Recortes al presupuesto
Una polémica ha surgido ahora entre el Ejecutivo y la Contraloría General de la República. La segunda ha expresado que el gasto público, en el primer semestre del 2002, incrementó en un 30%, en comparación con igual período del año pasado, mientras que la Jefa del Ejecutivo niega tal aumento en el gasto. "Lo indicado en el informe de la Contraloría no es cierto". Bueno... ¿entonces a quién creer? ¿Al que fiscaliza o al fiscalizado? ¿Quién nos aclara esto? ¿Será acaso mejor la contabilidad que lleva la Primera Mandataria del gasto público que los controles de la Contraloría General de la República? Es importante determinarlo, sobre todo ahora que estamos tratando el tema de los ajustes presupuestarios, porque puede que estemos en presencia de una institución que no evidencia plenamente su existencia y que goza, en cambio, de un substancioso presupuesto que podemos ahorrarnos.
Todos los años los gobiernos se ven sometidos a la política fiscal de tener que balancear su presupuesto. No puede haber más egresos que ingresos, lo que parece muy razonable, y más en economías dañadas como la nuestra. Pero el problema no está realmente en la reducción del presupuesto sino en el criterio que se emplea para ello. Es importante la determinación de las prioridades, pues un insano criterio puede llevar a los gobiernos al gasto superfluo con soslayo de las inversiones sociales nacionales, como suele ocurrir con mucha frecuencia.
Dentro de una política sana fiscal lo primero que debería hacerse es el examen cabal del presupuesto de cada entidad gubernamental, de cabo a rabo, a ver si lo existente se justifica y llena la función social correspondiente, o si, por otro lado, las necesidades exigen aumentos en las partidas más que disminuciones. Igualmente debe existir un orden de prelaciones en las instituciones objeto de los ajustes presupuestarios, ya que no es lo mismo reducir el presupuesto en materia de salud que a otras actividades.
A manera sólo de ejemplo, vemos que los medios nos han traído noticias sobre probables recortes al presupuesto general de la Caja de Seguro Social., una institución que más bien lo que exige a gritos son incrementos y no reducciones. El Estado panameño, cualquiera que sea la suma de dinero que invierta en salud, siempre está en déficit. Nunca es bastante, ni siquiera suficiente, lo que se puede invertir.
Aparentemente, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Caja de Seguro Social han llegado al acuerdo de que la reducción que realizarán al presupuesto de dicha institución no será de la magnitud de lo que originalmente fue anunciado: 250 millones de dólares. Y es que con esta política de reducción del gasto público, además de constituir un torpe sabotaje a la administración de la Caja de Seguro Social, para el logro de segundas y terceras intenciones, como es la privatización de la institución, muy sutilmente pueden crearse fingidas crisis con miras a hacer montar en la ciudadanía situaciones artificiosas. Las reducciones presupuestarias que se han anunciado a la Caja de Seguro Social, entre las más aciagas derivaciones que acarrearán a la institución están el despido de alrededor de tres mil empleados; cerrar y suspender la apertura de centros de atención, promoción y prevención de salud; el incumplimiento de compromisos de incrementos salariales; el cierre del Hospital San Judas Tadeo; la suspensión del inicio de servicios de pediatría en el Hospital América; la reducción de aportes al Hospital del Niño; Instituto Oncológico; el Nicolás Solano, la reducción de las raciones alimenticias para los pacientes; el desabastecimiento de alrededor de siete millones de balboas en medicamentos, etc.: ¡Una total hecatombe! y todo a costa de la seguridad social del pueblo.
La causa de toda esta situación parece ser la prioridad que el Gobierno Nacional, compelido por las instituciones financieras internacionales, le ha concedido al pago de la deuda externa que está drenando los pocos recursos nacionales que de por sí se han visto mermados como consecuencia de las tantas medidas neoliberales que han sido aplicadas y que han descapitalizado al Estado (privatizaciones, bajas de aranceles, etc.). El 22% de la totalidad del presupuesto nacional, o sean, mil ciento ochenta y uno millones ( US$ 1,181,000,000.00) han sido destinados al pago de la deuda externa. De esto, dos tercios, más o menos, corresponden a amortización de capitales, mientras que el tercio restante corresponde al pago de intereses. Somos de opinión de que, de igual forma como la Ley N° 20 de Responsabilidad Fiscal exige a los gobiernos no exceder los gastos del 2% del Producto Interno Bruto, igual debe establecerse en torno a la deuda pública. Debería establecerse un porcentaje, digamos un máximo del 10% del Producto Interno Bruto, para el pago de la deuda externa, porque sobre la deuda pública debe tener prevalencia la salud y otros gastos sociales como son la educación y la vivienda de los ciudadanos. ¿Es posible lograr esto? Claro que sí, pero no creo que haya entre la clase política muchos entusiastas, pues su modus vivendi depende del gasto público y entre mayor éste sea, mayor será la bonanza de la clase política con la desviación de fondos para uso social para menesteres diferentes.
