¡Reconsidere, señor Martinelli!
En sus acciones como gobernante, Ricardo Martinelli marca dos tendencias, ciertamente contradictorias: por un lado anuncia su intención de “consultar al pueblo” para conocer su opinión sobre temas importantes de interés general y, por otro, con demasiada frecuencia, nos sorprende “comunicándonos” medidas que, por su importancia, debiera haber consultado, antes de presentarlas como hechos cumplidos.
En un artículo anterior, citando el llamado “Plan de gobierno por el cambio”, destaqué que allí se anunció la intención de adquirir los corredores Norte y Sur. Pero la propuesta, por extremadamente esquemática, no indicaba “las fuentes que se utilizarían para obtener los recursos para pagarlos y, tampoco, ni remotamente, sobre las sumas multimillonarias que el gobierno estaba dispuesto a entregar a ICA y a PYCSA, las flamantes concesionarias convertidas en acreedores como resultado de contratos marrulleros, comprobadamente leoninos e inmorales.
Directamente los usuarios, y todo el país, tenemos justificada razón para considerarnos estafados. Los contratos suscritos con ICA y PYCSA contravienen abiertamente elementales principios de equidad. En ellos está ausente la buena fe que debe ser elemento esencial en los acuerdos de voluntades. Comparativamente, no existe ninguna diferencia entre los contenidos de esos adefesios jurídicos y la injusticia que nos impusieron en 1903 con el tratado Hay-Bunau Varilla o las que les fueron impuestas por los poderes coloniales a los países del Medio Oriente para apoderarse de sus recursos petroleros o saquear sus colonias africanas.
Pero a diferencia de las monstruosidades impuestas por los poderes coloniales, a las que las víctimas tenían poca o ninguna capacidad para oponerse, las concesiones para construir los corredores y sus onerosos términos fueron consciente y deliberadamente “arregladas” por el contubernio de oscuros intereses, de parte y parte. ¿Habrá sanción para los responsables de esas bellaquerías? Aunque eso no nos compense por el perjuicio causado a nuestro país, sería positivo que, como ocurrió en Costa Rica, alguien o todos los responsables recibieran su merecido.
La gran paradoja en todo este bochornoso asunto es que, aparte de que los culpables nacionales siguen disfrutando de impunidad, ahora volveríamos a ser burlados y tendríamos que premiar a quienes nos embaucaron.
Asumamos que al gobierno “del cambio” lo motiva la sana intención beneficiar al país y de revertir una patraña de la que ciertamente no es culpable. Pero esa premisa no es suficiente justificación para el “arreglo anunciado”. Aceptar, por una parte, que los “concesionarios” tienen “los derechos” que reclaman, conlleva reconocer que ellos actuaron de manera transparente y de buena fe, lo cual no es cierto. Por la otra, comprometer dineros que le pertenecen al pueblo, en general (Fondo Fiduciario), y a los asegurados, en particular (Fondo de Pensiones), sin previamente consultar a los afectados, es una extralimitación y una interpretación desbordada del mandato electoral.
En el caso del Fondo de Pensiones, somos los asegurados y no el gobierno, quienes debemos decidir si autorizamos su inversión. Y en el caso de Fondo Fiduciario, la consulta debe ser a todo el país. Previas, desde luego, las explicaciones exhaustivas y el análisis público de los riesgos y “las supuestas ventajas”. ¡Eso es lo menos que merecemos!
