Reformas constitucionales y quintas papeletas
La mayoría de los panameños creemos que la Constitución Política debe ser reformada. Sin embargo, no pensamos de igual manera sobre cómo, en qué aspectos específicos o cuándo es el momento adecuado. En cuanto al cómo, existen dos posibilidades: La primera, mediante las dos vías previstas en el artículo 308 de la propia Constitución, una de las cuales, cuando las reformas son aprobadas por dos legislaturas seguidas de una misma Asamblea Legislativa, requiere del referendo; la segunda, por la vía de una Asamblea Constituyente, como la proponen algunos que pretenden allanar el camino para su convocatoria mediante la inclusión de la llamada "quinta papeleta" en las elecciones del próximo año.
Sobre el tema de las reformas constitucionales he escrito varios artículos en los que he dejada sentada mi posición, que es contraria a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, por ser la vía más costosa y menos práctica y, además, arriesgada por cuanto nada garantiza que el trauma a que se sometería a la nación producirá los resultados esperados.
Mi opinión sobre la manera en que debemos responder a la aspiración general de reformar la Constitución y de lograr los resultados que más beneficien al país, la resumo en los aspectos siguientes:
Descontadas las disposiciones transitorias, que ya surtieron sus efectos, la Constitución vigente tiene 311 artículos, de los cuales sólo es necesario reformar unos 10 ó 12 para recoger los cambios sustantivos que se proponen con más insistencia. Insisto en que debemos considerar cambios sustantivos y no adjetivos o cosméticos.
Para elaborar un pliego de cambios constitucionales, primero debemos ponernos de acuerdo sobre cuáles son los realmente necesarios.
Las reformas deben ser aquellas que obtengan el consenso de la sociedad. Por tanto, deben descartarse aquellas que no lo logren.
Las reformas que obtengan el consenso deben aprobarse por la vía de dos asambleas sucesivas, que no requiere del referendo y, por consiguiente, es la menos costosa. Esa vía resultó efectiva para aprobar el título sobre el Canal.
La actual Asamblea Legislativa puede ser convocada a sesiones extraordinarias después que pasen las elecciones de mayo próximo para que las reformas reciban la primera aprobación, y la nueva asamblea, que se instalará el 1 de septiembre de 2004, podría aprobarlas, por la segunda vez, para que entren en vigencia.
Alcanzar un consenso sobre un pliego de reformas es posible, siempre y cuando esté circunscrito a un número muy limitado. Consultar un pliego extenso es imposible, como se comprobó con las sesenta reformas que se propusieron y fueron rechazadas a comienzos de los años noventa. Para construir el consenso se pueden consultar, por vía de encuestas, las reformas específicas, divulgándolas con profusión y sometiéndolas previamente al examen público. En esta tarea pueden cooperar, como una contribución eminentemente cívica, todos los medios de comunicación. Pongo un ejemplo: Si los diarios publicaran, una por una, las reformas más mencionadas, incluyendo una boleta separable para que los ciudadanos la rellenen con su nombre y número de cédula y la devuelvan al Tribunal Electoral, se tendría una idea bastante aproximada de lo que piensa la mayoría del país. Y tomar esas tendencias como base para redactar el pliego que se sometería a la Asamblea Legislativa no es tarea complicada. Las preguntas a la ciudadanía pueden hacerse de la siguiente manera, más o menos: ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con reducir y congelar el número de los miembros de la Asamblea Legislativa? Si su respuesta es afirmativa escoja entre las siguientes alternativas: 1) 60 miembros 2) 70 miembros 1) por 10 años 2) por 20 años.
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que los legisladores tengan: 1) dos suplentes 2) un suplente 3) ninguno?
