Récord policivo
No sabemos a qué genio se le ocurrió eliminar el certificado de récord policivo. Unos dicen que fueron los sempiternos defensores de los derechos de los criminales y otros cuentan que fue la propia PTJ, porque "era mucho trabajo". Pero sea quien sea el causante, los responsables finales fueron los señores diputados que aprobaron semejante cosa. Por la razón que sea, las víctimas, pasadas y potenciales, sentimos que el Estado incumple su deber de velar por nuestra seguridad al ocultar información tan importante.
El récord policivo era una certificación para un posible empleador, de que la persona que estaba contratando no tenía antecedentes penales, y que si los tenía, uno la contrataba a sabiendas. Hoy en día alguien puede estar metiendo en su casa a una ex convicta por hurto, o peor aún, por secuestro, y no lo puede saber porque el Estado le oculta esa información por Ley. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el ladrón de un establecimiento era el propio agente de seguridad, quien había salido hacía sólo unas semanas de la cárcel?
El primer deber del Gobierno es brindar seguridad a los asociados. En los países civilizados, en donde el tema de los Derechos Humanos está mucho más desarrollado que en los trópicos, los ciudadanos tienen derecho a saber, por ejemplo, si un ex convicto por violación carnal o por pedofilia se está mudando al vecindario. Es más, han desarrollado sitios de Internet en donde se registran los pedófilos y violadores y se informa a la ciudadanía en dónde viven. Como ejemplo está un sitio llamado sexoffender.com, el cual provee este tipo de información. Conociendo las bajas penas que se aplican en Panamá a este tipo de delitos, y la falta de control posterior a los ex presidiarios, cómo pretenden los gobiernos darnos más seguridad si no podemos conocer si la persona que estamos metiendo a convivir en nuestras casas o nuestros sitios de trabajo, es un peligro para nuestras vidas, la integridad de nuestros seres queridos o nuestros bienes. Pareciera que las autoridades sufrieran de una especie de "Síndrome de Estocolmo" cuando se discuten estos temas y en lugar de proteger a las víctimas prefieren proteger a los delincuentes.
Hay que reinstaurar el certificado de récord policivo.
El récord policivo era una certificación para un posible empleador, de que la persona que estaba contratando no tenía antecedentes penales, y que si los tenía, uno la contrataba a sabiendas. Hoy en día alguien puede estar metiendo en su casa a una ex convicta por hurto, o peor aún, por secuestro, y no lo puede saber porque el Estado le oculta esa información por Ley. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el ladrón de un establecimiento era el propio agente de seguridad, quien había salido hacía sólo unas semanas de la cárcel?
El primer deber del Gobierno es brindar seguridad a los asociados. En los países civilizados, en donde el tema de los Derechos Humanos está mucho más desarrollado que en los trópicos, los ciudadanos tienen derecho a saber, por ejemplo, si un ex convicto por violación carnal o por pedofilia se está mudando al vecindario. Es más, han desarrollado sitios de Internet en donde se registran los pedófilos y violadores y se informa a la ciudadanía en dónde viven. Como ejemplo está un sitio llamado sexoffender.com, el cual provee este tipo de información. Conociendo las bajas penas que se aplican en Panamá a este tipo de delitos, y la falta de control posterior a los ex presidiarios, cómo pretenden los gobiernos darnos más seguridad si no podemos conocer si la persona que estamos metiendo a convivir en nuestras casas o nuestros sitios de trabajo, es un peligro para nuestras vidas, la integridad de nuestros seres queridos o nuestros bienes. Pareciera que las autoridades sufrieran de una especie de "Síndrome de Estocolmo" cuando se discuten estos temas y en lugar de proteger a las víctimas prefieren proteger a los delincuentes.
Hay que reinstaurar el certificado de récord policivo.
