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Recordando el 9 de Enero de 1964


Los esfuerzos, desvelos y sacrificios realizados por el pueblo para rescatar la Zona del Canal, no están siendo recompensados en su justo valor. Es de justicia que el gobierno Patria Nueva interesado como está en mejorar las condiciones de la Caja de Seguro Social y dar solución a otros problemas sociales, dicte a través de la Asamblea de Diputados, políticas que tiendan a despolitizar la administración del Canal y de la ARI, patrimonios de la nación, y logre que sus beneficios lleguen, con eficacia y permanencia, a todos los rincones de la República.
Mañana, 9 de enero, se cumplen 41 años de la gesta gloriosa y patriótica de un pueblo que no desmayó en su intento de lograr la libertad y la soberanía total en la Zona del Canal, área ocupada por el gobierno norteamericano a partir de 1903; 41 años de que el espíritu patriótico de hombres, mujeres y jóvenes estudiantes se inflamó de amor al terruño y se lanzó a la lucha, valientemente, frente a las fuerzas militares del país más poderoso de la tierra para reclamar sus derechos y la dignidad de Panamá. Por eso, la fecha debe ser recordada con verdadero sentido patriótico y divulgado, profusamente, para que se conozca la verdad de una gesta heroica que desencadenó el rescate de la zona canalera.
No dar importancia a tan gloriosa fecha es ignorar la trascendencia de un movimiento de lucha que, por tantos años, anidó en el alma panameña frente a los atropellos que se cometían en contra de nuestra soberanía y frente a la oposición a que el pueblo defendiera y quisiera hacer suyo ese espacio de tierra en donde la patria forjó sus más grandes anhelos y esperanzas. Fueron muchos los panameños que ofrendaron sus vidas por alcanzar la soberanía y rescate de tan valioso patrimonio para ponerlo en manos de las grandes mayorías. Sin embargo, luego de 41 años transcurridos, se observa la presencia de un pueblo frustrado por políticas gubernamentales que no han sido las mejores para que ese patrimonio, rescatado con tantos esfuerzos y sacrificios, sirva a los intereses de las clases más humildes del país.
El Canal y las áreas revertidas, motivo de la lucha permanente de un pueblo que se sacrificó para que pasaran a manos panameñas, pertenecen a todos los que vivimos en este suelo; y como tales, deben ponerse al servicio de la comunidad nacional, de lo contrario estamos negando los elevados propósitos de un 9 de Enero de 1964 que continuará siendo un faro de luz para iluminar la mente de los gobernantes frente a los destinos de la nación para que cumplan, responsablemente con su labor. El 9 de enero continuará siendo un hecho social de trascendencia en el país, y el mejor recuerdo y homenaje que se le puede ofrecer a sus héroes y a un pueblo que llegó hasta el sacrificio por la vigencia de la soberanía y la libertad.
Confiamos en que el gobierno tomará mucho interés en el futuro y presente de la administración del Canal y de la ARI y buscará los mejores caminos para que sus beneficios se proyecten, atendiendo a las necesidades de las grandes mayorías nacionales y desaparezcan los exorbitantes salarios que devengan muchos de sus funcionarios.
Los gobiernos de la región han tomado acciones para reducir el uso indiscriminado de pesticidas altamente tóxicos. Los ministros de Salud han restringido el uso de 12 de ellos y han alentado la prohibición de otros 107.
En Panamá, las Comisiones Locales Intersectoriales de Plaguicidas (CLIP), están jugando un papel importante en el control del uso de pesticidas tóxicos. En El Salvador, el Gobierno ha prohibido el uso de 35 plaguicidas; en Belice, aquellos que deseen utilizar pesticidas, deben completar un proceso de acreditación; Guatemala está desarrollando un programa educativo sobre plaguicidas para varios grupos indígenas en el país; en Nicaragua, 55 grupos especiales están trabajando activamente para reducir el envenenamiento por pesticidas; y Costa Rica está exhortando el desarrollo de la agricultura orgánica como un método alternativo para reducir el uso de plaguicidas.
No obstante, es necesario efectuar actividades educativas intensivas, iniciando desde la escuela primaria, a fin de evitar que se extienda el uso inseguro de pesticidas.
Los países industrializados, por su parte, no deben proseguir con la venta de sus plaguicidas prohibidos a los países en vías de desarrollo. Al mismo tiempo, la utilización de productos más seguros, así como el uso de tecnologías alternativas deben ser investigados y fomentados. En muchos casos, los plaguicidas más dañinos son también los más baratos. Por lo tanto, los gobiernos deberían proporcionar subsidios a los agricultores pobres, para estimular el uso de alternativas más seguras.
La única forma de controlar algún día el envenenamiento producido por pesticidas, es a través de intensos esfuerzos que coadyuven a prevenir el uso peligroso de los mismos, lo cual constituye una grave amenaza.
(*) Autor de la publicación de la OPS, "El Impacto Ambiental en la Salud de la Niñez".

101 años de Panamá América

 
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