¿Quién está mintiendo?
A finales de enero, una delegación del gobierno panameño viajó a Bogotá para tratar -una vez más- lo relativo a la seguridad de la frontera con nuestro país. Ese ya había sido el tema de otras visitas previas, incluso con la participación de la Señora Presidenta. Como en aquellas oportunidades, al regreso la misión informó haber alcanzado satisfactoriamente sus objetivos, anunciando que ahora sí el gobierno colombiano vigilará su lado de la frontera, para detener las criminales incursiones de irregulares colombianos. Según la canciller bogotana, a su vez, Panamá y Colombia acordaron que una comisión binacional examine los temas de seguridad relativos al tráfico de armas y drogas, y el retorno de los refugiados colombianos que están en Panamá, añadiendo que "ambos países utilizarán los recursos de la Iniciativa Andina para estas acciones bilaterales". Esa Iniciativa es una extensión del Plan Colombia para los países circunvecinos, con lo cual este anuncio implica que Panamá se adscribe a su ámbito y a las consecuencias que ello podrá tener, cosa que la Cancillería istmeña no ha desmentido
El miércoles 29 de enero, el comandante general de las fuerzas armadas de Colombia, Jorge Mora Rangel, declaró que "entre abril y agosto" se instalarán 15 puestos policiales a lo largo de la frontera con Panamá, para patrullarla. Agregó que los patrullajes serán "mixtos" entre militares colombianos y policías panameños, efectuándose desde la zona de Urabá, en el Atlántico, hasta la de Juradó, en el Pacífico. El general Mora Rangel sustentó la decisión en que dicha frontera es utilizada "para el comercio ilegal de armas". Esto es, desde el punto de vista colombiano, el objetivo de esa vigilancia fronteriza es detener el contrabando bélico, más que el de impedir que los paramilitares colombianos incursionen en nuestro país.
En efecto, poco antes el comandante de la Fuerza Naval de Pacífico, Álvaro Achandia, había anunciado el decomiso -cerca de la frontera- de un cargamento de armas. El capitán Achandía explicó que las mismas "al parecer procedían de Centroamérica y, tras ser reunidas en Panamá, eran distribuidas a sus destinos". El destinatario eran las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es decir, los paramilitares que cometieron los crímenes de Paya y Púcuro. De hecho, reiteradamente se ha denunciado que el territorio panameño es parte de un corredor de intercambio de armas que vienen del norte por cocaína que viaja en sentido opuesto.
El aciago anuncio de los patrullajes "mixtos" no fue desmentido por las autoridades panameñas cuando se publicó, el jueves 30 de enero, en la prensa de ambos países. Sin embargo, el lunes 3 de febrero Martín Torrijos denunció en un programa matutino de radio y televisión que eso significaba exponer a los policías panameños al fuego de los adversarios del ejército colombiano. A eso cabe agregarle que, por añadidura, eso nos involucraría en un conflicto ajeno y subordinaría a Panamá a los avatares del Plan Colombia (o de la Iniciativa Andina, como prefirió decirlo la cancillería bogotana).
Sólo entonces el canciller Harmodio Arias telefoneó improvisadamente a dicho programa, para afirmar que no se había acordado realizar dichos patrullajes conjuntos. Esto nos pone a todos -panameños o colombianos- en una disyuntiva: ¿a cuál de ambos creerle? O, lo que es lo mismo, ¿quién está mintiendo? En cualquier caso, la afirmación del Canciller Arias tiene un pecado de origen que es frecuente en el gobierno que hoy padecemos. Aunque niega que los acuerdos incluyan tales patrullajes, tampoco aclara qué fue lo acordado pues, ahora como antes, esto sigue sin informarse debidamente a la opinión pública nacional.
*El autor fue Embajador en México y Belice.
Manifestó que el problema del déficit es la razón por la cual el MEF se demora en publicar las cifras económicas... Señaló también que el manejo de las cifras de cierre de año a través del atraso de los pagos de las obras contratadas no es más que pasar el problema de un año para otro. "Eso es lo que llamamos medidas no ortodoxas La medida efectiva para controlar el problema del déficit está en tratar de reducir los gastos de funcionamiento del Gobierno y aumentar los ingresos", dijo la economista.
Séptimo, los economistas de INDESA, la más antigua y experimentada firma panameña independiente de asesoría económica, en varias oportunidades pronosticaron un inusitado aumento del déficit. No sorprendería, por lo tanto, en lo más mínimo que, si dijera la verdad, el Gobierno tuviera que reconocer que ha sobrepasado el déficit legalmente permitido y posiblemente que lo ha duplicado.
