Realidad y cambio
Algunas de las principales claves de la realidad económica y social se centran en la pobreza y falta de equidad. Panamá es un país potencialmente rico pero empobrecido, donde se profundiza una brecha social en uno de los países con la peor distribución del ingreso del mundo. Permanecen muchas asimetrías, mientras que la inseguridad y la violencia crecen en sus diversas manifestaciones. Las claves de la realidad política del Panamá de hoy, es necesario encontrarlas en la década de los noventa, que marcan el desenvolvimiento de una transición democrática inicialmente tutelada, que se desarrolla a través de la alternabilidad de dos elecciones generales (1994 y 1999), en las cuales triunfa la oposición y de dos referéndums sobre reformas constitucionales adversados por la mayoría de los/las consultados/as.
Panamá se encuentra en el proceso de construir el Estado de Derecho como producto de esta transición democrática marcada en la última década del siglo XX, tanto por la militarización (presencia instalaciones y bases de los EE.UU.) como por el militarismo (hegemonía de las fuerzas armadas nacionales). El polo más débil (militarismo) configurado como dictadura, fue aniquilado en el momento del conflicto (invasión norteamericana 1989), y luego borrado como actor constitucionalmente (Acto Legislativo 1 del 27 de diciembre de 1993 y el Acto Legislativo 2 de 1994), como producto del sentir nacional de hacer de Panamá un país sin ejército. La militarización desapareció del país el 31 de diciembre de 1999 con la reversión final de todos los bienes canaleros a Panamá producto de los tratados firmados en 1977, pero la posibilidad de la continuidad de la presencia militar de EE.UU. se expresó entre 1997 y 1998 con las negociaciones frustradas para la reinstalación de esa presencia disfrazada de Centro Multilateral Antidrogas (CMA). En el año 2002, al calor del conflicto colombiano, la firma del Convenio Salas - Becker y el acuerdo de la ACP con los EE.UU. reeditan parcialmente esa posibilidad.
Las preguntas de fondo sobre la militarización giran en torno a la conveniencia o no para Panamá de continuar el uso militar sobre bienes revertidos muy valiosos; la conveniencia de tener ejércitos foráneos cuando se ha eliminado el propio; la situación de peligrosidad que significaría continuar siendo objetivo de ataque o represalia de terceros por albergar instalaciones bélicas; las amenazas ambientales que involucra la continuidad militar; la puesta en duda de la capacidad nacional de autodeterminación en el centenario de constitución de Panamá como República.
Las preguntas de fondo sobre el militarismo se dan en torno a la amenaza a los procesos democráticos, la injerencia de los militares en la vida social, y su peso sobre la vigencia de los derechos humanos.
Hoy en Panamá no existen fuerzas armadas, sino una Fuerza Pública no deliberante y subordinada efectivamente al poder civil, respetuosa de competencias definidas en la Constitución a través de mecanismos claramente establecidos en las leyes y en su estatuto orgánico. No existe una política de defensa como tal ni ministerio de Defensa, pues la Fuerza Pública está bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno y Justicia.
En junio del 2000 se adoptó los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad (FPPS) surgida del consenso de partidos políticos de oposición con el gobierno, y de consultas con sectores ciudadanos y políticos. El documento es tributario del concepto de seguridad humana, pero hoy aparece debilitada producto de las tensiones que generan la vecindad con Colombia.
El país avanza en el plano del fortalecimiento de las instituciones democráticas, pero con debilidades manifiestas en el desempeño del Estado de derecho, la falta de consolidación democrática, la corrupción, y la tentación del militarismo y/o la militarización, y otras formas de autoritarismos civiles. Todas estas falencias convergen hacia una crisis de la política que se expresa en una déficit creciente de legitimidad y representación, y serios cuestionamientos ciudadanos al desempeño de la democracia, pero no necesariamente a su invalidación como sistema.
Esta realidad nos invita urgentemente al cambio, pues el país no puede seguir transitando los mismos caminos trillados. Tanto los partidos políticos, la sociedad civil y toda la ciudadanía deben repensar a la nación con relación a las transformaciones necesarias y no como un "slogan" politiquero o una cuña publicitaria. Pero, ¿cuál es, pues, la dirección del cambio? ¿A quiénes beneficiará? ¿Quiénes son los sujetos del proceso? ¿Quiénes lo liderarán? ¿Cuál es el paradigma que lo orientará? El proceso de cambio debe ser incluyente, participativo y creador. Debe articular integralmente la democracia, la equidad, la ética, el desarrollo sostenible y la autodeterminación como lo pensamos y decidimos entre todos cuando construimos la visión del país que queríamos y podíamos en el 2020.
