Qutame la piedra...
Un dicho popular reza: "uno sabe cómo empiezan las cosas, pero nunca cómo terminan". Así parecen transcurrir las diferencias entre la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, maraña que enreda la institucionalidad. Se trata de un asunto complicado donde parece reinar más la forma que el fondo.
Una Fiscal Anticorrupción se ve motivada a realizar una investigación del caso PECC, donde al parecer hay indicios racionales de un posible acto de corrupción que involucra a ciertos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y ésta última interviene con una acusación formal en contra de la funcionaria del Ministerio Publico.
Un deleite jurídico, sin precedentes, que acapara el debate en cafetines cuando los abogados se reúnen a discutir acerca del vacío jurídico que existe respecto a quién corresponde la investigación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Todos coinciden en que la Asamblea Nacional es quien los juzga, más no quien los investiga. La Asamblea juzga a los Magistrados de la Corte Suprema, por ello es que la Fiscal no tiene competencia para investigarlos. Pues es la Corte quien acusa a la fiscal y ésta última sólo puede ser juzgada por la misma Corte Suprema que la denuncia, lo que la convierte en juez y parte. Dicho de otra forma, si quien te denuncia es quien te juzga estás condenado de antemano.
El Juez Cuarto de lo penal, Silverio Rodríguez, no dudó en remitir el expediente instruido por la Fiscal Segunda Anticorrupción, Maribel Cornejo, a la Asamblea Nacional, pues ésta averiguación pareciera dirigirse a los magistrados en sus funciones jurisdiccionales.
Un capuchino por favor, dice uno en la mesa y explica con cuidado: "Cuando se presenta una denuncia de esta índole a la Asamblea Nacional, la misma debe acompañarse de la prueba sumaria, es decir, una clara evidencia de que alguien fue sorprendido in fraganti. Con dicha prueba la Asamblea puede admitir la querella presentada". Entre sorbo y sorbo, los juristas coinciden en que la Fiscal Anticorrupción carece de competencia para investigar a los Magistrados de la Corte, no así a sus subalternos. Es ahí donde todos hacen un alto a la mascada y se preguntan: ¿Será posible que la Fiscal, que goza de total autonomía, efectúe una investigación de alto perfil sin poner al tanto de la misma a la Procuradora de la Nación?
Oye, si es así, ¿me vas a decir que no habrá sido instruida por alguien de poder para seguir adelante? Argumenta el de la izquierda. Una encrucijada jurídica, mas de forma que de fondo, pero que reposa en una línea muy fina, tan delgada que muy pocos conocen la respuesta, pero que comen ansias por conocer el siguiente paso que dará la Procuradora.
La mayoría de los abogados de la mesa conoce las interioridades del Ministerio Publico, saben que hay reuniones periódicas con la Procuradora para ponerla al tanto de sus labores, especialmente de los casos "delicados". Pero de repente uno mete su cuchara y recuerda que algo similar ocurrió cuando la Procuradora se dio por enterada, a través de los medios de comunicación, que el Fiscal Especial Dimas Guevara, a propósito del caso de los envenenados por dietilen glicol, indagó y aplicó detención preventiva a los ex directores de la Caja de Seguro Social, Jované. Villalás y Luciani, y ordenó la separación del cargo de éste último.
Los fiscales tienen autonomía y cuentan con un poder disciplinario. Sin embargo, la experiencia indica que ninguno de estos funcionarios toma decisiones de esta naturaleza en forma inconsulta, más aún cuando se trata de investiduras de jerarquía.
Después de endulzar el café, otro mas que se suma a la conversación especula: "Tal vez por eso la Procuradora aún no formula cargos a la Fiscal, aunque al haber admitido la querella lo que procede jurídicamente es ordenar la indagatoria a la funcionaria, pues su admisión tiene como presupuesto el que formalmente la misma esta bien presentada, no adolece de defectos de forma y que viene acompañada de la prueba sumaria que acredita el hecho que se denuncia". ¿Y si, en efecto, estaba al tanto de que se había citado a estos funcionarios, pero que además había la posibilidad de que se estuviera investigando la actuación de los magistrados?, preguntó el otro. Entonces, tal vez debiera declarase impedida en el caso, responde el compañero de la derecha, pues una vez que la Procuradora se pronuncie, el caso se remite a la sala penal de la Corte, y aunque sus magistrados se declaren impedidos en el asunto, podría interpretarse la actuación de sus suplentes como juez y parte del conflicto, y ahí si que no se vale, acotó moviendo el café.
Con el bocado en la boca, a uno se le ocurre pensar, ¿Qué hará la Asamblea Nacional de Diputados con el expediente, juzgará a los magistrados o lo archivará? Si prevalece ésta última ¿queda la Fiscal en entredicho con su actuación? ¿Podría interpretarse, en este escenario, que la investigación tiene mas fondo que forma al tratarse de un caso que involucra a un Ex Presidente de la República?
Sea cual sea la causa, lo que está en peligro es la débil institucionalidad del país, con lo que flaco favor se le hace a nuestra democracia, puesto que lo que parece percibirse es una lucha de poderes que se adelanta en el seno del partido oficialista.
