¿Quién hizo fracasar la Comisión de la Verdad?
El actual gobierno decidió crear la Comisión de la Verdad para investigar, hasta sus últimas consecuencias, todas las desapariciones y crímenes no esclarecidos durante la época militar, que fue bastante larga. Las personas honorables que la integraron auguraban condenas seguras para cada militar y paramilitar. Desde un principio, la Comisión ha contado con el apoyo irrestricto de una presidenta arnulfista, una legislatura bajo control del arnulfismo, una Corte Suprema y una Policía a la escucha, tecnología ADN, perros especialmente entrenados. Pocas herramientas de investigación y presupuesto se le ha negado a la misma, ya que han viajado para obtener informaciones que el gobierno americano tiene y se han presentado ante la OEA, homologándose a las comisiones de Chile y Argentina. Además, ha contado con familiares y toda una sociedad que quiere verla producir resultados concretos y verídicos, y medios de comunicación interesados en publicarlos. Ya no habría, pues, rumores ni alegatos apasionados de odio por falta de justicia, sino pruebas y condenas del régimen del patológico de Torrijos.
Pero a tres años de existencia, es evidente que la Comisión sufre una irreversible crisis de credibilidad, de finalidad y de metodología. En efecto, ha entrado en conflictos profundos con los propios familiares, lo cual es una paradoja inconcebible porque está censada de servir sus aspiraciones de justicia. Los comisionados iniciales más conspicuos y respetados le han retirado totalmente su apoyo, dejándola huérfana del peso moral con el que nació. El conflicto personal con el Procurador, antiguo enemigo acérrimo de Torrijos, ha rebasado sus límites para envolver ahora al Ministerio Público como institución. Ahora, incluso, los propios familiares expresan públicamente los fines político-electorales de la Comisión. Es difícil entender cómo una Comisión, tan bien intencionada y con tan amplio apoyo, haya entrado en conflictos y crisis tan profundas e irreversibles. Pero hagamos un esfuerzo.
La Comisión comenzó investigando los casos de "todos los desaparecidos y asesinados dentro de la época militar", sin hacer a priori un análisis sensato que le permitiera separar los casos con evidentes vinculaciones o rasgos políticos, de aquellos que hoy ni la propia Comisión puede negar que desde un punto de vista legal y objetivo caen claramente dentro de la esfera de investigación del Ministerio Público, porque parecen haber sido más bien desapariciones y crímenes abominables, pero aislados y sin vinculaciones de autoría intelectual con los militares de turno, debido a su evidente falta de beneficio o interés político, como siguen ocurriendo hoy otras desapariciones y crímenes por motivos totalmente ajenos a la política. Al no separarlos, la Comisión entró desde un principio en un natural conflicto con el Ministerio Público, encargado por ley de investigaciones penales comunes.
Este conflicto jurisdiccional previsible desde un principio, pudo haberse solucionado si la Comisión hubiera propuesto a la Presidenta o a los legisladores que la miran con simpatía, los cambios necesarios para legalizar los conceptos de no-prescripción de crímenes políticos y de guerrillas y repartirse entonces, de mutuo acuerdo, los casos comunes y no comunes. O proponer otros cambios para sobrepasar el conflicto estéril con el Ministerio Público de hoy, que no está dominado por militares porque éstos ya no existen en Panamá, pero que sí está impedido por ley para investigar casos sucedidos hacen más de 20 años, a menos que el Ejecutivo o el Legislativo tomen la decisión política de cambiar las leyes.
Pero en lugar de buscar soluciones pragmáticas, voluntariamente o por incapacidad, la Comisión mantiene latente el conflicto con el Ministerio Público, quizás como chivo expiatorio para culparlo de su propia falta de resultados concretos. Peor aún, la Comisión parece estar soslayando ahora las investigaciones de muchos casos, quizás al irse dando cuenta que aún con mucho esfuerzo de interpretación, éstos no podrán ser vinculados con los jefes militares, igual que aparece también queriendo forzar conclusiones vinculantes y decisivas a través de los medios de comunicación, sin aportar pruebas claras y contundentes, provocando las consecuentes reacciones airadas y entendibles de los familiares, que no tienen aspiraciones políticas y que no quieren escuchar más presunciones, sino que sólo quieren la verdad. Este conflicto entre intereses humanos de los familiares y los intereses innegablemente políticos de la Comisión, ha provocado la mayor crisis de credibilidad que resalta hoy ante la opinión pública, mediante lamentables y tristes acusaciones de malos manejos de pruebas, incapacidad profesional, falta de objetividad y todo tipo de acusaciones denigrantes.