Todos los años los gobiernos se ven sometidos a la política fiscal de tener que balancear su presupuesto. No puede haber más egresos que ingresos, lo que parece muy razonable, y más en economías dañadas como la nuestra. Pero el problema no está realmente en la reducción del presupuesto sino en el criterio que se emplea para ello. Es importante la determinación de las prioridades, pues un insano criterio puede llevar a los gobiernos al gasto superfluo con soslayo de las inversiones sociales nacionales, como suele ocurrir con mucha frecuencia.
Dentro de una política sana fiscal lo primero que debería hacerse es el examen cabal del presupuesto de cada entidad gubernamental, de cabo a rabo, a ver si lo existente se justifica y llena la función social correspondiente, o si, por otro lado, las necesidades exigen aumentos en las partidas más que disminuciones. Igualmente debe existir un orden de prelaciones en las instituciones objeto de los ajustes presupuestarios, ya que no es lo mismo reducir el presupuesto en materia de salud que a otras actividades.
A manera sólo de ejemplo, vemos que los medios nos han traído noticias sobre probables recortes al presupuesto general de la Caja de Seguro Social., una institución que más bien lo que exige a gritos son incrementos y no reducciones. El Estado panameño, cualquiera que sea la suma de dinero que invierta en salud, siempre está en déficit. Nunca es bastante, ni siquiera suficiente, lo que se puede invertir.
Aparentemente, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Caja de Seguro Social han llegado al acuerdo de que la reducción que realizarán al presupuesto de dicha institución no será de la magnitud de lo que originalmente fue anunciado: 250 millones de dólares. Y es que con esta política de reducción del gasto público, además de constituir un torpe sabotaje a la administración de la Caja de Seguro Social, para el logro de segundas y terceras intenciones, como es la privatización de la institución, muy sutilmente pueden crearse fingidas crisis con miras a hacer montar en la ciudadanía situaciones artificiosas. Las reducciones presupuestarias que se han anunciado a la Caja de Seguro Social, entre las más aciagas derivaciones que acarrearán a la institución están el despido de alrededor de tres mil empleados; cerrar y suspender la apertura de centros de atención, promoción y prevención de salud; el incumplimiento de compromisos de incrementos salariales; el cierre del Hospital San Judas Tadeo; la suspensión del inicio de servicios de pediatría en el Hospital América; la reducción de aportes al Hospital del Niño; Instituto Oncológico; el Nicolás Solano, la reducción de las raciones alimenticias para los pacientes; el desabastecimiento de alrededor de siete millones de balboas en medicamentos, etc.: ¡Una total hecatombe! y todo a costa de la seguridad social del pueblo.
La causa de toda esta situación parece ser la prioridad que el Gobierno Nacional, compelido por las instituciones financieras internacionales, le ha concedido al pago de la deuda externa que está drenando los pocos recursos nacionales que de por sí se han visto mermados como consecuencia de las tantas medidas neoliberales que han sido aplicadas y que han descapitalizado al Estado (privatizaciones, bajas de aranceles, etc.). El 22% de la totalidad del presupuesto nacional, o sean, mil ciento ochenta y uno millones ( US$ 1,181,000,000.00) han sido destinados al pago de la deuda externa. De esto, dos tercios, más o menos, corresponden a amortización de capitales, mientras que el tercio restante corresponde al pago de intereses. Somos de opinión de que, de igual forma como la Ley N° 20 de Responsabilidad Fiscal exige a los gobiernos no exceder los gastos del 2% del Producto Interno Bruto, igual debe establecerse en torno a la deuda pública. Debería establecerse un porcentaje, digamos un máximo del 10% del Producto Interno Bruto, para el pago de la deuda externa, porque sobre la deuda pública debe tener prevalencia la salud y otros gastos sociales como son la educación y la vivienda de los ciudadanos. ¿Es posible lograr esto? Claro que sí, pero no creo que haya entre la clase política muchos entusiastas, pues su modus vivendi depende del gasto público y entre mayor éste sea, mayor será la bonanza de la clase política con la desviación de fondos para uso social para menesteres diferentes.
