¿Quién habló de extorsión?
Se divulgó en alguna ocasión, una noticia sobre una queja o denuncia anónima, no sabemos con precisión si fue presentada en la oficina del Ombudsman, el Ministerio Público o en la Contraloría General de la República, en contra de la Fuerza Pública, muy en particular en contra de los jefes grandes de ésta. El quejoso aseguraba que la Fuerza Pública presta servicios de seguridad a entes privados a cambio de una prestación económica. Parece que esta queja no está fuera de la realidad, porque a diario se puede apreciar a unidades de la Fuerza Pública protegiendo, escoltando, cuidando y acompañando a personas y negocios particulares, entre los que están bancos, restaurantes, cantinas, camiones de reparto, bailes y funcionarios públicos.
Hemos leído y escuchado opiniones de muchas personas, por los medios de comunicación social, en torno a esta situación, y denotan un malestar generalizado de la población. Por una parte, la excusa oficial es que "no existen suficientes unidades de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad y el orden público", por miles de excusas. Por otra parte, "Sí hay unidades de la Fuerza Pública para brindar servicios de seguridad privada".
Sin el ánimo de pasar por alto cualquier intercambio de opiniones legales para llegar a un consenso objetivo sobre cuáles son los derechos y deberes de las unidades de la Fuerza Pública, consideramos que estos funcionarios públicos no deben prestar servicios de seguridad privada. No hemos dicho que un policía , en sus horas libres no pueda dedicarse a lo que quiera.
Sin embargo, es inadmisible que un policía brinde servicios de seguridad privada vestido con uniforme, placa y arma de reglamento, que lo caracterizan como servidor público. De tal suerte que si alguien, por la razón que sea, hiriese la suceptibilidad del policía que presta servicio de seguridad privada, sufriría las consecuencias "por irrespetar a la autoridad".
¿Quién recibe los beneficios económicos por los servicios de seguridad privada que brindan algunas unidades de la Fuerza Pública? Los jefes de las instituciones de seguridad del Estado y las autoridades correspondientes, deben analizar lo anteriormente planteado e imponer los correctivos legales que procedan en derecho. Con bastantes tributos públicos se le asfixia al pueblo para que a éste se le siga brindando un deficiente servicio de protección policial, mientras que a las castas de nuestro país se les protege en debida forma.
Hemos leído y escuchado opiniones de muchas personas, por los medios de comunicación social, en torno a esta situación, y denotan un malestar generalizado de la población. Por una parte, la excusa oficial es que "no existen suficientes unidades de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad y el orden público", por miles de excusas. Por otra parte, "Sí hay unidades de la Fuerza Pública para brindar servicios de seguridad privada".
Sin el ánimo de pasar por alto cualquier intercambio de opiniones legales para llegar a un consenso objetivo sobre cuáles son los derechos y deberes de las unidades de la Fuerza Pública, consideramos que estos funcionarios públicos no deben prestar servicios de seguridad privada. No hemos dicho que un policía , en sus horas libres no pueda dedicarse a lo que quiera.
Sin embargo, es inadmisible que un policía brinde servicios de seguridad privada vestido con uniforme, placa y arma de reglamento, que lo caracterizan como servidor público. De tal suerte que si alguien, por la razón que sea, hiriese la suceptibilidad del policía que presta servicio de seguridad privada, sufriría las consecuencias "por irrespetar a la autoridad".
¿Quién recibe los beneficios económicos por los servicios de seguridad privada que brindan algunas unidades de la Fuerza Pública? Los jefes de las instituciones de seguridad del Estado y las autoridades correspondientes, deben analizar lo anteriormente planteado e imponer los correctivos legales que procedan en derecho. Con bastantes tributos públicos se le asfixia al pueblo para que a éste se le siga brindando un deficiente servicio de protección policial, mientras que a las castas de nuestro país se les protege en debida forma.