Atacada y para obtener reconocimientos y apoyos, la Comisión se ha sometido abiertamente a un grupo de antiguos enemigos políticos de Omar Torrijos, para que éstos utilicen las pruebas que ha logrado con fines electorales en contra del hijo de Torrijos, politizando con ello todos sus costosos y arduos esfuerzos de tres años de trabajo inconcluso. Ahora, a cambio de justicias y condenas que no ha podido lograr con pruebas, la Comisión aparece tratando de comprar con dinero, el apoyo y el silencio de los familiares.
Panamá sigue esperando las pruebas convincentes, más que indicios anecdóticos, testigos anónimos y diatribas de enemigos frustrados de Torrijos, para condenar en los tribunales a los militares y paramilitares encargados de ejecutar y torturar a los desaparecidos y asesinados, porque sí los hubo.
A lo mejor la gran mayoría de autores de muchos de esas desapariciones y crímenes sigue respirando impunemente entre nosotros, y de esa impunidad la Comisión debe culparse a sí misma.
Es hora que los propios miembros de la Comisión acepten su incapacidad, renuncien y le permitan a la Presidenta que redefina sus objetivos, enmiende las leyes y nombre una nueva comisión que, quizás con la participación de la Iglesia católica, pueda realmente investigar todos los crímenes y desapariciones políticas. Abramos todos los archivos y condenemos a todos los culpables, incluyendo a Omar Torrijos si es culpable; pero ya basta de abusar del honor de los asesinados y desaparecidos con fines electorales y odios personales que deshonran a sus familiares.
Además de los señalamientos anteriores, para enfrentar la grave situación de desempleo y subempleo y los consiguientes bajos niveles de ingresos se deben aprovechar en Darién las condiciones excepcionales para el desarrollo del turismo ecológico, histórico, científico y de aventura. Promover las ventajas que existen en la región para la adopción de "buenas prácticas agrícolas" (BPA) que desarrolle una agricultura "limpia o ecológica", la cual suministre productos inocuos para la salud humana. Entre otros aspectos a considerar para un adecuado desarrollo de Darién, está controlar la explotación maderera, y que al producirse genere valor agregado e ingresos a la región.
Todo esto tendiente a que se logre una verdadera seguridad alimentaria, entendiéndose como tal el acceso físico permanente a los alimentos por parte de toda la población, que mucha falta hace en Darién.
*El autor fue director Nacional de Reforma Agraria y director ejecutivo de PRODARIEN.
16. Con una transición clara, armónica y pacífica del actual gobierno, al que resulte libremente elegido.
Solicitamos a los medios de comunicación que apoyen, difundan y mantengan la permanente vigencia del Pacto Etico Electoral de tal forma que la ciudadanía lo conozca, lo asimile y colabore con su ejecución.
Abogamos para que los medios de comunicación promuevan el debate democrático de ideas y programas en forma respetuosa y responsable, siempre dentro de un marco de tolerancia y convivencia pacífica. Igualmente, que respalden la difusión de programas que promuevan valores cívicos.
Exhortamos a los medios de comunicación a que brinden bajo las mismas condiciones, iguales oportunidades a todos los partidos y candidatos; y a los reporteros a que no distorsionen o editen en forma tendenciosa, por favoritismos personales, las noticias de índole política.
Invitamos a los medios de comunicación social a suscribir un Pacto Etico Electoral, tal cual lo hicieron en las elecciones de 1999, ya que son actores importantes de todo el proceso electoral y voluntariamente deben contribuir a crear las condiciones de confianza, seguridad y transparencia, en un clima donde impere el más estricto respeto a la dignidad de las personas, para el desarrollo de una campaña electoral ejemplar.
Solicitamos al Tribunal Electoral que cumpla con absoluta imparcialidad, honestidad, probidad y eficiencia sus deberes institucionales en todas las etapas del proceso electoral.
A la Fiscalía Electoral para que persiga con apego a la ley todos los actos que atenten contra la paz y la transparencia de las elecciones, de tal forma que con ello se contribuya a mantener la confianza en el proceso electoral.
1. Que se comprometa con la consolidación del proceso democrático mediante el respeto de la autonomía del Tribunal y Fiscalía Electoral y la asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento efectivo.
2. Que no utilice presiones de ninguna índole sobre las instituciones judiciales o policiales, ni sobre otros organismos del Estado, como mecanismo de persecución, represión y/o intimidación.
