Reforma educativa en Estados Unidos
Hace pocos meses inició el segundo año de vigencia de lo que George Bush llamó "el hito de su administración". Se trata de una ley denominada "No Child Left Behind Act" (traducido al español, "ley para que ningún niño se quede atrás"), cuyo objetivo es que todos los niños sean hábiles en lectura, matemáticas y ciencias para el año 2013. Se trata de un importante esfuerzo, al cual todos debemos dar seguimiento por su ambicioso objetivo.
La ley es una reacción a los resultados de todas las evaluaciones llevadas a cabo del sistema educativo público de los Estados Unidos durante las últimas décadas. Bajo cualquier estándar nacional o internacional, ese sistema produce pobres resultados a pesar de sus elevados costos.
La respuesta de Bush, muy similar a una propuesta sin éxito por su antecesor Bill Clinton, incluye más dinero para las escuelas, especialmente aquellas en sectores de menos ingresos, pero establece vínculos entre resultados y recursos.
El régimen se concentra en penalizar a las escuelas que no produzcan resultados positivos y premiar a las que mejoren. Las penalizaciones incluyen entre permitir a los padres que transfieran a sus hijos a mejores escuelas dentro del sistema y hasta la remoción de los directores de escuelas que no mejoran después de cuatro años consecutivos. Aunque intentó originalmente contemplar la expedición de comprobantes ("vouchers") que permitirían a sus beneficiarios transferir a sus hijos a escuelas privadas o religiosas y utilizarlos para pagar por su costo, Bush desistió del esfuerzo para poder que los Demócratas los aprobaran. A pesar de ello, este año se pondrá en prueba un experimento de "vouchers" en el Distrito de Columbia.
Las mediciones son los mismos exámenes nacionales periódicos que se administran actualmente, más exámenes adicionales a partir del 2005 que cubrirían a todos los estudiantes desde cuarto grado. En adición, se exige mayor transparencia de lo que ocurre en las escuelas, requiriendo más reportes periódicos a los padres de familia y a los medios de comunicación. A pesar de que los dineros son federales, la ley contempla que los estados retengan el control de su implementación.
Las primeras evaluaciones han causado algo de controversia y cuestionamiento. Los resultados han sido cuestionados por ser estándar y por no tomar en consideración diferencias demográficas, sexo ni congestión. Por otro lado, no todos los que eligieron transferir a sus hijos hacia mejores escuelas lograron cupos en ellas. No obstante, las autoridades indican que estas son deficiencias que serán subsanadas a medida que se adquiere más experiencia en su implementación.
Para países como el nuestro, con síntomas similares (gasto elevado y pobres resultados), estas experiencias foráneas deben ser aleccionadoras.
Démosle seguimiento para imitar aquellas medidas que genuinamente produzcan resultados positivos.
La ley es una reacción a los resultados de todas las evaluaciones llevadas a cabo del sistema educativo público de los Estados Unidos durante las últimas décadas. Bajo cualquier estándar nacional o internacional, ese sistema produce pobres resultados a pesar de sus elevados costos.
La respuesta de Bush, muy similar a una propuesta sin éxito por su antecesor Bill Clinton, incluye más dinero para las escuelas, especialmente aquellas en sectores de menos ingresos, pero establece vínculos entre resultados y recursos.
El régimen se concentra en penalizar a las escuelas que no produzcan resultados positivos y premiar a las que mejoren. Las penalizaciones incluyen entre permitir a los padres que transfieran a sus hijos a mejores escuelas dentro del sistema y hasta la remoción de los directores de escuelas que no mejoran después de cuatro años consecutivos. Aunque intentó originalmente contemplar la expedición de comprobantes ("vouchers") que permitirían a sus beneficiarios transferir a sus hijos a escuelas privadas o religiosas y utilizarlos para pagar por su costo, Bush desistió del esfuerzo para poder que los Demócratas los aprobaran. A pesar de ello, este año se pondrá en prueba un experimento de "vouchers" en el Distrito de Columbia.
Las mediciones son los mismos exámenes nacionales periódicos que se administran actualmente, más exámenes adicionales a partir del 2005 que cubrirían a todos los estudiantes desde cuarto grado. En adición, se exige mayor transparencia de lo que ocurre en las escuelas, requiriendo más reportes periódicos a los padres de familia y a los medios de comunicación. A pesar de que los dineros son federales, la ley contempla que los estados retengan el control de su implementación.
Las primeras evaluaciones han causado algo de controversia y cuestionamiento. Los resultados han sido cuestionados por ser estándar y por no tomar en consideración diferencias demográficas, sexo ni congestión. Por otro lado, no todos los que eligieron transferir a sus hijos hacia mejores escuelas lograron cupos en ellas. No obstante, las autoridades indican que estas son deficiencias que serán subsanadas a medida que se adquiere más experiencia en su implementación.
Para países como el nuestro, con síntomas similares (gasto elevado y pobres resultados), estas experiencias foráneas deben ser aleccionadoras.
Démosle seguimiento para imitar aquellas medidas que genuinamente produzcan resultados positivos.
