Reconocimiento
El acuerdo logrado entre el Gobierno y Panama Ports Company, es probablemente la manera más sólida de iniciar el segundo año del actual periodo de gobierno. Por donde lo veamos, el Ministro Alejandro Ferrer ha anotado un tremendo gol a favor de las finanzas públicas, la seriedad del Estado panameño en el área de las inversiones internacionales, y la integridad en el ejercicio del gobierno, sin embargo, no se puede ser mezquino al repartir las loas y los méritos. No podemos olvidar el gesto inmediato de defensa de los intereses nacionales realizado por los entonces legisladores Rubén Arosemena, Teresita Yanis de Arias, Pedro Miguel González y Miguel Bush, así como del abogado Raúl Ossa, quienes en el momento de la lesiva y escandalosa "equiparación" interpusieron demandas de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia y presentaron una iniciativa legislativa que fue abortada por la mayoría oficial de entonces. Tampoco podemos desconocer el perseverante respaldo del entonces líder de la oposición y hoy Presidente de la República, Martín Torrijos quien seguramente enfrentó presiones de todo tipo y sector para que no se resolviera este tema en beneficio de Panamá. Ni el estatus quo ni un buen pleito era lo que convenía al país.
Este acuerdo es un triunfo para las finanzas del Estado, pues el pago neto de 102 millones de balboas en concepto de rentas por el uso de los puertos de Cristóbal y Balboa, y del que habían sido "exonerados" los concesionarios por el Ministro Jácome (con la ignominiosa aprobación del Gabinete de Moscoso), mucha falta hace en un país que tiene una deuda alta con los pobres y cada vez más alta con las entidades internacionales de crédito. Al eliminar la lesiva "equiparación", el gobierno envía un mensaje de seriedad y firmeza a los potenciales inversionistas del sector portuario, atributos que son necesarios para lograr atraer capitales extranjeros que deseen instalarse y generar riquezas en nuestro país a largo plazo. Finalmente, no está de más recordar que con la firma de los nuevos acuerdos, se cae la demanda contra la equiparación y exoneración otorgadas por el gobierno anterior, por lo que la Sala Tercera de la Corte Suprema deberá proceder a decretar "sustracción de materia". Con ello se elimina un caso importante de los que se acumulan en la larga lista de espera que registran algunos magistrados de la Corte. Si hubiera una "marea ciudadana", todavía estaríamos celebrando.
Este acuerdo es un triunfo para las finanzas del Estado, pues el pago neto de 102 millones de balboas en concepto de rentas por el uso de los puertos de Cristóbal y Balboa, y del que habían sido "exonerados" los concesionarios por el Ministro Jácome (con la ignominiosa aprobación del Gabinete de Moscoso), mucha falta hace en un país que tiene una deuda alta con los pobres y cada vez más alta con las entidades internacionales de crédito. Al eliminar la lesiva "equiparación", el gobierno envía un mensaje de seriedad y firmeza a los potenciales inversionistas del sector portuario, atributos que son necesarios para lograr atraer capitales extranjeros que deseen instalarse y generar riquezas en nuestro país a largo plazo. Finalmente, no está de más recordar que con la firma de los nuevos acuerdos, se cae la demanda contra la equiparación y exoneración otorgadas por el gobierno anterior, por lo que la Sala Tercera de la Corte Suprema deberá proceder a decretar "sustracción de materia". Con ello se elimina un caso importante de los que se acumulan en la larga lista de espera que registran algunos magistrados de la Corte. Si hubiera una "marea ciudadana", todavía estaríamos celebrando.
