Reforma penal y política criminal
EL RECIENTE y sonado caso que vincula a un ciudadano de nacionalidad colombiana que portaba cédula de identidad panameña, a su vez relacionado con panameños y otros de distintas nacionalidades, entre otros tantos ejemplos que pueden ser objeto de citación, pone en clara evidencia que nuestro pasado artículo intitulado "Reforma Penal y Política Criminal" está fundamentado en cuestiones de realidad y no de especulaciones. Por ello nos atrevimos a afirmar que no tan sólo había que observar el fenómeno criminal patrio con lente de corto alcance sino que había que hacerse de un telescopio con una mira internacional que nos permitiera comprender de modo integral la criminalidad globalizada. Criminalidad ésta que ha traído consigo una serie de nuevas formas delictivas que van desde la delincuencia económica "que precisa distinguirla de la delincuencia patrimonial-en la medida que ella se ocupa del impacto y trascendencia que tienen estos delitos para la economía de los países y los delitos contra el patrimonio refieren tan sólo el patrimonio individual; la internacionalización de los delitos económicos afectan a varios países-; los delitos informáticos que aunque relacionados con los delitos económicos tienen un perfil criminológico bien delimitado y que se fundamenta en el uso indebido, con propósitos criminales o para cometer delitos, del acelerado desarrollo de la tecnología informática y la diseminación de su uso en redes regionales, internacionales o mundiales de computadoras que permiten, a su vez, la realización de operaciones financieras y bancarias internacionales generadas de la globalización de la economía; las actividades que por contaminación o de otra forma afectan el equilibrio ecológico y la estabilidad ambiental de más de un país con el consiguiente deterioro, y a veces hasta con la pérdida de la vida, de la salud de no pocos asociados o sector de la población; delitos que implican el comercio ilícito transnacional con objetos que forman parte del patrimonio cultural o religioso de una nación -Panamá ya ha pasado por esas experiencias-; el robo y consiguiente comercialización de los tesoros históricos y arqueológicos nacionales; la trata sexual de menores de edad por Internet y la promoción de la pornografía infantil; las actividades terroristas de naturaleza transnacional; la infiltración internacional de los fondos producidos por actividades ilícitas y la corrupción en los ámbitos internacional y nacional, tráfico de seres humanos, de armas y de migrantes, etc., son apenas unos cuantos ejemplos que se pueden citar para acreditar que la industria del crimen sigue generando nuevas formas de delitos que otrora parecían insospechados o, en lo más remoto, impensados. Se ha llegado a sostener que la criminalidad organizada puede estar manejando un presupuesto que se iguala o asemeja al que maneja cualquiera de las naciones más poderosa de la Tierra. Ante una realidad tan patética como llena de desesperanzas y que opera con intención dolosa, perniciosa, en procura de integrar o ganar para sí, como gran adepto, a la sociedad entera, los gobiernos de las naciones, sobre todo las pobres, deben desarrollar políticas de estrategia nacional -resaltando la política criminal de Estado-, no sólo en el ámbito jurídico, sino también en el social, cultural, tecnológico, financiero, bancario, etc., que permitan conformar una efectiva tutela de la integridad del Estado, de la paz jurídica y social, de la salud, bienestar y seguridad de los asociados, de modo que no se impida, bajo ningún concepto, el desarrollo y progreso de la sociedad con especial énfasis en los sectores marginados, los pobres.
Es menester recordar que en el Décimo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente del año 2002 se abordó el tema referido a la cooperación internacional para el combate de la delincuencia organizada transnacional y sus nuevos retos en el siglo XXI; la prevención efectiva del delito; cómo promover la obediencia a las leyes del Estado de Derecho; los delincuentes y las víctimas y la equidad en los procesos de justicia. Por otra parte, en el Décimo Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de 25 de abril de 2005 se hizo una revisión exhaustiva sobre las medidas eficaces contra la Delincuencia Organizada Transnacional; la cooperación internacional contra el terrorismo y la vinculación entre el terrorismo y otras actividades delictivas; el tema de la corrupción, sus amenazas y tendencias en el siglo XXI; delitos económicos y financieros: retos para el desarrollo sostenible; potenciación de la justicia penal incluida la justicia restaurativa; el tratamiento de los jóvenes en situación de riesgo y la prevención del delito sobre todo en áreas urbanas, medidas contra los delitos informáticos, etc.
