¿Quién gana?
El Ministerio Público separó recientemente al abogado Rosendo Miranda del cargo de Fiscal Segundo de Drogas. No hay acusación en firme, pero se habla de la investigación por una causa que sí produce sorpresa: La venta de las vacas de un narcotraficante preso. No se le acusa de haber sido cooptado por el narcotráfico, como sí lo han sido otros en Panamá y en el extranjero ni se le acusa de ser blando con los criminales. Miranda ha renunciado al cargo de manera irrevocable, pero pende una acusación que cuestiona su integridad.
Los últimos 10 años la opinión pública vio cómo Panamá, de cuestionada plaza de tránsito de grandes cargamentos de estupefacientes, se convirtió en un lugar inseguro para esta clase de delito. Reiteradas detenciones, de cargamentos y de capos de ese negocio, se produjeron bajo la dirección de Miranda: Castrillón Henao o el del "Mocho" capturado en Chepo. Miles de toneladas fueron incautadas, y millonarias cifras de dinero engrosaron las arcas del Estado. Quizás sea temprano para expresar una severa preocupación por las acciones tomadas por el Ministerio Público, pero evidente es que la separación de Miranda deja más interrogantes que respuestas. ¿Cómo evaluarán los narcotraficantes detenidos, o los que están en libertad, la salida de un funcionario que ha sido uno de sus más feroces enemigos? ¿Qué relación puede tener esta separación de cargo con el testimonio que brindó Miranda en el proceso disciplinario que se le siguió a la actual Procuradora cuando era fiscal?
El sentido común indica que cuando se administran bienes semovientes o perecederos, es más prudente liquidar los bienes por su valor monetario y luego, en todo caso, comprar otros de igual valor y condición, que permitir su deterioro o pérdida. La Procuraduría debe decirle a la Nación si los fondos derivados de la venta fueron colocados en alguna cuenta del Estado, o si está en condiciones de acusar y demostrar que Miranda se habría quedado con ellos o que habría vendido las vacas en provecho de algún familiar o allegado. Nada de consistente hay en aquello de que "las vacas fueron vendidas sin autorización", ya que el juzgado dio a Miranda la Administración de los bienes, y es un hecho que la administración implica la capacidad de vender. Más que eso, lo preocupante es que la medida adoptada contra Miranda rebasa al funcionario separado. Afecta a un sistema conformado en los últimos 16 años, a ciencia y paciencia y con mucha suma de esfuerzos; afecta el funcionamiento del mismo y la seguridad de sus integrantes, muchas veces infiltrados en las líneas del enemigo.
Nadie se opone a que, anunciada la lucha contra la corrupción, se asuman las medidas pertinentes; pero tenemos derecho a saber si es realmente tal y no un mero pase de factura. Sea cual sea la razón o causa, por ahora el único beneficiado es el narcotráfico.
Los últimos 10 años la opinión pública vio cómo Panamá, de cuestionada plaza de tránsito de grandes cargamentos de estupefacientes, se convirtió en un lugar inseguro para esta clase de delito. Reiteradas detenciones, de cargamentos y de capos de ese negocio, se produjeron bajo la dirección de Miranda: Castrillón Henao o el del "Mocho" capturado en Chepo. Miles de toneladas fueron incautadas, y millonarias cifras de dinero engrosaron las arcas del Estado. Quizás sea temprano para expresar una severa preocupación por las acciones tomadas por el Ministerio Público, pero evidente es que la separación de Miranda deja más interrogantes que respuestas. ¿Cómo evaluarán los narcotraficantes detenidos, o los que están en libertad, la salida de un funcionario que ha sido uno de sus más feroces enemigos? ¿Qué relación puede tener esta separación de cargo con el testimonio que brindó Miranda en el proceso disciplinario que se le siguió a la actual Procuradora cuando era fiscal?
El sentido común indica que cuando se administran bienes semovientes o perecederos, es más prudente liquidar los bienes por su valor monetario y luego, en todo caso, comprar otros de igual valor y condición, que permitir su deterioro o pérdida. La Procuraduría debe decirle a la Nación si los fondos derivados de la venta fueron colocados en alguna cuenta del Estado, o si está en condiciones de acusar y demostrar que Miranda se habría quedado con ellos o que habría vendido las vacas en provecho de algún familiar o allegado. Nada de consistente hay en aquello de que "las vacas fueron vendidas sin autorización", ya que el juzgado dio a Miranda la Administración de los bienes, y es un hecho que la administración implica la capacidad de vender. Más que eso, lo preocupante es que la medida adoptada contra Miranda rebasa al funcionario separado. Afecta a un sistema conformado en los últimos 16 años, a ciencia y paciencia y con mucha suma de esfuerzos; afecta el funcionamiento del mismo y la seguridad de sus integrantes, muchas veces infiltrados en las líneas del enemigo.
Nadie se opone a que, anunciada la lucha contra la corrupción, se asuman las medidas pertinentes; pero tenemos derecho a saber si es realmente tal y no un mero pase de factura. Sea cual sea la razón o causa, por ahora el único beneficiado es el narcotráfico.
