Reestructuración del Tribunal Electoral
Justicia y Paz, a través de su secretaria general Magalys Castillo, ha formulado una severa advertencia al Tribunal Electoral, indicándole que "no descansará" hasta que el organismo rinda cuentas por todos y cada uno de los delitos y desmanes cometidos durante las pasadas elecciones.
Hace dos semanas, su magistrado presidente, Eduardo Valdés Escoffery, habló en el exterior sobre la experiencia panameña. A su regreso, aprovechó para reiterar las aspiraciones del tribunal, de contar con "autonomía financiera", eufemismo que indica el privilegio de gastar su multimillonario presupuesto, sin dar explicación previa a la Contraloría General, control éste al que se sujetan constitucionalmente todas las demás dependencias estatales, incluyendo la Corte Suprema.
Lo que no dijo en el exterior Valdés Escoffery, es que las pasadas elecciones fueron las más irregulares de que se tenga noticia desde mediados de siglo. Compra de votos, violencia, empadronamientos ficticios, actas alteradas, jurados abandonados y cuentas irregulares, fueron la tónica de un sinfín de hechos documentados, que colman un voluminoso informe preparado por Justicia y Paz para el conocimiento del tribunal.
Aquí en esta columna, denunciamos con antelación, que el sistema y la muy particular interpretación dada por el trío de magistrados a la cuenta de votos en los circuitos plurinominales para legisladores, conduciría como en efecto condujo, a que se contara dos y hasta tres veces a favor de un mismo partido una misma cantidad de votos; en sentido contrario al que hacen, bajo la vigencia de normas similares, en Costa Rica.
Como resultado, al menos una docena de curules legislativas cuestionables han sido otorgadas a los partidos mayoritarios, principalmente al oficialista PRD que, con ello, logra el control absoluto del Legislativo, habiendo perdido categóricamente la elección por la Presidencia, y sin que ello guarde ninguna relación aritmética con el total de los votos emitidos para legisladores.
A lo anterior se suma la aplicación de formas condenables de censura durante la campaña política, las cuales no tienen precedentes, ni siguiera bajo la dictadura. Aquí se prohibió en forma artera, con un pretexto u otro, encuestas electorales y propaganda política, privando a los electores del derecho a conocer a plenitud a los candidatos.
Del mismo modo, se retuvo irresponsablemente información de los resultados, por el riesgo de un resultado estrecho, pese a que tales se compartían a altos niveles con el oficialismo. Y no se llegó a peores, porque los mismos contendientes, ante el silencio sospechoso del tribunal, salieron presurosos a llenar el vacío con su propia información extraoficial, forzando al organismo a iniciar amargamente la cuenta pública de votos presidenciales.
Aquí los magistrados trataron de abreviar el horario de votación del referéndum del año pasado, por simple decreto, contra el texto de la ley, lo hubiera privado de votar a miles de ciudadanos. Y a no ser por la protesta de los medios, habrían seguido adelante con el desaguisado.
El próximo siglo nos reserva como tarea perfeccionar nuestras instituciones electorales. El pueblo panameño salvó con su civismo el pasado torneo, superando las trabas de un sistema viciado y la mediocridad de sus ejecutores. Pero eso nos compromete con su reestructuración total, empezando por su concepto, legislación, facultades y supervisión; y terminando con quienes lo integran.
Hace dos semanas, su magistrado presidente, Eduardo Valdés Escoffery, habló en el exterior sobre la experiencia panameña. A su regreso, aprovechó para reiterar las aspiraciones del tribunal, de contar con "autonomía financiera", eufemismo que indica el privilegio de gastar su multimillonario presupuesto, sin dar explicación previa a la Contraloría General, control éste al que se sujetan constitucionalmente todas las demás dependencias estatales, incluyendo la Corte Suprema.
Lo que no dijo en el exterior Valdés Escoffery, es que las pasadas elecciones fueron las más irregulares de que se tenga noticia desde mediados de siglo. Compra de votos, violencia, empadronamientos ficticios, actas alteradas, jurados abandonados y cuentas irregulares, fueron la tónica de un sinfín de hechos documentados, que colman un voluminoso informe preparado por Justicia y Paz para el conocimiento del tribunal.
Aquí en esta columna, denunciamos con antelación, que el sistema y la muy particular interpretación dada por el trío de magistrados a la cuenta de votos en los circuitos plurinominales para legisladores, conduciría como en efecto condujo, a que se contara dos y hasta tres veces a favor de un mismo partido una misma cantidad de votos; en sentido contrario al que hacen, bajo la vigencia de normas similares, en Costa Rica.
Como resultado, al menos una docena de curules legislativas cuestionables han sido otorgadas a los partidos mayoritarios, principalmente al oficialista PRD que, con ello, logra el control absoluto del Legislativo, habiendo perdido categóricamente la elección por la Presidencia, y sin que ello guarde ninguna relación aritmética con el total de los votos emitidos para legisladores.
A lo anterior se suma la aplicación de formas condenables de censura durante la campaña política, las cuales no tienen precedentes, ni siguiera bajo la dictadura. Aquí se prohibió en forma artera, con un pretexto u otro, encuestas electorales y propaganda política, privando a los electores del derecho a conocer a plenitud a los candidatos.
Del mismo modo, se retuvo irresponsablemente información de los resultados, por el riesgo de un resultado estrecho, pese a que tales se compartían a altos niveles con el oficialismo. Y no se llegó a peores, porque los mismos contendientes, ante el silencio sospechoso del tribunal, salieron presurosos a llenar el vacío con su propia información extraoficial, forzando al organismo a iniciar amargamente la cuenta pública de votos presidenciales.
Aquí los magistrados trataron de abreviar el horario de votación del referéndum del año pasado, por simple decreto, contra el texto de la ley, lo hubiera privado de votar a miles de ciudadanos. Y a no ser por la protesta de los medios, habrían seguido adelante con el desaguisado.
El próximo siglo nos reserva como tarea perfeccionar nuestras instituciones electorales. El pueblo panameño salvó con su civismo el pasado torneo, superando las trabas de un sistema viciado y la mediocridad de sus ejecutores. Pero eso nos compromete con su reestructuración total, empezando por su concepto, legislación, facultades y supervisión; y terminando con quienes lo integran.