3. Que garantice las condiciones para que exista un auténtico estado de derecho, donde todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos en un ambiente de paz y libertad.
4. Que brinde a la nación un proceso electoral alejado de toda manipulación política indebida e inmoral, directa o indirectamente, que contravenga el espíritu de los compromisos en este documento consignados.
5. Que garantice la estabilidad del servidor público, respetando su libre militancia política, siempre y cuando la misma la ejerza como lo establece la ley de carrera administrativa.
6. Que garantice a la nación panameña, la transición clara, armónica y pacífica del actual gobierno al que resulta libremente elegido.
7. Que no utilice, directa o indirectamente, los recursos del Estado a favor de los partidos políticos y/o candidatos, en especial a aquellos funcionarios candidatizados que por ley no están en la obligación de separarse del cargo durante el proceso electoral.
8. Que no utilice para proselitismo y propaganda político-partidista los actos de inauguración de obras públicas u otros actos oficiales de Estado o de Gobierno.
Los partidos políticos que suscribimos este Pacto Etico Electoral reconocemos al Comité Ecuménico de Panamá (COEPA), como depositario, promotor y vigilante del cumplimiento del presente acuerdo y lo facultamos para realizar las investigaciones y denuncias correspondientes en los casos en que se vulnere el Pacto Etico Electoral y para la consecuente sanción moral.
Para el efectivo cumplimiento del presente compromiso se constituirá una Comisión de Etica Electoral conformada por miembros del COEPA y apoyada por la Conferencia Episcopal de Panamá, y por personas de otras denominaciones religiosas. Así mismo, se constituirá un Organismo Consultivo Permanente conformado por un representante de alto nivel jerárquico y su suplente de cada uno de los Partidos signatarios, que tendrá como finalidad evaluar las violaciones o incumplimiento de este Pacto, además de servir de foro de discusión de las diversas temáticas relacionadas con el proceso político electoral.
Los partidos políticos adoptaremos los mecanismos necesarios a lo interno para la permanente vigencia de los principios del Pacto Etico Electoral, de tal forma que sean conocidos y respetados por nuestra membresía.
La Comisión de Etica Electoral del COEPA y el Organismo Consultivo Permanente, elaborarán su propio reglamento y la metodología para actuar en la formulación de las evaluaciones, denuncias, quejas, sanciones morales y en el tratamiento de situaciones violatorias del Pacto Etico Electoral.
La Comisión de Etica Electoral del COEPA y los partidos políticos, interpondrán las denuncias ante las autoridades competentes en los casos que impliquen comisión de hechos delictivos y darán seguimiento a las mismas. Facultamos a la Comisión de Etica Electoral del COEPA para actuar y pronunciarse en aquellos casos donde se vulnere este compromiso.
Pero a tres años de existencia, es evidente que la Comisión sufre una irreversible crisis de credibilidad, de finalidad y de metodología. En efecto, ha entrado en conflictos profundos con los propios familiares, lo cual es una paradoja inconcebible porque está censada de servir sus aspiraciones de justicia. Los comisionados iniciales más conspicuos y respetados le han retirado totalmente su apoyo, dejándola huérfana del peso moral con el que nació. El conflicto personal con el Procurador, antiguo enemigo acérrimo de Torrijos, ha rebasado sus límites para envolver ahora al Ministerio Público como institución. Ahora, incluso, los propios familiares expresan públicamente los fines político-electorales de la Comisión. Es difícil entender cómo una Comisión, tan bien intencionada y con tan amplio apoyo, haya entrado en conflictos y crisis tan profundas e irreversibles. Pero hagamos un esfuerzo.
La Comisión comenzó investigando los casos de "todos los desaparecidos y asesinados dentro de la época militar", sin hacer a priori un análisis sensato que le permitiera separar los casos con evidentes vinculaciones o rasgos políticos, de aquellos que hoy ni la propia Comisión puede negar que desde un punto de vista legal y objetivo caen claramente dentro de la esfera de investigación del Ministerio Público, porque parecen haber sido más bien desapariciones y crímenes abominables, pero aislados y sin vinculaciones de autoría intelectual con los militares de turno, debido a su evidente falta de beneficio o interés político, como siguen ocurriendo hoy otras desapariciones y crímenes por motivos totalmente ajenos a la política. Al no separarlos, la Comisión entró desde un principio en un natural conflicto con el Ministerio Público, encargado por ley de investigaciones penales comunes.
