Reduzcamos el número de legisladores
Los partidos políticos no han respondido aún al llamado ciudadano para que no se aumente, en las próximas elecciones, el número de legisladores con que cuenta la Asamblea Legislativa. En esta columna hemos favorecido una interpretación constitucional que haría posible esta idea, cuya realización seguramente todo el país aplaudiría. Nadie, excepto algunos políticos, quiere un legislador más a los 71 actuales.
El numeral 5 del artículo 141 de nuestra carta fundamental parece dar espacio a nuestra sugerencia, cuando dice que la "ley podrá crear circuitos electorales que excedan el máximo o reduzcan el mínimo" de los habitantes requeridos para tener derecho a un legislador. Bastaría entonces con aprobar una ley que eleve la cantidad de habitantes necesaria para constituir cada circuito con su respectivo legislador, para ir reduciendo curules, acabando de paso con contrastes tales como que, un pequeño circuito de 47 mil almas cuente con la misma cantidad de legisladores que otro de 100 mil. Es igual a lo que se hace para limitar la cantidad de partidos.
De uno u otro modo, la misma fórmula que planteamos serviría para reducirlo. Pero hay quienes opinan que para eso se requiere de una reforma constitucional. Son los puristas del literalismo en la interpretación legislativa. Para ellos, no es admisible más que atenerse al texto estricto de la ley, "la ley es dura, pero es la ley", considerándola como un fin en sí misma y no como instrumento de convivencia, desarrollo y evolución social. Obviamente, no somos acordes con esta postura, por más que nos merezca respeto.
Favorecemos más bien una interpretación flexible, sin forzar sin embargo en demasía el texto. De ese modo, igual que ha ocurrido con la Constitución de Estados Unidos, sería posible irla adaptando periódicamente a las necesidades de los tiempos sin tener que acudir al fácil pero inestable expediente de la reforma o el más traumático de una nueva constitución.
En ese sentido se mueve la interesante iniciativa del presidente electo colombiano, Alvaro Uribe, cuando propone reducir el Congreso bicameral de su país a una sola cámara y a la disminución del número diputados y senadores de 268 en total a 150, lo cual conllevaría un ahorro substancial al actual gasto de 240 millones de dólares que implica el denso sistema, cuando para el rubro de vivienda social sólo hay 60 millones.
Teniendo pues los panameños a la vista el próximo torneo electoral, el primero del nuevo siglo, estimamos oportuno que, como Nación, nos planteemos la conveniencia no sólo de impedir el aumento de cinco legisladores a los existentes, sino lograr una significativa reducción de su actual número.
El numeral 5 del artículo 141 de nuestra carta fundamental parece dar espacio a nuestra sugerencia, cuando dice que la "ley podrá crear circuitos electorales que excedan el máximo o reduzcan el mínimo" de los habitantes requeridos para tener derecho a un legislador. Bastaría entonces con aprobar una ley que eleve la cantidad de habitantes necesaria para constituir cada circuito con su respectivo legislador, para ir reduciendo curules, acabando de paso con contrastes tales como que, un pequeño circuito de 47 mil almas cuente con la misma cantidad de legisladores que otro de 100 mil. Es igual a lo que se hace para limitar la cantidad de partidos.
De uno u otro modo, la misma fórmula que planteamos serviría para reducirlo. Pero hay quienes opinan que para eso se requiere de una reforma constitucional. Son los puristas del literalismo en la interpretación legislativa. Para ellos, no es admisible más que atenerse al texto estricto de la ley, "la ley es dura, pero es la ley", considerándola como un fin en sí misma y no como instrumento de convivencia, desarrollo y evolución social. Obviamente, no somos acordes con esta postura, por más que nos merezca respeto.
Favorecemos más bien una interpretación flexible, sin forzar sin embargo en demasía el texto. De ese modo, igual que ha ocurrido con la Constitución de Estados Unidos, sería posible irla adaptando periódicamente a las necesidades de los tiempos sin tener que acudir al fácil pero inestable expediente de la reforma o el más traumático de una nueva constitución.
En ese sentido se mueve la interesante iniciativa del presidente electo colombiano, Alvaro Uribe, cuando propone reducir el Congreso bicameral de su país a una sola cámara y a la disminución del número diputados y senadores de 268 en total a 150, lo cual conllevaría un ahorro substancial al actual gasto de 240 millones de dólares que implica el denso sistema, cuando para el rubro de vivienda social sólo hay 60 millones.
Teniendo pues los panameños a la vista el próximo torneo electoral, el primero del nuevo siglo, estimamos oportuno que, como Nación, nos planteemos la conveniencia no sólo de impedir el aumento de cinco legisladores a los existentes, sino lograr una significativa reducción de su actual número.
