¿Quién le pone el cascabel al gato?

¿Con qué seguridad puede operar una empresa que, después de cumplir con los requisitos que le exige la ley, es sometida una y otra vez a un proceso dilatorio, con gastos onerosos, con las mismas sanciones que, pese a haber sido saldadas, son reiteradamente impuestas?

Hace varios años el país desplegó una ofensiva destinada a atraer inversiones extranjeras, en un intento por lograr aliados que lo ayudaran a paliar el tan perjudicial desempleo. Lógico era suponer que las empresas que llegaran serían recibidas con los brazos abiertos, con una seguridad jurídica que les dejara en claro que las reglas del juego que se les presentaba serían respetadas. Algunas no pueden quejarse, con otras, sin embargo, la historia ha sido diferente.

En algunas áreas del país, donde esas empresas desarrollan proyectos que han creado un importante número de plazas de trabajo, que han ayudado a las entidades oficiales y se han convertido en un importante punto de referencia, los hechos parecen componentes de una pesadilla: una inspección genera una multa, la empresa la paga y detiene el trabajo hasta una nueva instrucción de la entidad. La entidad oficial realiza otra inspección y sus propios funcionarios indican que no hay irregularidad, pero la entidad no emite aprobación; detiene el proceso y el desarrollo del propio proyecto elevando los costos.

Aun cuando la empresa pide por meses una respuesta, la dilación sigue. Logra por fin que la entidad admita que no hay causal para una nueva sanción, pero en lugar de pronunciarse, dilata el pronunciamiento. Al final, la propia palabra de sus técnicos es obviada, y la entidad anuncia una nueva inspección. Mientras, el proyecto sigue detenido, el tiempo corre y la empresa; los empleados y el propio país pierden. En el proceso, la empresa se ve obligada a callar, porque teme que quejarse implique nuevas medidas en su contra.