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la postulación independiente para todos los cargos de elección? Si se compara la viabilidad, el costo y, sobre todo, el menor tiempo que demandaría ensayar una vía como la comentada, en contraposición a la denominada "quinta papeleta", que apenas sería el comienzo de un proceso que podría tomar años, sin garantías de resultados específicos, las ventajas son evidentes. Su principal obstáculo es alcanzar el consenso para ensayarla, pero creo que es superable si la asumimos como un compromiso ciudadano, junto con el compromiso de la Asamblea Legislativa de respetar el querer de las mayorías y, en consecuencia, de aprobar las reformas que el país respalde.
Sobre el tema de las reformas constitucionales he escrito varios artículos en los que he dejada sentada mi posición, que es contraria a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, por ser la vía más costosa y menos práctica y, además, arriesgada por cuanto nada garantiza que el trauma a que se sometería a la nación producirá los resultados esperados.
Mi opinión sobre la manera en que debemos responder a la aspiración general de reformar la Constitución y de lograr los resultados que más beneficien al país, la resumo en los aspectos siguientes:
Descontadas las disposiciones transitorias, que ya surtieron sus efectos, la Constitución vigente tiene 311 artículos, de los cuales sólo es necesario reformar unos 10 ó 12 para recoger los cambios sustantivos que se proponen con más insistencia. Insisto en que debemos considerar cambios sustantivos y no adjetivos o cosméticos.
Para elaborar un pliego de cambios constitucionales, primero debemos ponernos de acuerdo sobre cuáles son los realmente necesarios.
Las reformas deben ser aquellas que obtengan el consenso de la sociedad. Por tanto, deben descartarse aquellas que no lo logren.
Las reformas que obtengan el consenso deben aprobarse por la vía de dos asambleas sucesivas, que no requiere del referendo y, por consiguiente, es la menos costosa. Esa vía resultó efectiva para aprobar el título sobre el Canal.
La actual Asamblea Legislativa puede ser convocada a sesiones extraordinarias después que pasen las elecciones de mayo próximo para que las reformas reciban la primera aprobación, y la nueva asamblea, que se instalará el 1 de septiembre de 2004, podría aprobarlas, por la segunda vez, para que entren en vigencia.
Alcanzar un consenso sobre un pliego de reformas es posible, siempre y cuando esté circunscrito a un número muy limitado. Consultar un pliego extenso es imposible, como se comprobó con las sesenta reformas que se propusieron y fueron rechazadas a comienzos de los años noventa. Para construir el consenso se pueden consultar, por vía de encuestas, las reformas específicas, divulgándolas con profusión y sometiéndolas previamente al examen público. En esta tarea pueden cooperar, como una contribución eminentemente cívica, todos los medios de comunicación. Pongo un ejemplo: Si los diarios publicaran, una por una, las reformas más mencionadas, incluyendo una boleta separable para que los ciudadanos la rellenen con su nombre y número de cédula y la devuelvan al Tribunal Electoral, se tendría una idea bastante aproximada de lo que piensa la mayoría del país. Y tomar esas tendencias como base para redactar el pliego que se sometería a la Asamblea Legislativa no es tarea complicada. Las preguntas a la ciudadanía pueden hacerse de la siguiente manera, más o menos: ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con reducir y congelar el número de los miembros de la Asamblea Legislativa? Si su respuesta es afirmativa escoja entre las siguientes alternativas: 1) 60 miembros 2) 70 miembros 1) por 10 años 2) por 20 años.
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que los legisladores tengan: 1) dos suplentes 2) un suplente 3) ninguno?
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la postulación independiente para todos los cargos de elección? Si se compara la viabilidad, el costo y, sobre todo, el menor tiempo que demandaría ensayar una vía como la comentada, en contraposición a la denominada "quinta papeleta", que apenas sería el comienzo de un proceso que podría tomar años, sin garantías de resultados específicos, las ventajas son evidentes. Su principal obstáculo es alcanzar el consenso para ensayarla, pero creo que es superable si la asumimos como un compromiso ciudadano, junto con el compromiso de la Asamblea Legislativa de respetar el querer de las mayorías y, en consecuencia, de aprobar las reformas que el país respalde.
