Reforma de salud, ¿ para qué?
Recién retorno de asistir a un encuentro internacional realizado en la ciudad de York, Inglaterra, el cual fue organizado por el British Council del Reino Unido. A este evento fueron invitados 33 economistas de la salud, procedentes de 24 países de los cinco continentes. El tema central de reflexión fue evaluar los fines y logros de la reforma que en el sector salud se llevan a cabo en nuestras respectivas naciones y las alternativas que existen para la provisión de los servicios de salud a nuestras poblaciones.
Sin lugar a dudas los objetivos explícitos que se persiguen en cualquier intento de reordenar la administración y los modelos de atención en el sector salud son los de contener los costos, optimar la eficiencia de los recursos y mejorar la equidad y calidad de los servicios integrales de salud que se ofrecen a nuestras comunidades.
Luego de alrededor de 25 años de estar experimentando estrategias a lo largo y ancho del planeta, la primera conclusión contundente que se deriva, es que no es tan importante si el sistema de salud se basa en el concepto público o privado en cuanto al financiamiento y administración de los fondos utilizados, sino en quién, al final de cuentas, es el que controla, norma o regula las prestaciones, es decir, si son los compradores o son los proveedores.
Este es el punto medular o el verdadero dilema del problema, pues de él dependerá la satisfacción plena de las necesidades y demandas de los usuarios y la efectiva labor que se espera sea desarrollada por los diversos proveedores.
A lo largo de estas dos últimas décadas, el mundo ha experimentado la constitución de entidades sin fines de lucro tipo cooperativas u ONG y el desarrollo de maneged care organizations con la intención de administrar los recursos estatales o personales, constituyéndose en terceros participantes de los sistemas de salud, las cuales han acabado convirtiéndose en los entes reguladores, intermediarios y controladores de la oferta y de la demanda de los servicios de salud.
Otro hecho que resultó claro e inobjetable fue el de los intentos realizados para corregir los sistemas de salud deficientes por la falta de pertinencia, adecuación, eficiencia, efectividad de sus componentes a través de mecanismos de co-pago por parte del usuario de normar el pago a los proveedores directos por medio de precios prefijados para determinadas enfermedades (DRG) o de tarifas concertadas por procedimientos o servicios (fee for services), lo único que han logrado demostrar es que han servido para mejorar la eficiencia en la utilización del recurso asignado a la cartera de servicio de salud, sin impactar de manera importante en la contención de costos totales. Las revisiones sistemáticas realizadas en los cinco continentes no logran demostrar que hayan ocurrido avances significativos en lo relativo a la equidad (asignar recursos de acuerdo a las necesidades) y a la excelencia en la calidad que deberán poseer los servicios que la sociedad en su conjunto espera obtener para todos los ciudadanos de una nación.
Todavía está por definirse el diseño de la organización óptima para administrar los siempre escasos recursos que cualquier Estado le asigna al sector salud. Sin embargo, la premisa principal descansa en que sea cual sea la estrategia que se decida implementar, deberá surgir de la discusión, concertación y consenso de todos los estamentos de la sociedad civil, política y económica de una nación.
Considerando lo anteriormente expresado, en nuestro país habrá que avanzar con extrema cautela, prudencia y sobre decisiones basadas en las evidencias, antes de pretender eliminar el modelo de atención construido sobre programas de salud, por otro en el cual se minimizan la cantidad y complejidad de las necesidades sanitarias del ciudadano común, como forma discreta para que el gobierno rehuya a su compromiso formal y constitucional de proveer servicios de salud integrales a los ciudadanos, sin diferencias en su accesibilidad real por cualquier motivo.
Por lo tanto, resultaría insensato intentar reemplazar de manera indiscriminada y generalizada un modelo histórico de administración, en el cual cada institución (MINSA, CSS) dirigía y controlaba todos sus recursos, por un concepto gerencial basado en la intervención de un nuevo agente administrativo privado con o sin fines de lucro, sin que exista con antelación una estructura formal rectora que formule, regule y evalúe los contratos programas. Estos instrumentos de gestión, deberán contener los planes operativos para satisfacer las demandas de salud de los espacios-población, sin embargo no es aconsejable cuantificarlos de manera a priori y sin previamente existir el conocimiento de los costos unitarios de las actividades y procesos sanitarios.