Este conflicto jurisdiccional previsible desde un principio, pudo haberse solucionado si la Comisión hubiera propuesto a la Presidenta o a los legisladores que la miran con simpatía, los cambios necesarios para legalizar los conceptos de no-prescripción de crímenes políticos y de guerrillas y repartirse entonces, de mutuo acuerdo, los casos comunes y no comunes. O proponer otros cambios para sobrepasar el conflicto estéril con el Ministerio Público de hoy, que no está dominado por militares porque éstos ya no existen en Panamá, pero que sí está impedido por ley para investigar casos sucedidos hacen más de 20 años, a menos que el Ejecutivo o el Legislativo tomen la decisión política de cambiar las leyes.
Pero en lugar de buscar soluciones pragmáticas, voluntariamente o por incapacidad, la Comisión mantiene latente el conflicto con el Ministerio Público, quizás como chivo expiatorio para culparlo de su propia falta de resultados concretos. Peor aún, la Comisión parece estar soslayando ahora las investigaciones de muchos casos, quizás al irse dando cuenta que aún con mucho esfuerzo de interpretación, éstos no podrán ser vinculados con los jefes militares, igual que aparece también queriendo forzar conclusiones vinculantes y decisivas a través de los medios de comunicación, sin aportar pruebas claras y contundentes, provocando las consecuentes reacciones airadas y entendibles de los familiares, que no tienen aspiraciones políticas y que no quieren escuchar más presunciones, sino que sólo quieren la verdad. Este conflicto entre intereses humanos de los familiares y los intereses innegablemente políticos de la Comisión, ha provocado la mayor crisis de credibilidad que resalta hoy ante la opinión pública, mediante lamentables y tristes acusaciones de malos manejos de pruebas, incapacidad profesional, falta de objetividad y todo tipo de acusaciones denigrantes.
Atacada y para obtener reconocimientos y apoyos, la Comisión se ha sometido abiertamente a un grupo de antiguos enemigos políticos de Omar Torrijos, para que éstos utilicen las pruebas que ha logrado con fines electorales en contra del hijo de Torrijos, politizando con ello todos sus costosos y arduos esfuerzos de tres años de trabajo inconcluso. Ahora, a cambio de justicias y condenas que no ha podido lograr con pruebas, la Comisión aparece tratando de comprar con dinero, el apoyo y el silencio de los familiares.
Panamá sigue esperando las pruebas convincentes, más que indicios anecdóticos, testigos anónimos y diatribas de enemigos frustrados de Torrijos, para condenar en los tribunales a los militares y paramilitares encargados de ejecutar y torturar a los desaparecidos y asesinados, porque sí los hubo.
A lo mejor la gran mayoría de autores de muchos de esas desapariciones y crímenes sigue respirando impunemente entre nosotros, y de esa impunidad la Comisión debe culparse a sí misma.
Es hora que los propios miembros de la Comisión acepten su incapacidad, renuncien y le permitan a la Presidenta que redefina sus objetivos, enmiende las leyes y nombre una nueva comisión que, quizás con la participación de la Iglesia católica, pueda realmente investigar todos los crímenes y desapariciones políticas. Abramos todos los archivos y condenemos a todos los culpables, incluyendo a Omar Torrijos si es culpable; pero ya basta de abusar del honor de los asesinados y desaparecidos con fines electorales y odios personales que deshonran a sus familiares.
Además de los señalamientos anteriores, para enfrentar la grave situación de desempleo y subempleo y los consiguientes bajos niveles de ingresos se deben aprovechar en Darién las condiciones excepcionales para el desarrollo del turismo ecológico, histórico, científico y de aventura. Promover las ventajas que existen en la región para la adopción de "buenas prácticas agrícolas" (BPA) que desarrolle una agricultura "limpia o ecológica", la cual suministre productos inocuos para la salud humana. Entre otros aspectos a considerar para un adecuado desarrollo de Darién, está controlar la explotación maderera, y que al producirse genere valor agregado e ingresos a la región.
Todo esto tendiente a que se logre una verdadera seguridad alimentaria, entendiéndose como tal el acceso físico permanente a los alimentos por parte de toda la población, que mucha falta hace en Darién.
*El autor fue director Nacional de Reforma Agraria y director ejecutivo de PRODARIEN.
16. Con una transición clara, armónica y pacífica del actual gobierno, al que resulte libremente elegido.
Solicitamos a los medios de comunicación que apoyen, difundan y mantengan la permanente vigencia del Pacto Etico Electoral de tal forma que la ciudadanía lo conozca, lo asimile y colabore con su ejecución.
