¿Quién se beneficia?
La idea de abocarnos como sociedad a una discusión nacional para acordar un plan nacional de desarrollo no fue del gobierno. El registro noticioso indica claramente que la iniciativa nació de grupos de empresarios y trabajadores, y que fue resistida, al principio, por distintos voceros del gobierno y hasta por el propio Presidente de la República.
La cercanía del referéndum sobre la ampliación del Canal obligó a los políticos a dejar a un lado los egoísmos partidistas y a ceder ante lo que era claramente una reivindicación de la sociedad. El fundamento de esta exigencia social se puede expresar sencillamente: un súbito aumento de los fondos públicos, debido al incremento de los tránsitos, la carga y los peajes en un canal ampliado, no debe ser la ocasión para el despilfarro y el capricho del gobierno. Hay que darle un uso estratégico a los recursos frescos que redunde en beneficio de la población panameña, particularmente, la más pobre, la que estructuralmente carece de las oportunidades que permiten que los individuos crezcan y se desarrollen sanamente y se conviertan en personas productivas y ciudadanos responsables.
Así, la idea de contar con un plan nacional de desarrollo, que sea producto de un proceso abierto y participativo, es una manera legítima en que la sociedad civil limita el excesivo poder que las instituciones tradicionales le entregan a la clase política. Cuando los partidos políticos se retiran de la mesa de concertación, lo que hacen es menoscabar esta legítima aspiración de la sociedad. Curiosamente, los gobiernos, y el nuestro no es la excepción, creen que no sufren merma alguna si la concertación para el desarrollo se estanca o se trunca, y piensan que más bien se benefician.
Quizás los dirigentes de los partidos políticos harían bien en recordar que la percepción ciudadana no los tiene en muy alta estima y que el momento de recargar sus baterías de liderazgo y popularidad es justamente en una discusión de carácter nacional en la que pueden participar junto a dirigentes sociales y comunitarios de todo el país. Una participación digna en este proceso puede perfectamente combinarse con una actitud crítica y responsable de cara a sus objetivos como colectivo político.
El mensaje que la semana pasada la Conferencia Episcopal le envió a los políticos de oposición que abandonaron el diálogo fue sumamente claro: recapaciten y vuelvan a la mesa de concertación para el desarrollo. No hacerlo así, involuntariamente beneficia a sus adversarios en la arena política.
El Plan Nacional para el Desarrollo es un instrumento que podría ser la clave del futuro para la sociedad panameña. La concertación es el espacio legítimo para acercar el futuro a nuestro presente.
La cercanía del referéndum sobre la ampliación del Canal obligó a los políticos a dejar a un lado los egoísmos partidistas y a ceder ante lo que era claramente una reivindicación de la sociedad. El fundamento de esta exigencia social se puede expresar sencillamente: un súbito aumento de los fondos públicos, debido al incremento de los tránsitos, la carga y los peajes en un canal ampliado, no debe ser la ocasión para el despilfarro y el capricho del gobierno. Hay que darle un uso estratégico a los recursos frescos que redunde en beneficio de la población panameña, particularmente, la más pobre, la que estructuralmente carece de las oportunidades que permiten que los individuos crezcan y se desarrollen sanamente y se conviertan en personas productivas y ciudadanos responsables.
Así, la idea de contar con un plan nacional de desarrollo, que sea producto de un proceso abierto y participativo, es una manera legítima en que la sociedad civil limita el excesivo poder que las instituciones tradicionales le entregan a la clase política. Cuando los partidos políticos se retiran de la mesa de concertación, lo que hacen es menoscabar esta legítima aspiración de la sociedad. Curiosamente, los gobiernos, y el nuestro no es la excepción, creen que no sufren merma alguna si la concertación para el desarrollo se estanca o se trunca, y piensan que más bien se benefician.
Quizás los dirigentes de los partidos políticos harían bien en recordar que la percepción ciudadana no los tiene en muy alta estima y que el momento de recargar sus baterías de liderazgo y popularidad es justamente en una discusión de carácter nacional en la que pueden participar junto a dirigentes sociales y comunitarios de todo el país. Una participación digna en este proceso puede perfectamente combinarse con una actitud crítica y responsable de cara a sus objetivos como colectivo político.
El mensaje que la semana pasada la Conferencia Episcopal le envió a los políticos de oposición que abandonaron el diálogo fue sumamente claro: recapaciten y vuelvan a la mesa de concertación para el desarrollo. No hacerlo así, involuntariamente beneficia a sus adversarios en la arena política.
El Plan Nacional para el Desarrollo es un instrumento que podría ser la clave del futuro para la sociedad panameña. La concertación es el espacio legítimo para acercar el futuro a nuestro presente.