Ha habido un cambio de gobierno, todo hecho humano es imperfecto. De las nuevas autoridades dependerá que el mensaje de salud vigoroso y renovado alcance al humilde panameño que aún espera impaciente por su pedazo del crecimiento económico que ocurrió en la última década y que lamentablemente en nuestra nación sólo se ha repartido en un 20% de la población total.
Sin lugar a dudas los objetivos explícitos que se persiguen en cualquier intento de reordenar la administración y los modelos de atención en el sector salud son los de contener los costos, optimar la eficiencia de los recursos y mejorar la equidad y calidad de los servicios integrales de salud que se ofrecen a nuestras comunidades.
Luego de alrededor de 25 años de estar experimentando estrategias a lo largo y ancho del planeta, la primera conclusión contundente que se deriva, es que no es tan importante si el sistema de salud se basa en el concepto público o privado en cuanto al financiamiento y administración de los fondos utilizados, sino en quién, al final de cuentas, es el que controla, norma o regula las prestaciones, es decir, si son los compradores o son los proveedores.
Este es el punto medular o el verdadero dilema del problema, pues de él dependerá la satisfacción plena de las necesidades y demandas de los usuarios y la efectiva labor que se espera sea desarrollada por los diversos proveedores.
A lo largo de estas dos últimas décadas, el mundo ha experimentado la constitución de entidades sin fines de lucro tipo cooperativas u ONG y el desarrollo de maneged care organizations con la intención de administrar los recursos estatales o personales, constituyéndose en terceros participantes de los sistemas de salud, las cuales han acabado convirtiéndose en los entes reguladores, intermediarios y controladores de la oferta y de la demanda de los servicios de salud.
Otro hecho que resultó claro e inobjetable fue el de los intentos realizados para corregir los sistemas de salud deficientes por la falta de pertinencia, adecuación, eficiencia, efectividad de sus componentes a través de mecanismos de co-pago por parte del usuario de normar el pago a los proveedores directos por medio de precios prefijados para determinadas enfermedades (DRG) o de tarifas concertadas por procedimientos o servicios (fee for services), lo único que han logrado demostrar es que han servido para mejorar la eficiencia en la utilización del recurso asignado a la cartera de servicio de salud, sin impactar de manera importante en la contención de costos totales. Las revisiones sistemáticas realizadas en los cinco continentes no logran demostrar que hayan ocurrido avances significativos en lo relativo a la equidad (asignar recursos de acuerdo a las necesidades) y a la excelencia en la calidad que deberán poseer los servicios que la sociedad en su conjunto espera obtener para todos los ciudadanos de una nación.
Todavía está por definirse el diseño de la organización óptima para administrar los siempre escasos recursos que cualquier Estado le asigna al sector salud. Sin embargo, la premisa principal descansa en que sea cual sea la estrategia que se decida implementar, deberá surgir de la discusión, concertación y consenso de todos los estamentos de la sociedad civil, política y económica de una nación.
Considerando lo anteriormente expresado, en nuestro país habrá que avanzar con extrema cautela, prudencia y sobre decisiones basadas en las evidencias, antes de pretender eliminar el modelo de atención construido sobre programas de salud, por otro en el cual se minimizan la cantidad y complejidad de las necesidades sanitarias del ciudadano común, como forma discreta para que el gobierno rehuya a su compromiso formal y constitucional de proveer servicios de salud integrales a los ciudadanos, sin diferencias en su accesibilidad real por cualquier motivo.
Por lo tanto, resultaría insensato intentar reemplazar de manera indiscriminada y generalizada un modelo histórico de administración, en el cual cada institución (MINSA, CSS) dirigía y controlaba todos sus recursos, por un concepto gerencial basado en la intervención de un nuevo agente administrativo privado con o sin fines de lucro, sin que exista con antelación una estructura formal rectora que formule, regule y evalúe los contratos programas. Estos instrumentos de gestión, deberán contener los planes operativos para satisfacer las demandas de salud de los espacios-población, sin embargo no es aconsejable cuantificarlos de manera a priori y sin previamente existir el conocimiento de los costos unitarios de las actividades y procesos sanitarios.
Ha habido un cambio de gobierno, todo hecho humano es imperfecto. De las nuevas autoridades dependerá que el mensaje de salud vigoroso y renovado alcance al humilde panameño que aún espera impaciente por su pedazo del crecimiento económico que ocurrió en la última década y que lamentablemente en nuestra nación sólo se ha repartido en un 20% de la población total.
