Reformas electorales
El artículo 233 del Código Electoral decía: “Solamente pueden postular candidatos a Presidente y vicepresidente de la República, los partidos políticos legalmente reconocidos”. Bajo esa norma, antidemocrática e inconstitucional, aplicada con premeditación por el Tribunal para preservar el monopolio que ejercen los partidos sobre el sistema electoral panameño, se cerró el paso a las candidaturas independientes para la presidencia en las pasadas elecciones. De nada valieron las demandas ni las reiteradas advertencias sobre la inconstitucionalidad del citado artículo.
Después de las elecciones, cuando ya no eran viables, la Corte Suprema, finalmente, declaró inconstitucional el artículo 233 del Código Electoral y, en consecuencia, podrá haber candidaturas independientes, es decir, no partidarias, para las próximas elecciones. Como el fallo de la Corte Suprema fue dictado hace varios meses, el Tribunal Electoral, en acatamiento de esa decisión, debió haber preparado los cambios a la legislación electoral para reglamentar la candidatura independiente. Sin embargo, sospechosamente, no lo ha hecho.
En enero de 2010, según han anunciado con bombos y platillos los flamantes magistrados, se reiniciarán las discusiones, controladas por los partidos y el Tribunal, para “revisar y mejorar” las reglas electorales. Y como ha ocurrido en las dos ocasiones previas, ese proceso se prolongará por meses y hasta años. Por consiguiente, “las nuevas reglas” no estarán en vigor sino hasta la víspera de las próximas elecciones, pues ni a los partidos ni a sus aliados del Tribunal les interesa apurarlas.
Los temas esenciales que deben reformarse están decantados desde hace mucho tiempo. Los demanda la ciudadanía y los conocen las dirigencias de los partidos y los magistrados. Pero si se repite el círculo vicioso de años anteriores, poco o nada importante cambiará. Lo que se impone es corregir la metodología gastada e inoperante aplicada hasta ahora.
Las reformas esenciales son pocas y muy claras; pero como ellas no convienen a los partidos, mientras éstos controlen el proceso para acordarlas y sigan contando con la complicidad del Tribunal, sería iluso esperar verdaderos cambios. No se necesitan reformas cosméticas o adjetivas sino de la estructura del sistema electoral, para romper el monopolio de los partidos, que se ha convertido en al cáncer de nuestro sistema electoral. Para lograrlo se requiere: 1) Que los candidatos independientes, a todos los niveles, comenzando por la presidencia, puedan competir, en igualdad de condiciones, con las candidaturas partidarias. 2) Acabar con el financiamiento turbio y encubierto, patrocinado por el Tribunal, de las campañas políticas. 3) Instituir “la doble vuelta” para liquidar, de una vez por todas, las nefastas “alianzas preelectorales” y propiciar alternativas diferentes a las partidarias. 4) Sustituir los infames subsidios electorales por la contratación de espacios en los diferentes medios de comunicación, a los que tengan acceso, en condiciones equitativas, todos los candidatos, partidarios y no partidarios. 5) Restablecer la elección de los diputados por circuitos provinciales. 6) Reducir a dos meses la duración de la campaña electoral. 7) Reducir el número de diputados y acabar con los odiosos privilegios de que están investidos. 8) Privar del derecho a postular candidatos a aquellos partidos que, al inicio del proceso electoral no cuenten con un número de adherentes igual, como mínimo, a los que se requieren para constituir un partido político.
Para aprobarlas no sería necesario repetir el lento y manipulado proceso de reformas anunciado para enero de 2010. Un proyecto de Ley, muy específico, podría ser aprobado en un par de semanas.