Que... ¿Cuál es el café?, eso ya es de fondo.
Una Fiscal Anticorrupción se ve motivada a realizar una investigación del caso PECC, donde al parecer hay indicios racionales de un posible acto de corrupción que involucra a ciertos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y ésta última interviene con una acusación formal en contra de la funcionaria del Ministerio Publico.
Un deleite jurídico, sin precedentes, que acapara el debate en cafetines cuando los abogados se reúnen a discutir acerca del vacío jurídico que existe respecto a quién corresponde la investigación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Todos coinciden en que la Asamblea Nacional es quien los juzga, más no quien los investiga. La Asamblea juzga a los Magistrados de la Corte Suprema, por ello es que la Fiscal no tiene competencia para investigarlos. Pues es la Corte quien acusa a la fiscal y ésta última sólo puede ser juzgada por la misma Corte Suprema que la denuncia, lo que la convierte en juez y parte. Dicho de otra forma, si quien te denuncia es quien te juzga estás condenado de antemano.
El Juez Cuarto de lo penal, Silverio Rodríguez, no dudó en remitir el expediente instruido por la Fiscal Segunda Anticorrupción, Maribel Cornejo, a la Asamblea Nacional, pues ésta averiguación pareciera dirigirse a los magistrados en sus funciones jurisdiccionales.
Un capuchino por favor, dice uno en la mesa y explica con cuidado: "Cuando se presenta una denuncia de esta índole a la Asamblea Nacional, la misma debe acompañarse de la prueba sumaria, es decir, una clara evidencia de que alguien fue sorprendido in fraganti. Con dicha prueba la Asamblea puede admitir la querella presentada". Entre sorbo y sorbo, los juristas coinciden en que la Fiscal Anticorrupción carece de competencia para investigar a los Magistrados de la Corte, no así a sus subalternos. Es ahí donde todos hacen un alto a la mascada y se preguntan: ¿Será posible que la Fiscal, que goza de total autonomía, efectúe una investigación de alto perfil sin poner al tanto de la misma a la Procuradora de la Nación?
Oye, si es así, ¿me vas a decir que no habrá sido instruida por alguien de poder para seguir adelante? Argumenta el de la izquierda. Una encrucijada jurídica, mas de forma que de fondo, pero que reposa en una línea muy fina, tan delgada que muy pocos conocen la respuesta, pero que comen ansias por conocer el siguiente paso que dará la Procuradora.
La mayoría de los abogados de la mesa conoce las interioridades del Ministerio Publico, saben que hay reuniones periódicas con la Procuradora para ponerla al tanto de sus labores, especialmente de los casos "delicados". Pero de repente uno mete su cuchara y recuerda que algo similar ocurrió cuando la Procuradora se dio por enterada, a través de los medios de comunicación, que el Fiscal Especial Dimas Guevara, a propósito del caso de los envenenados por dietilen glicol, indagó y aplicó detención preventiva a los ex directores de la Caja de Seguro Social, Jované. Villalás y Luciani, y ordenó la separación del cargo de éste último.
Los fiscales tienen autonomía y cuentan con un poder disciplinario. Sin embargo, la experiencia indica que ninguno de estos funcionarios toma decisiones de esta naturaleza en forma inconsulta, más aún cuando se trata de investiduras de jerarquía.
Después de endulzar el café, otro mas que se suma a la conversación especula: "Tal vez por eso la Procuradora aún no formula cargos a la Fiscal, aunque al haber admitido la querella lo que procede jurídicamente es ordenar la indagatoria a la funcionaria, pues su admisión tiene como presupuesto el que formalmente la misma esta bien presentada, no adolece de defectos de forma y que viene acompañada de la prueba sumaria que acredita el hecho que se denuncia". ¿Y si, en efecto, estaba al tanto de que se había citado a estos funcionarios, pero que además había la posibilidad de que se estuviera investigando la actuación de los magistrados?, preguntó el otro. Entonces, tal vez debiera declarase impedida en el caso, responde el compañero de la derecha, pues una vez que la Procuradora se pronuncie, el caso se remite a la sala penal de la Corte, y aunque sus magistrados se declaren impedidos en el asunto, podría interpretarse la actuación de sus suplentes como juez y parte del conflicto, y ahí si que no se vale, acotó moviendo el café.
Con el bocado en la boca, a uno se le ocurre pensar, ¿Qué hará la Asamblea Nacional de Diputados con el expediente, juzgará a los magistrados o lo archivará? Si prevalece ésta última ¿queda la Fiscal en entredicho con su actuación? ¿Podría interpretarse, en este escenario, que la investigación tiene mas fondo que forma al tratarse de un caso que involucra a un Ex Presidente de la República?
Sea cual sea la causa, lo que está en peligro es la débil institucionalidad del país, con lo que flaco favor se le hace a nuestra democracia, puesto que lo que parece percibirse es una lucha de poderes que se adelanta en el seno del partido oficialista.
Que... ¿Cuál es el café?, eso ya es de fondo.
