Reelección y partidas circuitales
Me opuse, al igual que muchos, a la reelección presidencial inmediata. No obstante, creo que los mismos criterios que se aplican a la reelección presidencial no se aplican automáticamente a la reelección de los legisladores. Esto es, no creo que la reelección de los legisladores sea algo intrínsecamente indebido. Sin embargo, sí me preocupa que las partidas circuitales se conviertan en un mecanismo para, indebidamente, utilizar fondos públicos para promover una candidatura a la reelección, tanto como me preocupaba que un Presidente en ejercicio utilizara su poder y los recursos del Estado para promover su reelección.
No estoy en desacuerdo con que existan partidas para obras comunitarias. Sin lugar a dudas, el Presupuesto de la Nación debe contemplar partidas específicas para este tipo de obras, cuya inversión sea definida por las autoridades locales y no por el Gobierno Central. Ese es un concepto que me parece apropiado y democrático. Pero el problema no está en la teoría, sino en la práctica.
Las partidas para obras comunitarias (llamadas partidas circuitales) no se asignan a las autoridades locales que tienen la función constitucional de administrar recursos públicos y realizar obras dentro de sus respectivas circunscripciones (provincias, municipios o corregimientos), sino que se asignan a los legisladores, quienes tienen otras funciones constitucionales y legales.
El asunto no acaba allí. El Gobierno de Endara, a través de Contraloría, tenía ciertas restricciones al uso de las partidas circuitales. El Gobierno de Pérez Balladares, siguiendo una larga tradición de despilfarro de los fondos públicos, abrió el compás para que las partidas circuitales se gastaran en lo que fuera, según el capricho de sus honorables legisladores. Al punto que cientos de miles de dólares del Presupuesto nacional se malgastan anualmente en la compra de "equipos deportivos", que no son más que camisetas con el nombre impreso del legislador que los "donó" (con nuestro dinero, no con el suyo). Y no es que esté mal promocionar el deporte, pero sí está mal no darle prioridad a problemas más urgentes, en razón de que la repartición de camisetas a tutiplén es una forma más efectiva de promocionar el nombre del legislador en funciones y candidato a la reelección. Es decir, se utilizan los fondos públicos pensando más en el interés del legislador que en el interés de las comunidades.
Aún en el caso de que las partidas circuitales efectivamente se inviertan en obras para la comunidad, lo cierto es que las mismas, a veces, se conciben, erróneamente, como una obra del legislador que autorizó ese gasto, más no como una obra que se pagó con fondos públicos. Ello les puede significar a los candidatos a la reelección una ventaja injusta frente a los que aspiramos, por primera vez, a ocupar una curul en la Asamblea Legislativa.
Mientras un candidato hace campaña pintando edificios o construyendo puentes con fondos públicos, ¿qué se supone que podemos hacer los que no tenemos partidas circuitales ni una fortuna personal para competir en ese campo? ¿No se convierte así el torneo electoral en un campo asequible sólo a aquellos que tengan enormes recursos, ya sea privados o públicos?
Afortunadamente, lo que sucedió durante el referéndum, nos indica que las elecciones en Panamá, ya no se definen en favor de quién maneje más recursos, sino en favor de quién tenga mejor propuesta y mayor credibilidad. No es que ambas cosas no pueden coincidir, pero rara vez lo hacen.
Creo que el elector promedio está madurando y quiere ejercer un voto más a conciencia. No se trata de convencerlo diciendo que "yo doné una ambulancia" o "yo construí una vereda techada", pues ello y más lo puede hacer cualquiera que tenga acceso a doscientos cincuenta mil o quinientos mil dólares anuales para invertir en obras comunales. Más que pregonar lo que hicieron, deberían explicar cómo gastaron cada real del más de un millón de dólares que han recibido en casi cinco años de gestión como legisladores.
Considero que el nuevo Gobierno debe regular, por medio de una ley, la existencia de las partidas circuitales, si es que van a mantener como una asignación para la utilización de los legisladores. Debe determinarse específicamente el monto de éstas, en qué se pueden utilizar y cómo. Debe existir la obligación de presentar informes de gestión o a la comunidad, para que todos sepamos cómo invierte nuestro legislador los fondos que le son asignados. Nada de eso existe en la actualidad y por ello, precisamente, se genera la posibilidad de que éstos puedan ser utilizados indebidamente para fines no previstos por las leyes patrias, esto es, para promover una candidatura con fondos públicos.