Se recomienda, luego, que exista una implementación coordinada de políticas y estrategias de prevención del delito con la participación de todos los entes que operan en el sistema de justicia penal nacional e internacional; que haya información permanente entre la policía y el público, solicitando la participación y cooperación de la sociedad y su apoyo para tratar el problema de los delincuentes; la existencia de una excelente cooperación y entendimiento mutuo de todas las agencias responsables de la justicia penal y lo que concierne a la prevención del delito y su control; participación en programas de prevención del delito entre gobierno y medios masivos de comunicación y electrónicos no gubernamentales; organizar y reforzar la cooperación internacional y regional de la policía; crear conciencia ciudadana de los daños y efectos a corto, mediano y a la largo plazo de las consecuencias sociales del delito; generar campañas encaminadas al reforzamiento de los valores espirituales, éticos y morales de los asociados; incentivar entre la niñez y la juventud el deporte en todas sus disciplinas; etc.
Para ello es menester que el Estado, el Gobierno, empiece a prestar atención a un problema que, en poco tiempo, puede dar al traste con la cosa nacional y toda expectativa de progreso o de desarrollo humano sostenible puede terminar siendo una tautología, un mero discurso o barato sortilegio. Ofrecemos así, de modo muy sencillo, las bases para una política criminal de Estado: El estado de Derecho. Tiene razón Claus Roxin cuando advierte que en los actuales estadios de la vida humana la política criminal demanda, en primer lugar, una lectura de la realidad social. Atrás quedan las viejas concepciones de Franz Von Litz cuando advertía que la política criminal era básicamente abordaje del derecho penal.
stekrakri@hotmail.com
(*) El autor es guionista, periodista y docente.
luisbuero@tutopia.com
Ojalá y el profesor García de Paredes, que no ha perdido oportunidad para tratar de desacreditar a otros docentes por cuestiones de títulos, muestre cuanto antes, como lo hemos hecho otros con mucha anterioridad, los diplomas o títulos que dice poseer y también nos permita conocer los libros que ha escrito.
Es menester recordar que en el Décimo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente del año 2002 se abordó el tema referido a la cooperación internacional para el combate de la delincuencia organizada transnacional y sus nuevos retos en el siglo XXI; la prevención efectiva del delito; cómo promover la obediencia a las leyes del Estado de Derecho; los delincuentes y las víctimas y la equidad en los procesos de justicia. Por otra parte, en el Décimo Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de 25 de abril de 2005 se hizo una revisión exhaustiva sobre las medidas eficaces contra la Delincuencia Organizada Transnacional; la cooperación internacional contra el terrorismo y la vinculación entre el terrorismo y otras actividades delictivas; el tema de la corrupción, sus amenazas y tendencias en el siglo XXI; delitos económicos y financieros: retos para el desarrollo sostenible; potenciación de la justicia penal incluida la justicia restaurativa; el tratamiento de los jóvenes en situación de riesgo y la prevención del delito sobre todo en áreas urbanas, medidas contra los delitos informáticos, etc.
Se recomienda, luego, que exista una implementación coordinada de políticas y estrategias de prevención del delito con la participación de todos los entes que operan en el sistema de justicia penal nacional e internacional; que haya información permanente entre la policía y el público, solicitando la participación y cooperación de la sociedad y su apoyo para tratar el problema de los delincuentes; la existencia de una excelente cooperación y entendimiento mutuo de todas las agencias responsables de la justicia penal y lo que concierne a la prevención del delito y su control; participación en programas de prevención del delito entre gobierno y medios masivos de comunicación y electrónicos no gubernamentales; organizar y reforzar la cooperación internacional y regional de la policía; crear conciencia ciudadana de los daños y efectos a corto, mediano y a la largo plazo de las consecuencias sociales del delito; generar campañas encaminadas al reforzamiento de los valores espirituales, éticos y morales de los asociados; incentivar entre la niñez y la juventud el deporte en todas sus disciplinas; etc.
Para ello es menester que el Estado, el Gobierno, empiece a prestar atención a un problema que, en poco tiempo, puede dar al traste con la cosa nacional y toda expectativa de progreso o de desarrollo humano sostenible puede terminar siendo una tautología, un mero discurso o barato sortilegio. Ofrecemos así, de modo muy sencillo, las bases para una política criminal de Estado: El estado de Derecho. Tiene razón Claus Roxin cuando advierte que en los actuales estadios de la vida humana la política criminal demanda, en primer lugar, una lectura de la realidad social. Atrás quedan las viejas concepciones de Franz Von Litz cuando advertía que la política criminal era básicamente abordaje del derecho penal.
stekrakri@hotmail.com
(*) El autor es guionista, periodista y docente.
luisbuero@tutopia.com
Ojalá y el profesor García de Paredes, que no ha perdido oportunidad para tratar de desacreditar a otros docentes por cuestiones de títulos, muestre cuanto antes, como lo hemos hecho otros con mucha anterioridad, los diplomas o títulos que dice poseer y también nos permita conocer los libros que ha escrito.