(raulleisr@hotmail.com)
Panamá se encuentra en el proceso de construir el Estado de Derecho como producto de esta transición democrática marcada en la última década del siglo XX, tanto por la militarización (presencia instalaciones y bases de los EE.UU.) como por el militarismo (hegemonía de las fuerzas armadas nacionales). El polo más débil (militarismo) configurado como dictadura, fue aniquilado en el momento del conflicto (invasión norteamericana 1989), y luego borrado como actor constitucionalmente (Acto Legislativo 1 del 27 de diciembre de 1993 y el Acto Legislativo 2 de 1994), como producto del sentir nacional de hacer de Panamá un país sin ejército. La militarización desapareció del país el 31 de diciembre de 1999 con la reversión final de todos los bienes canaleros a Panamá producto de los tratados firmados en 1977, pero la posibilidad de la continuidad de la presencia militar de EE.UU. se expresó entre 1997 y 1998 con las negociaciones frustradas para la reinstalación de esa presencia disfrazada de Centro Multilateral Antidrogas (CMA). En el año 2002, al calor del conflicto colombiano, la firma del Convenio Salas - Becker y el acuerdo de la ACP con los EE.UU. reeditan parcialmente esa posibilidad.
Las preguntas de fondo sobre la militarización giran en torno a la conveniencia o no para Panamá de continuar el uso militar sobre bienes revertidos muy valiosos; la conveniencia de tener ejércitos foráneos cuando se ha eliminado el propio; la situación de peligrosidad que significaría continuar siendo objetivo de ataque o represalia de terceros por albergar instalaciones bélicas; las amenazas ambientales que involucra la continuidad militar; la puesta en duda de la capacidad nacional de autodeterminación en el centenario de constitución de Panamá como República.
Las preguntas de fondo sobre el militarismo se dan en torno a la amenaza a los procesos democráticos, la injerencia de los militares en la vida social, y su peso sobre la vigencia de los derechos humanos.
Hoy en Panamá no existen fuerzas armadas, sino una Fuerza Pública no deliberante y subordinada efectivamente al poder civil, respetuosa de competencias definidas en la Constitución a través de mecanismos claramente establecidos en las leyes y en su estatuto orgánico. No existe una política de defensa como tal ni ministerio de Defensa, pues la Fuerza Pública está bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno y Justicia.
En junio del 2000 se adoptó los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad (FPPS) surgida del consenso de partidos políticos de oposición con el gobierno, y de consultas con sectores ciudadanos y políticos. El documento es tributario del concepto de seguridad humana, pero hoy aparece debilitada producto de las tensiones que generan la vecindad con Colombia.
El país avanza en el plano del fortalecimiento de las instituciones democráticas, pero con debilidades manifiestas en el desempeño del Estado de derecho, la falta de consolidación democrática, la corrupción, y la tentación del militarismo y/o la militarización, y otras formas de autoritarismos civiles. Todas estas falencias convergen hacia una crisis de la política que se expresa en una déficit creciente de legitimidad y representación, y serios cuestionamientos ciudadanos al desempeño de la democracia, pero no necesariamente a su invalidación como sistema.
Esta realidad nos invita urgentemente al cambio, pues el país no puede seguir transitando los mismos caminos trillados. Tanto los partidos políticos, la sociedad civil y toda la ciudadanía deben repensar a la nación con relación a las transformaciones necesarias y no como un "slogan" politiquero o una cuña publicitaria. Pero, ¿cuál es, pues, la dirección del cambio? ¿A quiénes beneficiará? ¿Quiénes son los sujetos del proceso? ¿Quiénes lo liderarán? ¿Cuál es el paradigma que lo orientará? El proceso de cambio debe ser incluyente, participativo y creador. Debe articular integralmente la democracia, la equidad, la ética, el desarrollo sostenible y la autodeterminación como lo pensamos y decidimos entre todos cuando construimos la visión del país que queríamos y podíamos en el 2020.
(raulleisr@hotmail.com)
