Reforma judicial, un diálogo con resultados
EL DIÁLOGO nacional propiciado en el marco de la Comisión de Estado por la Justicia, ha sido el único que, en los últimos seis años, ha concluido con propuestas de consenso y logrado resultados. Cada uno de los participantes, pese a tener marcadas diferencias e intereses encontrados, superó sus posiciones personales en aras del bien colectivo.
El diálogo para reformar el sistema judicial, como parte de la política de modernización del Estado, fue instalado por el presidente Martín Torrijos luego de la suscripción en marzo último del Pacto de Estado por la Justicia, en respuesta a una creciente demanda ciudadana de corregir y enderezar el rumbo de la administración de justicia. Los resultados de 85 sesiones de trabajo, más las jornadas de las 11 subcomisiones que generaron propuestas concretas, dieron como resultado proyectos de reformas administrativas, legales y constitucionales.
La Comisión identificó cinco ejes estratégicos sobre los cuales descansan las diferentes propuestas: acceso a la justicia, reforma de la jurisdicción penal, reforma estructural del sistema de administración de justicia, rendición de cuentas y transparencia y reformas jurisdiccionales.
El acceso a la justicia no se refiere únicamente al acceso a los tribunales, sino a la acción de exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones y al ciudadano la defensa y protección de sus derechos. Lo que se propone es fortalecer los centros de mediación y ampliar los servicios de resolución alternativa de conflictos, aumentar en 30 los defensores de oficio, y crear los jueces de paz en reemplazo de los corregidores y jueces de policía.
En las reformas a la jurisdicción penal se busca desarrollar a corto plazo una política criminológica de Estado que reprima las conductas delictivas sobre la base del respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana. Al mismo tiempo propone agilizar los procesos penales introduciendo penas sustitutivas y la presentación en breve plazo de un proyecto de ley que reforme el actual Código Penal y de Procedimiento Penal. Eso va acompañado del mejoramiento de los instrumentos que tutelan los derechos de los grupos vulnerables como las mujeres, los niños y adolescentes, los indígenas, los discapacitados, los inmigrantes y las personas privadas de su libertad.
Una reforma estructural del sistema de administración de justicia propone desarrollar con más claridad la facultad de la Asamblea Nacional de Diputados de juzgar por faltas graves y gravísimas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fortalecer la Carrera Judicial para establecer un sistema de evaluación de desempeño más científico y transparente. Propone, además, convertir la Escuela Judicial, en coordinación con la Universidad Santa María la Antigua, en una institución de formación continuada de magistrados, jueces, fiscales, defensores de oficio, personeros y auxiliares. Una nueva ley del ejercicio de la abogacía promoverá la ética profesional.
En lo relativo a rendición de cuentas y transparencia la Comisión de Estado por la Justicia propone realizar un inventario de los expedientes que reposan en los despachos judiciales y sumar seis nuevas unidades a la Dirección de Auditoría Judicial para que contribuyan en su inspección y evaluación. Propone, además, mejorar la investigación de casos de corrupción y dotar a las fiscalías anticorrupción de medios tecnológicos para agilizar sus diferentes trámites.
Por primera se atienden los derechos de los consumidores y usuarios y se los faculta para que interpongan sus reclamos ante los Juzgados Municipales de Comercio en forma directa sin necesidad de abogados. También se les ofrece asesoría gratuita a través de una unidad legal especializada y se establece que de surgir dudas sobre los procesos el resultado favorecerá a los consumidores y usuarios. La jurisdicción relacionada con la familia, la niñez y la adolescencia establece nuevos procesos en la guarda y crianza, las visitas reglamentadas y en las pensiones alimenticias que pueden demandarse sin necesidad de abogado. También se proponen reformas en materia de divorcios por aceptación de los hechos y mutuo consentimiento y se introduce la figura de incompatibilidad de caracteres. En la justicia laboral se aumenta la cuantía de los procesos de Juntas de Conciliación y en los recursos de apelación y se da competencia a los Juzgados Seccionales para atender casos de reintegro por despidos que violen el fuero sindical. También se fortalece la justicia administrativa y marítima. En el caso de la justicia civil se propone revisar en forma integral el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil.
La Comisión de Estado por la Justicia no concluye aquí su trabajo. Esta es la primera etapa. La segunda fase consiste en la creación de un ente para monitorear y dar seguimiento a la ejecución de los acuerdos alcanzados, con una dinámica de gradualidad en el tiempo de tres meses a cuatro años. La viabilidad del impacto se verá en la agilización de los procesos. Es allí donde la justicia podrá mostrar al ciudadano común un rostro diferente, renovado, más independiente, imparcial, transparente, eficaz, equitativo y libre de innecesarias dilaciones.
El tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) tiene un grosor de 3.5 milímetro y está hecho de acero, mientras que el de gasolina es mucho más delgado y es de hojalata.
Este sistema cuenta con una válvula de seguridad electromagnética que previene escapes del gas, cerrando las vías de circulación del combustible.
