Reforma Agraria y los coimeros
La denuncia sobre sobornos y chantajes, practicados por funcionarios de Reforma Agraria en la provincia de Bocas del Toro estremeció recientemente a la opinión pública. En medio del temor, una ciudadana se atrevió a filmar a los acosadores, y se pudo conocer lo que hasta ese momento era solo sospechas y rumores.
Pero se trata de una acción, la de la denuncia, que las autoridades deben observar con particularidad, porque pone de manifiesto la valentía de la persona que la hace, y el grado de desesperación con que acude a las instancias que deben garantizar su seguridad ciudadana, y protegerla de estos malhechores que se amparan en su condición de funcionarios públicos para cometer esta clase de fechoría.
De ninguna manera debe quedar este tema en los archivos ni de Reforma Agraria, ni en los abultados cuerpos de la mora judicial, como ocurre a diario con otros delitos denunciados. No solo por el delito en si. Lo que está en juego es la confianza del ciudadano en las instancias que deben atender y responder en estos casos. El acto delictivo hecho, ejecutado bajo la descarada presunción de que puede quedar impune. Dejarlo sin sanción implicaría un mensaje en el que el ciudadano leería con desilusión el visto bueno que las autoridades podrían dar al delito, y el que las personas honorables deban conformarse con vivir a bajo la amenaza latente de este tipo de nuevos mercenarios.
Si la persona que hizo la denuncia, y la propia comunidad, no obtienen resultados concretos en los meses venideros a favor de su acción, sino que por el contrario deban enfrentar las amenazas, los nuevos acosos y la bula de los denunciados, la justicia habrá fracaso de nuevo, y con ello la confianza que la ciudadanía debe tener en estas instancias.
Es de esperar que estas últimas impongan penas severas, y que una entidad como Reforma Agraria no mantenga en su planilla a personas como las denunciadas.
Pero se trata de una acción, la de la denuncia, que las autoridades deben observar con particularidad, porque pone de manifiesto la valentía de la persona que la hace, y el grado de desesperación con que acude a las instancias que deben garantizar su seguridad ciudadana, y protegerla de estos malhechores que se amparan en su condición de funcionarios públicos para cometer esta clase de fechoría.
De ninguna manera debe quedar este tema en los archivos ni de Reforma Agraria, ni en los abultados cuerpos de la mora judicial, como ocurre a diario con otros delitos denunciados. No solo por el delito en si. Lo que está en juego es la confianza del ciudadano en las instancias que deben atender y responder en estos casos. El acto delictivo hecho, ejecutado bajo la descarada presunción de que puede quedar impune. Dejarlo sin sanción implicaría un mensaje en el que el ciudadano leería con desilusión el visto bueno que las autoridades podrían dar al delito, y el que las personas honorables deban conformarse con vivir a bajo la amenaza latente de este tipo de nuevos mercenarios.
Si la persona que hizo la denuncia, y la propia comunidad, no obtienen resultados concretos en los meses venideros a favor de su acción, sino que por el contrario deban enfrentar las amenazas, los nuevos acosos y la bula de los denunciados, la justicia habrá fracaso de nuevo, y con ello la confianza que la ciudadanía debe tener en estas instancias.
Es de esperar que estas últimas impongan penas severas, y que una entidad como Reforma Agraria no mantenga en su planilla a personas como las denunciadas.
