Reducción de la planilla estatal
Durante la administración de la presidenta Mireya Moscoso, la planilla gubernamental se elevó más allá de la sustancial reducción que se había alcanzado con la privatización de las empresas eléctrica y de comunicaciones, IRHE e INTEL, bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. Aquello fue irresponsable y, en parte, causó el aumento de la deuda y del déficit presupuestario que arrastra la actual administración de Martín Torrijos.
Como mera ilustración, cifras oficiales tomadas del respectivo Informe del Contralor, indican que para diciembre de 1999, finalizado el mandato de Pérez Balladares, la nómina total de empleados públicos ascendía a 118 mil empleados. No obstante, para el mismo mes de 2003, restando un año a la administración Moscoso, la nómina sumó los 172 mil empleados, o sea que creció casi 50% en cuatro años.
De ese modo, el esfuerzo hecho por todos los gobiernos desde el retorno de la democracia se fue al traste por el manejo clientelista de la planilla estatal por parte de una sola administración, situación que ahora procura remediar el actual ministro de Economía y Finanzas, Ricaurte Vásquez, quien ha girado una orden a todos los jefes de despacho oficiales para que hagan un esfuerzo para la reducción.
Las críticas, sin embargo, le han llovido, por parte de la Federación Nacional de Empleados Públicos (FENASEP). Pero la reducción debe hacerse en forma menos traumática posible, esto es, procurando no llenar las vacantes que se vayan produciendo como consecuencia de renuncias, jubilaciones y despidos justificados.
La enorme planilla es responsable, en gran medida, que la mayor parte de lo que queda del presupuesto nacional, luego del pago de la deuda, se vaya en funcionamiento, dejando muy poco para las inversiones sociales y las obras públicas, que son las que realmente contribuyen al crecimiento y mejoramiento del país, no una burocracia hipertrofiada que todo lo enreda y entorpece.
Como mera ilustración, cifras oficiales tomadas del respectivo Informe del Contralor, indican que para diciembre de 1999, finalizado el mandato de Pérez Balladares, la nómina total de empleados públicos ascendía a 118 mil empleados. No obstante, para el mismo mes de 2003, restando un año a la administración Moscoso, la nómina sumó los 172 mil empleados, o sea que creció casi 50% en cuatro años.
De ese modo, el esfuerzo hecho por todos los gobiernos desde el retorno de la democracia se fue al traste por el manejo clientelista de la planilla estatal por parte de una sola administración, situación que ahora procura remediar el actual ministro de Economía y Finanzas, Ricaurte Vásquez, quien ha girado una orden a todos los jefes de despacho oficiales para que hagan un esfuerzo para la reducción.
Las críticas, sin embargo, le han llovido, por parte de la Federación Nacional de Empleados Públicos (FENASEP). Pero la reducción debe hacerse en forma menos traumática posible, esto es, procurando no llenar las vacantes que se vayan produciendo como consecuencia de renuncias, jubilaciones y despidos justificados.
La enorme planilla es responsable, en gran medida, que la mayor parte de lo que queda del presupuesto nacional, luego del pago de la deuda, se vaya en funcionamiento, dejando muy poco para las inversiones sociales y las obras públicas, que son las que realmente contribuyen al crecimiento y mejoramiento del país, no una burocracia hipertrofiada que todo lo enreda y entorpece.
