¿Quiénes pagarán por sanear la Bahía?
¿ltimamente se ha hablado mucho y se han celebrado seminarios sobre el saneamiento de la Bahía de Panamá y las diferentes alternativas para resolver el problema. Sin embargo, pocas veces se ha hablado sobre quiénes pagarán por dicho saneamiento.
La bahía no es más que el punto final de convergencia de las aguas residuales o aguas negras, altamente contaminantes, que producen todos los habitantes y actividades de la ciudad de Panamá. Estas aguas llegan a la bahía a través del alcantarillado sanitario existente, o a través de los siete ríos que cruzan la ciudad. Se calcula que el 75% del agua potable que se consume se convierte automáticamente en aguas residuales. Toda esta agua debería ingresar a sistemas de alcantarillado sanitario, para ser conducida y tratada en puntos específicos, antes de ser depositada en la Bahía. No se puede sanear la Bahía, si primero no se sanea la ciudad, porque la Bahía recoge la contaminación de la ciudad.
Entonces, uno de los elementos principales del saneamiento de la Bahía es la infraestructura que debe construirse previamente en la ciudad. Se debe comenzar por la rehabilitación y ampliación de los sistemas de alcantarillado sanitario, de manera que todas las viviendas e inmuebles de la urbe puedan eliminar sus aguas residuales por este medio, en vez de tirar las aguas negras directamente en los ríos o en el mar, sin tratamiento previo.
De acuerdo a estudio reciente, se necesita construir más de 500 kilómetros de tubería de alcantarillado para recoger todas las aguas negras de la ciudad, ya que actualmente sólo el 73% de la población está conectada al sistema de alcantarillado. También se deben construir estaciones de bombeo, tuberías de impulsión y tuberías colectoras, para concentrar las aguas en varios puntos de tratamiento o de expulsión hacia el mar.
Para el tratamiento de las aguas, se recomienda la combinación de plantas de tratamiento con lagunas aeróbicas. Cuando esto resulta muy costoso, se recomienda la conducción de las aguas crudas, a través de un emisario, a más de 7 kilómetros de la costa, para llevarlas mar afuera, lejos de las mareas y las corrientes marinas para que se integren a la masa de agua en vez de regresar a la costa. Estas obras tienen grandes costos de construcción, operación y mantenimiento. Los mayores costos son los relacionados con el tratamiento de las aguas.
Ya que el proyecto favorece a más de 228 mil propiedades, de las cuales el 80% son residencias y el resto comercios e industrias, nos hemos preguntado, ¿quiénes pagarán por todo esto? Este tipo de proyecto, aunque cuente con donaciones de organismos internacionales para estudios y diseños, necesita de empréstitos para su construcción. Además de pagar el préstamo, el organismo responsable tendrá que cobrar tarifas para cubrir el costo de operación y mantenimiento del sistema por los próximos años.
Entonces, ¿quiénes y cuánto pagarán? El alcantarillado sanitario normalmente se cobra a través del sistema de valorización, y solamente lo pagan los dueños de las propiedades que se benefician directamente, debido a que se incrementa el valor de su propiedad. Por otro lado, todos pagan una tarifa por el tratamiento de las aguas negras, porque teóricamente, el que contamina paga. Si además, hay que operar y darle mantenimiento permanente a los nuevos sistemas, todos tendremos que pagar una tarifa para estos menesteres.
La pregunta que nos debemos hacer es si los más beneficiados por su cercanía a la Bahía pagarán las mismas tarifas que los demás, que aunque también contaminan, no se benefician tan directamente.
¿Deben pagar tazas de valorización las propiedades a las cuales se les construya el alcantarillado? ¿Deben pagar los propietarios de terrenos baldíos, que aunque no estén generando actualmente aguas negras, lo harán en el futuro cuando desarrollen sus tierras? ¿Deben pagar más las actividades industriales y hospitalarias que las residencias, considerando que las primeras generan aguas mucho más contaminadas que las segundas?
En países más avanzados, considerando que el gobierno tiene responsabilidad en la protección del medio ambiente y en el fomento del turismo, se subsidian las inversiones en plantas y sistemas de tratamiento, por sus altos costos. En estos casos, los usuarios solamente pagan el costo de mantenimiento y operación de los sistemas.
En Panamá, habría que definir qué subsidiaría el gobierno; qué pagarían los diferentes usuarios, cada tipo de industria, las residencias y los terrenos baldíos; y quiénes pagarían tazas de valorización y tarifas por el tratamiento. Una vez ejecutado el proyecto, también se deben prorratear los costos en el tiempo, para establecer tarifas razonables, acordes con la capacidad de pago de los usuarios. Todas estas incógnitas deben ser planteadas, discutidas y divulgadas, para que no haya sorpresa ni sorprendidos. La gente debe conocer a fondo el problema, sus consecuencias sanitarias y ambientales, los costos y cuál sería su contribución a la solución.