La gasolina es más flamable que el GLP. La innovadora alternativa de gas licuado es más económica, ya que su consumo permitirá un ahorro de 50 centavos por galón y B/. 100.00 por mes. Actualmente, millones de personas en el mundo se sirven de este gas.
El diálogo para reformar el sistema judicial, como parte de la política de modernización del Estado, fue instalado por el presidente Martín Torrijos luego de la suscripción en marzo último del Pacto de Estado por la Justicia, en respuesta a una creciente demanda ciudadana de corregir y enderezar el rumbo de la administración de justicia. Los resultados de 85 sesiones de trabajo, más las jornadas de las 11 subcomisiones que generaron propuestas concretas, dieron como resultado proyectos de reformas administrativas, legales y constitucionales.
La Comisión identificó cinco ejes estratégicos sobre los cuales descansan las diferentes propuestas: acceso a la justicia, reforma de la jurisdicción penal, reforma estructural del sistema de administración de justicia, rendición de cuentas y transparencia y reformas jurisdiccionales.
El acceso a la justicia no se refiere únicamente al acceso a los tribunales, sino a la acción de exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones y al ciudadano la defensa y protección de sus derechos. Lo que se propone es fortalecer los centros de mediación y ampliar los servicios de resolución alternativa de conflictos, aumentar en 30 los defensores de oficio, y crear los jueces de paz en reemplazo de los corregidores y jueces de policía.
En las reformas a la jurisdicción penal se busca desarrollar a corto plazo una política criminológica de Estado que reprima las conductas delictivas sobre la base del respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana. Al mismo tiempo propone agilizar los procesos penales introduciendo penas sustitutivas y la presentación en breve plazo de un proyecto de ley que reforme el actual Código Penal y de Procedimiento Penal. Eso va acompañado del mejoramiento de los instrumentos que tutelan los derechos de los grupos vulnerables como las mujeres, los niños y adolescentes, los indígenas, los discapacitados, los inmigrantes y las personas privadas de su libertad.
Una reforma estructural del sistema de administración de justicia propone desarrollar con más claridad la facultad de la Asamblea Nacional de Diputados de juzgar por faltas graves y gravísimas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fortalecer la Carrera Judicial para establecer un sistema de evaluación de desempeño más científico y transparente. Propone, además, convertir la Escuela Judicial, en coordinación con la Universidad Santa María la Antigua, en una institución de formación continuada de magistrados, jueces, fiscales, defensores de oficio, personeros y auxiliares. Una nueva ley del ejercicio de la abogacía promoverá la ética profesional.
En lo relativo a rendición de cuentas y transparencia la Comisión de Estado por la Justicia propone realizar un inventario de los expedientes que reposan en los despachos judiciales y sumar seis nuevas unidades a la Dirección de Auditoría Judicial para que contribuyan en su inspección y evaluación. Propone, además, mejorar la investigación de casos de corrupción y dotar a las fiscalías anticorrupción de medios tecnológicos para agilizar sus diferentes trámites.
Por primera se atienden los derechos de los consumidores y usuarios y se los faculta para que interpongan sus reclamos ante los Juzgados Municipales de Comercio en forma directa sin necesidad de abogados. También se les ofrece asesoría gratuita a través de una unidad legal especializada y se establece que de surgir dudas sobre los procesos el resultado favorecerá a los consumidores y usuarios. La jurisdicción relacionada con la familia, la niñez y la adolescencia establece nuevos procesos en la guarda y crianza, las visitas reglamentadas y en las pensiones alimenticias que pueden demandarse sin necesidad de abogado. También se proponen reformas en materia de divorcios por aceptación de los hechos y mutuo consentimiento y se introduce la figura de incompatibilidad de caracteres. En la justicia laboral se aumenta la cuantía de los procesos de Juntas de Conciliación y en los recursos de apelación y se da competencia a los Juzgados Seccionales para atender casos de reintegro por despidos que violen el fuero sindical. También se fortalece la justicia administrativa y marítima. En el caso de la justicia civil se propone revisar en forma integral el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil.
La Comisión de Estado por la Justicia no concluye aquí su trabajo. Esta es la primera etapa. La segunda fase consiste en la creación de un ente para monitorear y dar seguimiento a la ejecución de los acuerdos alcanzados, con una dinámica de gradualidad en el tiempo de tres meses a cuatro años. La viabilidad del impacto se verá en la agilización de los procesos. Es allí donde la justicia podrá mostrar al ciudadano común un rostro diferente, renovado, más independiente, imparcial, transparente, eficaz, equitativo y libre de innecesarias dilaciones.
El tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) tiene un grosor de 3.5 milímetro y está hecho de acero, mientras que el de gasolina es mucho más delgado y es de hojalata.
Este sistema cuenta con una válvula de seguridad electromagnética que previene escapes del gas, cerrando las vías de circulación del combustible.
La gasolina es más flamable que el GLP. La innovadora alternativa de gas licuado es más económica, ya que su consumo permitirá un ahorro de 50 centavos por galón y B/. 100.00 por mes. Actualmente, millones de personas en el mundo se sirven de este gas.