No estoy en desacuerdo con que existan partidas para obras comunitarias. Sin lugar a dudas, el Presupuesto de la Nación debe contemplar partidas específicas para este tipo de obras, cuya inversión sea definida por las autoridades locales y no por el Gobierno Central. Ese es un concepto que me parece apropiado y democrático. Pero el problema no está en la teoría, sino en la práctica.
Las partidas para obras comunitarias (llamadas partidas circuitales) no se asignan a las autoridades locales que tienen la función constitucional de administrar recursos públicos y realizar obras dentro de sus respectivas circunscripciones (provincias, municipios o corregimientos), sino que se asignan a los legisladores, quienes tienen otras funciones constitucionales y legales.
El asunto no acaba allí. El Gobierno de Endara, a través de Contraloría, tenía ciertas restricciones al uso de las partidas circuitales. El Gobierno de Pérez Balladares, siguiendo una larga tradición de despilfarro de los fondos públicos, abrió el compás para que las partidas circuitales se gastaran en lo que fuera, según el capricho de sus honorables legisladores. Al punto que cientos de miles de dólares del Presupuesto nacional se malgastan anualmente en la compra de "equipos deportivos", que no son más que camisetas con el nombre impreso del legislador que los "donó" (con nuestro dinero, no con el suyo). Y no es que esté mal promocionar el deporte, pero sí está mal no darle prioridad a problemas más urgentes, en razón de que la repartición de camisetas a tutiplén es una forma más efectiva de promocionar el nombre del legislador en funciones y candidato a la reelección. Es decir, se utilizan los fondos públicos pensando más en el interés del legislador que en el interés de las comunidades.
Aún en el caso de que las partidas circuitales efectivamente se inviertan en obras para la comunidad, lo cierto es que las mismas, a veces, se conciben, erróneamente, como una obra del legislador que autorizó ese gasto, más no como una obra que se pagó con fondos públicos. Ello les puede significar a los candidatos a la reelección una ventaja injusta frente a los que aspiramos, por primera vez, a ocupar una curul en la Asamblea Legislativa.
Mientras un candidato hace campaña pintando edificios o construyendo puentes con fondos públicos, ¿qué se supone que podemos hacer los que no tenemos partidas circuitales ni una fortuna personal para competir en ese campo? ¿No se convierte así el torneo electoral en un campo asequible sólo a aquellos que tengan enormes recursos, ya sea privados o públicos?
Afortunadamente, lo que sucedió durante el referéndum, nos indica que las elecciones en Panamá, ya no se definen en favor de quién maneje más recursos, sino en favor de quién tenga mejor propuesta y mayor credibilidad. No es que ambas cosas no pueden coincidir, pero rara vez lo hacen.
Creo que el elector promedio está madurando y quiere ejercer un voto más a conciencia. No se trata de convencerlo diciendo que "yo doné una ambulancia" o "yo construí una vereda techada", pues ello y más lo puede hacer cualquiera que tenga acceso a doscientos cincuenta mil o quinientos mil dólares anuales para invertir en obras comunales. Más que pregonar lo que hicieron, deberían explicar cómo gastaron cada real del más de un millón de dólares que han recibido en casi cinco años de gestión como legisladores.
Considero que el nuevo Gobierno debe regular, por medio de una ley, la existencia de las partidas circuitales, si es que van a mantener como una asignación para la utilización de los legisladores. Debe determinarse específicamente el monto de éstas, en qué se pueden utilizar y cómo. Debe existir la obligación de presentar informes de gestión o a la comunidad, para que todos sepamos cómo invierte nuestro legislador los fondos que le son asignados. Nada de eso existe en la actualidad y por ello, precisamente, se genera la posibilidad de que éstos puedan ser utilizados indebidamente para fines no previstos por las leyes patrias, esto es, para promover una candidatura con fondos públicos.
