavado de dinero proveniente de secuestros, narcotráfico, venta de armas, y demás actividades del crimen organizado, dada la vulnerabilidad de los sistemas y organismos contralores, sigue siendo una gran amenaza para la democracia representativa. Aunado a ello, la falta de transparencia en el financiamiento privado, permite que los grandes intereses corporativos que manejan las economías de nuestros países, sigan imponiendo gobiernos, controlando congresos y parlamentos dóciles a sus agendas, al financiar ilimitadamente a los partidos y candidatos que irán a representar sus intereses particulares y no los del pueblo que los eligió mediante el voto. Con ello se propicia el caldo de cultivo para la corrupción en la administración pública, ya que el representante no rinde cuentas a sus electores, sino que rinde lealtad a quien pagó sus cuentas de la campaña.
De ahí que se vuelva un imperativo para Panamá regular el financiamiento de la política, en todas sus expresiones, y hacer además, que se cumpla lo regulado, dotando de los instrumentos técnicos y jurídicos a las autoridades competentes, para llevar a cabo esta tarea.