4. ¿Por qué trataría el Gobierno de encubrirlo? Cada vez que el Gobierno hace una transacción financiera con un agente externo, este exige de la Procuraduría de la Administración una confirmación de que la transacción se ajusta a las leyes panameñas y en caso de la contratación de préstamos la Procuradora de la Administración exige del MEF un certificado de que no se ha violado el límite del déficit del 2% del PIB. Si el MEF hubiera dado este certificado sin ajustarse a la verdad, sus altos funcionarios serían culpables de un delito punible por ley. Esta podría ser una razón para el encubrimiento, además del deseo político del oficialismo de negar el desastre económico y financiero al que ha llevado al país.
5. El daño que se le causa así a la Autoridad del Canal de Panamá es evidente y grave. Se rebaja su autonomía a la de cualquier ente autónomo, tal la Caja de Seguro Social, que muchas veces sirve de prestamista obligado del Gobierno Central. Una vez que se dé el primer paso en dicha dirección, es de temer que se siga erosionando la autonomía de la ACP, lo que sería funesto para mantenerla al margen de una indebida politización. El nombramiento de 40 funcionarios por el pasado Ministro del Canal, que en realidad era únicamente el Presidente de la Junta Directiva de la ACP con rango de Ministro, y su despido de un día para otro por su sustituto responden a la politiquería más nociva. La politización ya busca infiltrarse en la ACP. Peor aún, para la ACP obtener una evaluación crediticia más favorable que la del Gobierno Central es de por sí difícil y la consolidación de sus resultados con los del Sector Público No Financiero lo hace más difícil todavía, lo que podría encarecer la expansión del Canal y hacerla financieramente inviable.
En un aparente desespero por justificar el encubrimiento de la violación del déficit permitido, el oficialismo ha recurrido a la opinión de un representante del Fondo Monetario Internacional (probablemente ignorante de nuestra Constitución y de nuestra cultura política), cual discípulo obediente que fundamenta su acción en el librito de su maestro. Pero se olvida que el maestro también enseña que "el ranking que pueda tener una institución dependerá únicamente de su manejo financiero y operativo". Y somos nosotros los panameños y no ningún funcionario de las IFIS quienes hemos de decidir como garantizar el mejor manejo de nuestro Canal y cómo protegerlo de nuestros propios errores y antivalores, tal que lo hemos hecho otorgándole una autonomía extraordinaria y única a la ACP.
¿Será mucho esperar que el país sepa la opinión de la Junta Directiva y de los más altos funcionarios de la Autoridad del Canal sobre este tema y que, conscientes de su responsabilidad constitucional e histórica ante el país, tomen alguna iniciativa sopesada ante el Ministro de Economía y Finanzas y si es necesario ante la Presidenta de la República, para que se evite este doble daño a la Autoridad del Canal de Panamá y, en consecuencia a los intereses fundamentales de nuestra nación y de nuestro pueblo?
(ariyan@sinfo.net)
El miércoles 29 de enero, el comandante general de las fuerzas armadas de Colombia, Jorge Mora Rangel, declaró que "entre abril y agosto" se instalarán 15 puestos policiales a lo largo de la frontera con Panamá, para patrullarla. Agregó que los patrullajes serán "mixtos" entre militares colombianos y policías panameños, efectuándose desde la zona de Urabá, en el Atlántico, hasta la de Juradó, en el Pacífico. El general Mora Rangel sustentó la decisión en que dicha frontera es utilizada "para el comercio ilegal de armas". Esto es, desde el punto de vista colombiano, el objetivo de esa vigilancia fronteriza es detener el contrabando bélico, más que el de impedir que los paramilitares colombianos incursionen en nuestro país.
En efecto, poco antes el comandante de la Fuerza Naval de Pacífico, Álvaro Achandia, había anunciado el decomiso -cerca de la frontera- de un cargamento de armas. El capitán Achandía explicó que las mismas "al parecer procedían de Centroamérica y, tras ser reunidas en Panamá, eran distribuidas a sus destinos". El destinatario eran las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es decir, los paramilitares que cometieron los crímenes de Paya y Púcuro. De hecho, reiteradamente se ha denunciado que el territorio panameño es parte de un corredor de intercambio de armas que vienen del norte por cocaína que viaja en sentido opuesto.
El aciago anuncio de los patrullajes "mixtos" no fue desmentido por las autoridades panameñas cuando se publicó, el jueves 30 de enero, en la prensa de ambos países. Sin embargo, el lunes 3 de febrero Martín Torrijos denunció en un programa matutino de radio y televisión que eso significaba exponer a los policías panameños al fuego de los adversarios del ejército colombiano. A eso cabe agregarle que, por añadidura, eso nos involucraría en un conflicto ajeno y subordinaría a Panamá a los avatares del Plan Colombia (o de la Iniciativa Andina, como prefirió decirlo la cancillería bogotana).