La bahía no es más que el punto final de convergencia de las aguas residuales o aguas negras, altamente contaminantes, que producen todos los habitantes y actividades de la ciudad de Panamá. Estas aguas llegan a la bahía a través del alcantarillado sanitario existente, o a través de los siete ríos que cruzan la ciudad. Se calcula que el 75% del agua potable que se consume se convierte automáticamente en aguas residuales. Toda esta agua debería ingresar a sistemas de alcantarillado sanitario, para ser conducida y tratada en puntos específicos, antes de ser depositada en la Bahía. No se puede sanear la Bahía, si primero no se sanea la ciudad, porque la Bahía recoge la contaminación de la ciudad.
Entonces, uno de los elementos principales del saneamiento de la Bahía es la infraestructura que debe construirse previamente en la ciudad. Se debe comenzar por la rehabilitación y ampliación de los sistemas de alcantarillado sanitario, de manera que todas las viviendas e inmuebles de la urbe puedan eliminar sus aguas residuales por este medio, en vez de tirar las aguas negras directamente en los ríos o en el mar, sin tratamiento previo.
De acuerdo a estudio reciente, se necesita construir más de 500 kilómetros de tubería de alcantarillado para recoger todas las aguas negras de la ciudad, ya que actualmente sólo el 73% de la población está conectada al sistema de alcantarillado. También se deben construir estaciones de bombeo, tuberías de impulsión y tuberías colectoras, para concentrar las aguas en varios puntos de tratamiento o de expulsión hacia el mar.
Para el tratamiento de las aguas, se recomienda la combinación de plantas de tratamiento con lagunas aeróbicas. Cuando esto resulta muy costoso, se recomienda la conducción de las aguas crudas, a través de un emisario, a más de 7 kilómetros de la costa, para llevarlas mar afuera, lejos de las mareas y las corrientes marinas para que se integren a la masa de agua en vez de regresar a la costa. Estas obras tienen grandes costos de construcción, operación y mantenimiento. Los mayores costos son los relacionados con el tratamiento de las aguas.
Ya que el proyecto favorece a más de 228 mil propiedades, de las cuales el 80% son residencias y el resto comercios e industrias, nos hemos preguntado, ¿quiénes pagarán por todo esto? Este tipo de proyecto, aunque cuente con donaciones de organismos internacionales para estudios y diseños, necesita de empréstitos para su construcción. Además de pagar el préstamo, el organismo responsable tendrá que cobrar tarifas para cubrir el costo de operación y mantenimiento del sistema por los próximos años.
Entonces, ¿quiénes y cuánto pagarán? El alcantarillado sanitario normalmente se cobra a través del sistema de valorización, y solamente lo pagan los dueños de las propiedades que se benefician directamente, debido a que se incrementa el valor de su propiedad. Por otro lado, todos pagan una tarifa por el tratamiento de las aguas negras, porque teóricamente, el que contamina paga. Si además, hay que operar y darle mantenimiento permanente a los nuevos sistemas, todos tendremos que pagar una tarifa para estos menesteres.
La pregunta que nos debemos hacer es si los más beneficiados por su cercanía a la Bahía pagarán las mismas tarifas que los demás, que aunque también contaminan, no se benefician tan directamente.
¿Deben pagar tazas de valorización las propiedades a las cuales se les construya el alcantarillado? ¿Deben pagar los propietarios de terrenos baldíos, que aunque no estén generando actualmente aguas negras, lo harán en el futuro cuando desarrollen sus tierras? ¿Deben pagar más las actividades industriales y hospitalarias que las residencias, considerando que las primeras generan aguas mucho más contaminadas que las segundas?
En países más avanzados, considerando que el gobierno tiene responsabilidad en la protección del medio ambiente y en el fomento del turismo, se subsidian las inversiones en plantas y sistemas de tratamiento, por sus altos costos. En estos casos, los usuarios solamente pagan el costo de mantenimiento y operación de los sistemas.
En Panamá, habría que definir qué subsidiaría el gobierno; qué pagarían los diferentes usuarios, cada tipo de industria, las residencias y los terrenos baldíos; y quiénes pagarían tazas de valorización y tarifas por el tratamiento. Una vez ejecutado el proyecto, también se deben prorratear los costos en el tiempo, para establecer tarifas razonables, acordes con la capacidad de pago de los usuarios. Todas estas incógnitas deben ser planteadas, discutidas y divulgadas, para que no haya sorpresa ni sorprendidos. La gente debe conocer a fondo el problema, sus consecuencias sanitarias y ambientales, los costos y cuál sería su contribución a la solución.
