Reformas inútiles
El referendo ha de estar costando a los contribuyentes y a los donantes a favor y contra las reformas constitucionales, arriba de 30 millones de balboas. A ello hay que sumar el impacto negativo que la prematura campaña política ha tenido sobre una economía nacional, que apenas sale del fondo del abismo. Más lamentable aún es que el costo tan alto que paga el país, no se compadezca con su contenido superficial e inútil.
La reelección presidencial inmediata no es deseable en una democracia endeble como la nuestra; a más de que el sistema presidencialista que tenemos concede demasiados poderes al Jefe del Ejecutivo, convirtiéndolo de hecho en un reyezuelo absoluto, ausente de contrapesos, por espacio de cinco años. Sólo la prohibición de reelegirse por los próximos dos períodos, restaura algo del equilibrio perdido por el ejercicio de poderes omnímodos.
La Constitución coloca en manos del Jefe del Ejecutivo, el manejo de la política exterior, la designación de su gabinete, la presidencia de todas las juntas directivas de las entidades estatales, la Comandancia de la Policía, las gobernaciones, la gerencia de entidades autónomas, el nombramiento de magistrados, el otorgamiento de indultos, el manejo del presupuesto y la determinación de la política fiscal, arancelaria y económica de la Nación.
A lo anterior se añade los controles que, a través de la Asamblea Legislativa, ministros, corregidores, representantes, jefes de entidades y consejos municipales, ejercen sobre contratos, concesiones y demás actos del resto del aparato estatal, incrementado con la reversión del Canal.
Sería suicida e irresponsable conceder al Jefe del Ejecutivo, cinco años más de ejercicio de tamaño poder, sin antes crear mecanismos constitucionales que lo contrapesen y limiten su expansión hacia otras esferas públicas y privadas de la vida nacional, a través de su propia persona y de sus más allegados.
La segunda reforma, que eliminaría la revocatoria del mandato de los legisladores, suprimiría el único contrapeso que existe frente a ellos que, igual que el Presidente en la esfera nacional, son reyezuelos de su circuito, que gozan de inmunidad y un sinfín de prebendas y privilegios. Si se quería frenar el abuso de la revocatoria, habría bastado una sencilla reglamentación del Tribunal Electoral, en vez de una costosa reforma constitucional.
La otra reforma, tendiente a otorgar autonomía financiera al Tribunal Electoral mediante la eliminación del control previo de la Contraloría, también tiene su riesgo. Ese tribunal requiere de adecuado control y contrapeso para evitar que, en malas manos, incurra en abusos y cree su propio nicho de poder omnímodo. Ni la Corte Suprema de Justicia goza de semejante privilegio.
La reelección presidencial inmediata no es deseable en una democracia endeble como la nuestra; a más de que el sistema presidencialista que tenemos concede demasiados poderes al Jefe del Ejecutivo, convirtiéndolo de hecho en un reyezuelo absoluto, ausente de contrapesos, por espacio de cinco años. Sólo la prohibición de reelegirse por los próximos dos períodos, restaura algo del equilibrio perdido por el ejercicio de poderes omnímodos.
La Constitución coloca en manos del Jefe del Ejecutivo, el manejo de la política exterior, la designación de su gabinete, la presidencia de todas las juntas directivas de las entidades estatales, la Comandancia de la Policía, las gobernaciones, la gerencia de entidades autónomas, el nombramiento de magistrados, el otorgamiento de indultos, el manejo del presupuesto y la determinación de la política fiscal, arancelaria y económica de la Nación.
A lo anterior se añade los controles que, a través de la Asamblea Legislativa, ministros, corregidores, representantes, jefes de entidades y consejos municipales, ejercen sobre contratos, concesiones y demás actos del resto del aparato estatal, incrementado con la reversión del Canal.
Sería suicida e irresponsable conceder al Jefe del Ejecutivo, cinco años más de ejercicio de tamaño poder, sin antes crear mecanismos constitucionales que lo contrapesen y limiten su expansión hacia otras esferas públicas y privadas de la vida nacional, a través de su propia persona y de sus más allegados.
La segunda reforma, que eliminaría la revocatoria del mandato de los legisladores, suprimiría el único contrapeso que existe frente a ellos que, igual que el Presidente en la esfera nacional, son reyezuelos de su circuito, que gozan de inmunidad y un sinfín de prebendas y privilegios. Si se quería frenar el abuso de la revocatoria, habría bastado una sencilla reglamentación del Tribunal Electoral, en vez de una costosa reforma constitucional.
La otra reforma, tendiente a otorgar autonomía financiera al Tribunal Electoral mediante la eliminación del control previo de la Contraloría, también tiene su riesgo. Ese tribunal requiere de adecuado control y contrapeso para evitar que, en malas manos, incurra en abusos y cree su propio nicho de poder omnímodo. Ni la Corte Suprema de Justicia goza de semejante privilegio.