Sólo entonces el canciller Harmodio Arias telefoneó improvisadamente a dicho programa, para afirmar que no se había acordado realizar dichos patrullajes conjuntos. Esto nos pone a todos -panameños o colombianos- en una disyuntiva: ¿a cuál de ambos creerle? O, lo que es lo mismo, ¿quién está mintiendo? En cualquier caso, la afirmación del Canciller Arias tiene un pecado de origen que es frecuente en el gobierno que hoy padecemos. Aunque niega que los acuerdos incluyan tales patrullajes, tampoco aclara qué fue lo acordado pues, ahora como antes, esto sigue sin informarse debidamente a la opinión pública nacional.
*El autor fue Embajador en México y Belice.
Manifestó que el problema del déficit es la razón por la cual el MEF se demora en publicar las cifras económicas... Señaló también que el manejo de las cifras de cierre de año a través del atraso de los pagos de las obras contratadas no es más que pasar el problema de un año para otro. "Eso es lo que llamamos medidas no ortodoxas La medida efectiva para controlar el problema del déficit está en tratar de reducir los gastos de funcionamiento del Gobierno y aumentar los ingresos", dijo la economista.
Séptimo, los economistas de INDESA, la más antigua y experimentada firma panameña independiente de asesoría económica, en varias oportunidades pronosticaron un inusitado aumento del déficit. No sorprendería, por lo tanto, en lo más mínimo que, si dijera la verdad, el Gobierno tuviera que reconocer que ha sobrepasado el déficit legalmente permitido y posiblemente que lo ha duplicado.
4. ¿Por qué trataría el Gobierno de encubrirlo? Cada vez que el Gobierno hace una transacción financiera con un agente externo, este exige de la Procuraduría de la Administración una confirmación de que la transacción se ajusta a las leyes panameñas y en caso de la contratación de préstamos la Procuradora de la Administración exige del MEF un certificado de que no se ha violado el límite del déficit del 2% del PIB. Si el MEF hubiera dado este certificado sin ajustarse a la verdad, sus altos funcionarios serían culpables de un delito punible por ley. Esta podría ser una razón para el encubrimiento, además del deseo político del oficialismo de negar el desastre económico y financiero al que ha llevado al país.
5. El daño que se le causa así a la Autoridad del Canal de Panamá es evidente y grave. Se rebaja su autonomía a la de cualquier ente autónomo, tal la Caja de Seguro Social, que muchas veces sirve de prestamista obligado del Gobierno Central. Una vez que se dé el primer paso en dicha dirección, es de temer que se siga erosionando la autonomía de la ACP, lo que sería funesto para mantenerla al margen de una indebida politización. El nombramiento de 40 funcionarios por el pasado Ministro del Canal, que en realidad era únicamente el Presidente de la Junta Directiva de la ACP con rango de Ministro, y su despido de un día para otro por su sustituto responden a la politiquería más nociva. La politización ya busca infiltrarse en la ACP. Peor aún, para la ACP obtener una evaluación crediticia más favorable que la del Gobierno Central es de por sí difícil y la consolidación de sus resultados con los del Sector Público No Financiero lo hace más difícil todavía, lo que podría encarecer la expansión del Canal y hacerla financieramente inviable.
En un aparente desespero por justificar el encubrimiento de la violación del déficit permitido, el oficialismo ha recurrido a la opinión de un representante del Fondo Monetario Internacional (probablemente ignorante de nuestra Constitución y de nuestra cultura política), cual discípulo obediente que fundamenta su acción en el librito de su maestro. Pero se olvida que el maestro también enseña que "el ranking que pueda tener una institución dependerá únicamente de su manejo financiero y operativo". Y somos nosotros los panameños y no ningún funcionario de las IFIS quienes hemos de decidir como garantizar el mejor manejo de nuestro Canal y cómo protegerlo de nuestros propios errores y antivalores, tal que lo hemos hecho otorgándole una autonomía extraordinaria y única a la ACP.
¿Será mucho esperar que el país sepa la opinión de la Junta Directiva y de los más altos funcionarios de la Autoridad del Canal sobre este tema y que, conscientes de su responsabilidad constitucional e histórica ante el país, tomen alguna iniciativa sopesada ante el Ministro de Economía y Finanzas y si es necesario ante la Presidenta de la República, para que se evite este doble daño a la Autoridad del Canal de Panamá y, en consecuencia a los intereses fundamentales de nuestra nación y de nuestro pueblo?
(ariyan@sinfo.net)
