¿Quién tiene la razón?
El enfrentamiento entre el Tribunal Electoral (TE) y la Contraloría General de la República, a raíz del refrendo de la licitación de procesos de cedulación, en el fondo podría tratarse de una lucha interna del partido oficialista.
Si analizamos con detenimiento los hechos, las razones saltan a la vista. Después de haber convocado a una licitación internacional para la modernización informática de las cédulas, y efectuarse varias juntas de homologación en las que participaron cinco empresas, la Comisión Evaluadora descalifica a cuatro empresas por no satisfacer los requisitos mínimos que establecía el pliego. Una única empresa de origen francés, cuyo precio rebasaba lo calculado por el TE calificó en este proceso.
No obstante, la empresa española Indra/Zoluciona denuncia ante los magistrados que Sagem, la empresa francesa, miente en una de sus referencias sobre una experiencia similar efectuada en México.
El TE investiga y da por válida la denuncia. A consecuencia de este hecho, se declara desierto el proceso y se convoca una nueva licitación.
Sin embargo, la empresa afectada acude al Tribunal de Contrataciones Públicas, ente que invalida la decisión del TE y adjudica la licitación a Sagem, cuando debía remitir el expediente a la autoridad contratante para su clarificación.
Acto seguido, el TE acude a la Corte Suprema de Justicia, y contrata de manera directa a la empresa que realmente tenía experiencia en México por dos millones de dólares menos de lo que había ofertado la francesa. Luego de dimes y diretes, el TE obliga a la Contraloría por "insistencia" a refrendar el contrato.