Abogamos para que los medios de comunicación promuevan el debate democrático de ideas y programas en forma respetuosa y responsable, siempre dentro de un marco de tolerancia y convivencia pacífica. Igualmente, que respalden la difusión de programas que promuevan valores cívicos.
Exhortamos a los medios de comunicación a que brinden bajo las mismas condiciones, iguales oportunidades a todos los partidos y candidatos; y a los reporteros a que no distorsionen o editen en forma tendenciosa, por favoritismos personales, las noticias de índole política.
Invitamos a los medios de comunicación social a suscribir un Pacto Etico Electoral, tal cual lo hicieron en las elecciones de 1999, ya que son actores importantes de todo el proceso electoral y voluntariamente deben contribuir a crear las condiciones de confianza, seguridad y transparencia, en un clima donde impere el más estricto respeto a la dignidad de las personas, para el desarrollo de una campaña electoral ejemplar.
Solicitamos al Tribunal Electoral que cumpla con absoluta imparcialidad, honestidad, probidad y eficiencia sus deberes institucionales en todas las etapas del proceso electoral.
A la Fiscalía Electoral para que persiga con apego a la ley todos los actos que atenten contra la paz y la transparencia de las elecciones, de tal forma que con ello se contribuya a mantener la confianza en el proceso electoral.
1. Que se comprometa con la consolidación del proceso democrático mediante el respeto de la autonomía del Tribunal y Fiscalía Electoral y la asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento efectivo.
2. Que no utilice presiones de ninguna índole sobre las instituciones judiciales o policiales, ni sobre otros organismos del Estado, como mecanismo de persecución, represión y/o intimidación.
3. Que garantice las condiciones para que exista un auténtico estado de derecho, donde todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos en un ambiente de paz y libertad.
4. Que brinde a la nación un proceso electoral alejado de toda manipulación política indebida e inmoral, directa o indirectamente, que contravenga el espíritu de los compromisos en este documento consignados.
5. Que garantice la estabilidad del servidor público, respetando su libre militancia política, siempre y cuando la misma la ejerza como lo establece la ley de carrera administrativa.
6. Que garantice a la nación panameña, la transición clara, armónica y pacífica del actual gobierno al que resulta libremente elegido.
7. Que no utilice, directa o indirectamente, los recursos del Estado a favor de los partidos políticos y/o candidatos, en especial a aquellos funcionarios candidatizados que por ley no están en la obligación de separarse del cargo durante el proceso electoral.
8. Que no utilice para proselitismo y propaganda político-partidista los actos de inauguración de obras públicas u otros actos oficiales de Estado o de Gobierno.
Los partidos políticos que suscribimos este Pacto Etico Electoral reconocemos al Comité Ecuménico de Panamá (COEPA), como depositario, promotor y vigilante del cumplimiento del presente acuerdo y lo facultamos para realizar las investigaciones y denuncias correspondientes en los casos en que se vulnere el Pacto Etico Electoral y para la consecuente sanción moral.
Para el efectivo cumplimiento del presente compromiso se constituirá una Comisión de Etica Electoral conformada por miembros del COEPA y apoyada por la Conferencia Episcopal de Panamá, y por personas de otras denominaciones religiosas. Así mismo, se constituirá un Organismo Consultivo Permanente conformado por un representante de alto nivel jerárquico y su suplente de cada uno de los Partidos signatarios, que tendrá como finalidad evaluar las violaciones o incumplimiento de este Pacto, además de servir de foro de discusión de las diversas temáticas relacionadas con el proceso político electoral.
Los partidos políticos adoptaremos los mecanismos necesarios a lo interno para la permanente vigencia de los principios del Pacto Etico Electoral, de tal forma que sean conocidos y respetados por nuestra membresía.
La Comisión de Etica Electoral del COEPA y el Organismo Consultivo Permanente, elaborarán su propio reglamento y la metodología para actuar en la formulación de las evaluaciones, denuncias, quejas, sanciones morales y en el tratamiento de situaciones violatorias del Pacto Etico Electoral.
La Comisión de Etica Electoral del COEPA y los partidos políticos, interpondrán las denuncias ante las autoridades competentes en los casos que impliquen comisión de hechos delictivos y darán seguimiento a las mismas. Facultamos a la Comisión de Etica Electoral del COEPA para actuar y pronunciarse en aquellos casos donde se vulnere este compromiso.
